POLÍTICA
22/01/2014 22:01 CET | Actualizado 22/01/2014 22:01 CET

Aborto en Europa: las restricciones en España hacen temer por los derechos de las mujeres

En Portugal abortar está autorizado hasta las diez semanas de embarazo, frente a las 24 que permiten en el Reino Unido. En Italia es totalmente gratuito, mientras que en Letonia corre a cargo de la mujer. En Irlanda, Polonia y Malta está casi prohibido. Hay casi tantas leyes diferentes sobre el aborto como países en el Viejo continente.

Actualmente el derecho al aborto corre peligro en España por el nuevo proyecto de ley que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy, y en Suiza también se está debatiendo sobre el tema. El próximo 9 de febrero, los helvéticos se pronunciarán mediante referéndum sobre el reembolso de la interrupción voluntaria del embarazo. El texto, elaborado por miembros de varios partidos conservadores, cuestiona el pago de los abortos por parte de la Seguridad Social. Según estos políticos, el aborto es una elección privada que no debe ser financiada por el conjunto de los ciudadanos.

En Francia, no se cuestiona el derecho a abortar, pero sus detractores se están haciendo oír. Al igual que el ministro español de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, “convencido” de que su ley surtirá efectos en Europa, el colectivo “En marche pour la vie” (“En marcha por la vida”) -próximo al colectivo católico contra el matrimonio gay “La Manif pour tous”- desfiló en París el pasado 19 de enero para pedir la abolición del aborto. Por su parte, “Planning Familial” y otras asociaciones organizan el 1 de febrero en París una manifestación en defensa del derecho al aborto en España.

Recopilación de la legislación sobre el aborto en los países europeos:

Si la mayoría conservadora del Parlamento español llega a un acuerdo sobre el texto de ley a pesar de los sondeos desfavorables y de las discordias internas (aparentemente tras las elecciones europeas de mayo de 2014), Francia podría convertirse en el destino privilegiado de las mujeres españolas que deseen abortar.

En Francia, las extranjeras y/o no residentes que soliciten la interrupción voluntaria del embarazo se acogen a las mismas condiciones que las ciudadanas francesas. No obstante, según Danielle Gaudry, ginecóloga y responsable de la comisión de aborto de la organización Planning Familial, los gastos del aborto no corren a cargo del Estado si la intervención practicada en Francia va en contra de la legislación del país de origen de la mujer.

Con la futura ley, una española que desee abortar en un centro público francés, pero cuyo embarazo no sea de riesgo o no sea consecuencia de una violación, deberá pagar la intervención.

LAS FRANCESAS, A REINO UNIDO, EEEUU... Y ESPAÑA

“Planning Familial” estima que 1.300 extranjeras pasan cada año por sus centros para recibir orientación y consejo en un establecimiento francés. En sentido inverso, la asociación evalúa entre 4.000 y 5.000 el número de francesas que traspasan cada año las fronteras para abortar en un país con plazos legales más flexibles que los franceses. La mayoría viaja a los Países Bajos, pero también a Reino Unido, a los Estados Unidos o… a España. Desde 2010, la ley española autoriza el aborto hasta las 14 semanas de embarazo frente a las 12 semanas de Francia.

En Francia, habrá que esperar a que pasen las elecciones municipales de marzo para que la tímida indignación de algunos responsables políticos surta efecto. A partir de abril, la perspectiva de las elecciones europeas ofrecerá la posibilidad de armonizar la legislación europea y la delicada cuestión del “turismo abortivo”. Danielle Gaudry prevé una campaña europea por parte de “Planning familial” para pedir que el derecho al aborto pase a formar parte de la Carta europea de los derechos fundamentales.

Cuando le preguntaron sobre el proyecto de ley del Gobierno español, la ministra de los Derechos de la mujeres y portavoz del Gobierno, Najat Vallaud-Belkacem, hizo referencia a ”un número de lobbies muy conservadores que, en toda Europa, intentan hacer tambalear los derechos fundamentales”. En este contexto, “tendremos que tomar la palabra, pues las elecciones europeas también son la ocasión perfecta para tratar estos temas, las libertades fundamentales”, añadió. “Los lobbies antiabortistas en Europa llevan mucho tiempo intentando que se reconozca al feto como una persona humana”, señala Danielle Gaudry. “Pero desde hace tres o cuatro años, sus movimientos han tomado auge y han logrado movilizar a la gente más allá de sus esferas habituales”.

VACÍO LEGAL EN IRLANDA

Si bien el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya condenó a varios países por no respetar sus propias leyes sobre el aborto, la Unión Europea se resiste a establecer los principios para una armonización entre los países miembros, a pesar de la resolución adoptada en julio de 2000 en la que se recomendaba a los Estados y a los países candidatos conceder el derecho a abortar. Con la condena a Irlanda en diciembre de 2010 por el vacío legal en torno a la cuestión, el Tribunal incluso estimó que Dublín se beneficiaba de un “amplio margen de apreciación”, a falta de “consenso europeo sobre la definición científica y jurídica del comienzo de la vida”.

El pasado 10 de diciembre, 10 días antes de que el Consejo de Ministros adoptara el proyecto de ley español, el Parlamento europeo rechazó un texto que reclamaba el derecho de las mujeres a abortar y a acceder a métodos anticonceptivos independientemente de cuál fuera su país de residencia en Europa. Presentado por una socialista portuguesa, el informe fue denunciado por la extrema derecha y los movimientos antiabortistas.

El mismo día, los diputados europeos prefirieron votar (334 votos a favor, 327 en contra y 35 abstenciones) un texto que reafirmaba la primacía de los Estados en cuestiones como el aborto y la anticoncepción. El nuevo texto deja así libertad a los Estados miembros para definir las políticas relativas a la salud y a la educación. En Malta, un protocolo anexado al tratado de adhesión de Malta a la Unión Europea (en 2004) garantizaba que la legislación europea actual y futura no podría modificar la ley maltesa sobre la interrupción del embarazo.