Competencia elude acusar de manipulación a las eléctricas protagonistas del tarifazo
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha constatado este martes la existencia de ciertas "circunstancias atípicas" en la subasta eléctrica de diciembre, las mismas que le llevaron a no validarla, aunque ha eludido hablar de manipulación, como sí ha hecho reiteradamente el Gobierno y el ministro de Industria, José Manuel Soria.
En un informe de carácter técnico, la Comisión describe el contexto en que se celebró la puja, marcado por los altos precios, y desgrana diversos elementos y comportamientos por parte de los operadores que no se habían registrado en anteriores subastas.
La CNMC esboza así un contexto que impidió contar con la "suficiente presión competitiva", aunque elude hablar de manipulación o de indicios de ella, precisamente el argumento esgrimido públicamente por algunos miembros del Gobierno para suspender la subasta.
En cualquier caso, advierte de que continúa investigando tanto las circunstancias en que se desarrolló la subasta como el comportamiento de los agentes, ya que el análisis no estará completo hasta que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) le remita la información que le ha solicitado.
Con respecto a la situación del mercado mayorista, la Comisión señala que los precios medios en los días anteriores a la subasta fueron muy superiores a los habituales y que esta tendencia se trasladó "de manera inmediata" a la subasta Cesur.
De hecho, el resultado de la puja fue un 7 % superior a los precios de los mercados a plazo del día anterior y en los días posteriores a la subasta, el mercado mayorista registró un descenso de precios del 14,8%.
También subraya que los factores que elevaron los precios en diciembre, como la baja producción eólica y la baja disponibilidad nuclear, no podían extrapolarse al conjunto del primer trimestre de 2014, como de hecho ocurrió.
Con respecto a las "circunstancias atípicas", la CNMC recupera los argumentos del Gobierno para la suspensión: se produjo menor volumen de oferta del habitual y retiradas tempranas de los ofertantes, entre otros aspectos técnicos.
El pasado 19 de diciembre, la subasta Cesur para el suministro de electricidad a los hogares y empresas acogidos a la tarifa cerró con un encarecimiento del componente energético del 25,6%, lo que, de aplicarse al recibo de la luz, se habría traducido en un encarecimiento superior al 10%.
Ante esta situación, el Gobierno tachó esta subida de la luz de exagerada y pidió a la CNMC que investigara la subasta al considerar que había "una clara manipulación" y "falta de competencia", algo que fue inmediatamente rechazado por las eléctricas.
NO VALIDACIÓN
La respuesta de la Comisión fue la no validación de la subasta, por primera vez desde que se fijó este mecanismo para determinar las revisiones de tarifa, debido a "la concurrencia de circunstancias atípicas y en un contexto de precios elevados en el mercado diario durante las semanas previas".
Esto llevó al Gobierno a anular la subasta, lo que implicó que resultado no se aplicaría en el cálculo de la revisión tarifaria, sino que esta se realizaría mediante un mecanismo creado específicamente para la ocasión.
A este respecto, la CNMC propuso que el encarecimiento de la energía supusiera un alza del recibo de la luz del 1,4 % o el 2,9 %, en función del escenario elegido, al que habría que añadir la subida de la parte regulada.
Finalmente, el Gobierno optó por la fórmula bajista, con una subida de la tarifa media del 2,3% -1,4 % por componente energético y 0,9 % por peajes- durante el primer trimestre, hasta que se defina un nuevo mecanismo que sustituirá a las subastas Cesur.
Este mecanismo, cuyos detalles todavía se desconocen, será trimestral y estará basado en criterios de mercado, según el Ministerio de Industria.
La tarifa eléctrica, a la que están acogidos unos 16 millones de consumidores, se revisa trimestralmente mediante la conjunción de dos elementos: el coste de energía, que hasta ahora se determinaba en la subasta Cesur, y los peajes de acceso, que fija el Gobierno para retribuir las actividades reguladas (transporte, distribución y primas a las renovables, entre otras).
