POLÍTICA
06/04/2014 12:20 CEST | Actualizado 06/04/2014 21:02 CEST

Las imágenes del desalojo de la Corrala Utopía en Sevilla (FOTOS)

La Policía Nacional ha comenzado este domingo el desalojo de los pisos de la Corrala Utopía en Sevilla, propiedad de una entidad bancaria y que ocupaban una treintena de familias sin recursos desde mayo de 2012.

Con un amplio despliegue policial, el desalojo ha comenzado a las 8.15 de la mañana, cuando los agentes han entrado en el interior del edificio y han indicado a los ocupantes de las viviendas que debían abandonarlas sin que se les haya ofrecido un alojamiento alternativo.

Los vecinos han comenzado a sacar su pertenencias sin se hayan producido incidencias durante la operación, para la que se han desplazado una decena de furgones policiales y se ha cortado parcialmente el tráfico en la zona.

Después, las familias se han encerrado en la Catedral de Sevilla y pretendían mantener el encierro en el templo indefinidamente. Sin embargo, también han sido desalojados de allí.

Una jueza de Sevilla había ordenado el pasado 4 de febrero el desalojo de los pisos, que había sido recurrido por las familias ocupantes y cuya suspensión había solicitado la Junta de Andalucía.

El pasado 5 de marzo el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), acordaron crear una comisión técnica que ofreciera una solución y evitase el desalojo.

LA ORDEN DE DESALOJO

El Juzgado de Instrucción número tres ya había ordenado el desalojo forzoso de las viviendas, dando un plazo para que lo hicieran de forma voluntaria, a cuenta de un presunto delito de usurpación de las mismas y, en un segundo auto, instó a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a que dieran cumplimiento a dicha orden. Este plazo voluntario terminó el 18 de marzo.

Ante esta tesitura, el Grupo de Juristas Independientes 17 de Marzo, que representa al colectivo de familias, elevó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos una demanda contra el Reino de España reclamando la suspensión del auto en el que la juez instaba a las fuerzas de seguridad el cumplimiento de la orden de desalojo.

Los abogados de estas personas avisaban de la violación de los artículos 3, 8 y 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos, relativos a la prohibición de tratos inhumanos o degradantes, el derecho al domicilio que incluye el derecho a una vivienda adecuada y el respeto a la vida privada y familiar.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tras dar curso a la demanda, reclamó a las autoridades involucradas en el conflicto que aclarasen "¿cuáles son las medidas a adoptar en relación a los demandantes, en especial el niño menor de edad de la primera demandante, teniendo en cuenta su situación de vulnerabilidad, para prevenir la violación de los artículos 3 y 8 de la convención?". La institución, así, se interesaba por las "soluciones" y los "plazos".

En su escrito de respuesta, recogido por Europa Press, el Ministerio de Justicia detalló el conflicto desde que en mayo de 2012 fuesen ocupadas las viviendas, dando cuenta de que la entidad bancaria ofrece a estas personas su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias', siendo resuelto el alojamiento de cinco de las familias una vez acreditada "una necesidad real" de vivienda y "riesgos de exclusión social", toda vez que "el resto de familias no han solicitado todavía" la evaluación social necesaria para tal acreditación.