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14/02/2014 14:27 CET | Actualizado 14/02/2014 15:38 CET

Ley de Propiedad Intelectual: el Gobierno contempla el cobro de editores a agregadores

El Gobierno ha aprobado hoy en Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual (LPI), una reforma parcial del texto vigente que pretende fortalecer la posición de los creadores y facilitar la transición digital de las industrias culturales y creativas.

El Consejo de Ministros dio luz verde hace once meses al anteproyecto de ley para su debate entre los sectores afectados. La aprobación como proyecto de ley es el paso previo a su tramitación parlamentaria.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha reconocido que "evidentemente" esta reforma no solucionará todos los problemas de la piratería, aunque ha explicado que se refuerza el papel de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, que hasta ahora, ha dicho, ha resuelto el 84 % de los expedientes presentados desde su constitución.

ENTIDADES DE GESTIÓN, PIRATERÍA Y COPIA PRIVADA

Según han asegurado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría y José Ignacio Wert, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, esta ley refuerza los mecanismos de supervisión de las entidades de gestión, con mayores garantías de transparencia. De esta forma, se crea un mecanismo de ventanilla única, una entidad de carácter privado para el pago de los derechos de propiedad intelectual en la que tendrán que participar todas las entidades de gestión y que unificará el sistema de pago.

En lo que se refiere a la lucha contra las descargas, el proyecto de ley dota a la Comisión de Propiedad Intelectual de más mecanismos para atacar a quienes no cumplan voluntariamente con los requerimientos de retirada de contenidos vulneradores de los derechos de autor, incluyendo la estrangulación económica de las páginas web infractoras: se incluye la posibilidad de requerir la colaboración de intermediarios de pago electrónico y de publicidad y en caso de incumplimiento reiterado de los requerimientos de retirada de contenidos, podrá imponer sanciones económicas de entre 30.000 y 300.000 euros. La Comisión también podrá pedir al juez de lo contencioso-administrativo el bloqueo técnico de la web.

La ley revisa el concepto de copia privada, que sustituyó al antiguo canon digital. Según el proyecto de ley, permanecen amparadas por el límite de copia privada las reproducciones de CD o DVD comprados y las grabaciones de fuentes de televisión o radio para un visionado o escucha posteriores.

COMPENSACIÓN DE AGREGADORES A EDITORES

Como novedad -no estaba previsto en el anteproyecto- el proyecto de ley también reconoce la llamada popularmente "tasa Google", el derecho de empresas editoras de ser compensadas económicamente por explotación en determinadas circunstancias de sus contenidos. Así, queda abierta la posibilidad de que agregadores como Google News deban compensar a los editores.

La medida, calificada por Wert como pionera, autoriza con carácter general el uso de fragmentos no significativos de contenidos, ya sean informativos, de entretenimiento o formadores de opinión, pero con un "derecho irrenunciable" de una compensación equitativa. La norma adapta el límite de cita o reseña al ámbito de los agregadores de contenidos o buscadores en internet y reconoce el derecho de las empresas editoras y autores de noticias a ser compensadas económicamente por la explotación de sus contenidos.

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