POLÍTICA
24/12/2013 16:35 CET | Actualizado 24/12/2013 16:35 CET

Mato dice estar "muy cómoda" con la reforma de la ley del aborto

EFE

Pese a ser ministra de Sanidad, Ana Mato aún no se había pronunciado sobre el proyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, que presentó el pasado viernes el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

A juicio de la titular de Sanidad, el anteproyecto de ley, que ha recibido decena de rechazos tanto dentro como fuera de España, pretende “garantizar” los derechos de las menores y de los nonatos e intentar ”hacerlo compatible con los derechos de las mujeres”.

Mato, que ha asegurado sentirse “muy cómoda” con cualquiera de las medidas adoptadas por su Gobierno, ha visitado este martes la planta de Pediatría del hospital Río Hortega de Valladolid.

EL PP ACUSA AL PSOE DE RADICAL

Por otro lado, la secretaria nacional de Educación e Igualdad del Partido Popular, Sandra Moneo, ha invitado al PSOE a que abandone "la radicalidad y el enfrentamiento en que se ha asentado" y a que participe "en un debate sosegado, ético y científico" sobre la nueva ley del aborto.

En una entrevista en EsRadio, Moneo ha explicado que el anteproyecto es una "reforma" que recoge el programa electoral del PP y que viene a dar continuidad a lo que este partido hizo la pasada legislatura.

Moneo ha advertido de que España soporta un número de abortos intolerable y que "desde que entró en vigor la ley socialista actualmente vigente se ha venido utilizando el aborto como un método anticonceptivo más".

Según Moneo, lo que se traslada con la ley socialista es que "durante las primeras catorce semanas de embarazo cualquier mujer puede acudir a una clínica y someterse a un aborto y que no pasa absolutamente nada".

"El PSOE se ha encargado de disfrazar bajo el derecho de la mujer lo que simplemente convierte el aborto en un método anticonceptivo más, ignorando que un aborto paraliza una vida", ha dicho Moneo antes de añadir que "esa es una realidad que cualquier país desarrollado tiene que valorar" y en España ya valoró en 1985 el Tribunal Constitucional.

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