El Congreso adelanta al 8 de abril el 'portazo' a la consulta catalana

El Congreso adelanta al 8 de abril el 'portazo' a la consulta catalana

EFE

El portazo se dará antes de lo esperado. El Congreso ha adelantado al próximo 8 de abril el debate de las tres propuestas presentadas por el Parlamento de Cataluña, los partidos nacionalistas catalanes y 22 diputados de estas formaciones solicitando la transferencia a la Generalitat de la competencia para celebrar la consulta soberanista.

Así lo han indicado a Efe fuentes parlamentarias, que han asegurado que hay acuerdo entre los grupos mayoritarios para que el debate conjunto de estas tres iniciativas se celebre en el primer pleno de abril, y en concreto el martes 8, lo que supone anticipar en varios meses la discusión parlamentaria.

Los diputados discutirán así, en un solo debate, la resolución procedente del Parlament catalán para pedir las competencias para celebrar la consulta, así como las dos iniciativas que los partidos que apoyan el referéndum presentaron como plan B en caso de que el debate de la primera se retrasase hasta después de verano.

De hecho, para que el debate se pueda celebrar el próximo 8 de abril deberá aplazarse la discusión en pleno de otras dos iniciativas procedentes de parlamentos autonómicos -una de Navarra y otra de la Comunidad Valenciana- que están también a la espera, ya que lo habitual es que se discutan por orden de llegada a las Cortes y sólo en los primeros plenos de cada mes.

CONTRA LA PROPUESTA CATALANA

La iniciativa procedente de la Cámara catalana pide al Congreso que, en virtud del artículo 150.2 de la Constitución, transfiera a la Generalitat las competencias de referendos, y así lo reclaman también las otras dos propuestas.

De acuerdo con el reglamento del Congreso, el debate del próximo día 8 de abril comenzará con la lectura del criterio expuesto por el Gobierno en un documento registrado a principios de marzo en contra de la toma en consideración de la propuesta del Parlamento de Cataluña.

El Gobierno hizo uso de su potestad de fijar criterio sobre la propuesta de consulta que, asegura, no cabe en la Constitución y es "meramente especulativa".