El juez Ruz interroga a los cabecillas de la trama Gürtel para cerrar el caso

El juez Ruz interroga a los cabecillas de la trama Gürtel para cerrar el caso

EFE

La investigación judicial está a punto de cerrarse. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz comenzará este miércoles a interrogar a los presuntos cabecillas de la red 'Gürtel' con la declaración del exsecretario de Organización del Partido Popular (PP) de Galicia y número de dos de la trama, Pablo Crespo, informaron fuentes jurídicas.

El magistrado, que quiere cerrar la investigación en los próximos meses, preguntará a Crespo por su vinculación con el presunto cabecilla de la red 'Gürtel', Francisco Correa, que comparecerá el jueves, y por la supuesta relación de los imputados con el exministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos.

En este sentido, Crespo será preguntado si las siglas 'PAC', que aparecen en varios documentos contables de la trama en los que se recoge el reparto de dividendos, corresponden a Paco Álvarez Cascos, como sostiene la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, o bien al propio Paco Correa.

Además del líder del conglomerado empresarial investigado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 interrogará el jueves al responsable de la red en Valencia, Álvaro Pérez, 'el Bigotes'. El viernes finalizarán las declaraciones con el testimonio del contable de la organización, José Luis Izquierdo, al que se incautó el 'pen drive' en el que se detallaba toda la contabilidad B de las empresas de la red 'Gürtel'.

VUELTA A LA AUDIENCIA

Los cuatro comparecientes, que declararon por primera vez en febrero de 2009, cuando la causa estaba secreta por orden del juez Baltasar Garzón, están imputados por los delitos de cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, falsedad y blanqueo de capitales.

El magistrado llevará a cabo estos interrogatorios "en aras a la averiguación de los hechos y presuntos delitos objeto de la presente instrucción, así como para garantizar el correcto desenvolvimiento del derecho de defensa", tal y como recogía en un auto dictado el pasado 11 de marzo.

Según la Fiscalía Anticorrupción, los cuatro imputados, dirigidos por Correa, lideraron entre los años 2000 y 2009 un entramado societario destinado a obtener irregularmente adjudicaciones públicas, fundamentalmente en Madrid y la Comunidad Valenciana, mediante la entrega de "dádivas" a funcionarios y autoridades con "competencia e influencia en esas contrataciones".