Entra en vigor la Ley de Propiedad Intelectual
La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, con la que se pone en marcha la llamada 'tasa Google' y se pretende buscar una mayor transparencia en las entidades de gestión de los derechos de autor, entrará en vigor en su mayoría hoy 1 de enero.
Tardarán unos pocos días más en aplicarse algunos puntos, como el aumento de las multas para luchar contra la piratería --que se elevan hasta 600.000 euros, mientras que las mínimas pasan de 30.000 a 150.001 euros--, que entra en vigor el día 5 de enero.
El propio texto legislativo refleja que el próximo año tendrá lugar una nueva reforma de más 'amplio calado', tras la aprobación de una nueva directiva europea en la materia y, de hecho, el propio ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, aseguró hace unas semanas que el compromiso del Gobierno es poner en marcha una nueva reforma y más 'profunda' antes de que finalice esta legislatura.
Esta norma no ha encontrado consenso en las cámaras, puesto que fue aprobada definitivamente en el Congreso de los Diputados con el único apoyo del PP. La falta de apoyo de la oposición a la reforma se suma a la del sector cultural, que ha venido manifestando su rechazo en diferentes actos a lo largo de la tramitación parlamentaria.
Durante el trámite parlamentario, representantes del sector cultural han organizado varias concentraciones en protesta por esta ley frente a la Secretaría de Estado de Cultura, con rostros conocidos como Ana Belén y Víctor Manuel, Pilar Bardem o Luis Cobos, entre otros. Además, las entidades de gestión, agrupadas en la asociación Adepi, han enviado una carta a los diputados en la que les piden que no voten la reforma porque, a su juicio, traerá 'graves consecuencias' para el país, que no aprovecha la oferta cultural.
LA 'TASA GOOGLE'
Entre otros temas, esta ley pone en marcha la compensación económica para editores de noticias por la explotación de sus contenidos en el ámbito de los agregadores de noticias en Internet, o la más conocida como 'tasa Google', lo que motivó el cierre de Google News en España el pasado 16 de diciembre.
A favor de la tasa se ha posicionado la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), que asevera que 'el reconocimiento de los derechos que amparan a los editores sobre los contenidos que elaboran sus medios resulta hoy esencial', frente al actual 'statu quo' de Google, que ejerce una 'amenazante posición' de dominio al aprovecharse 'del esfuerzo ajeno'.
Por el contrario, otras asociaciones como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han reiterado su defensa del 'derecho a decidir del empresario' sobre si cobra o no la 'tasa Google', así como la Plataforma por los Derechos de Autor de los Periodistas, que instó al PP a aceptar las enmiendas de la oposición para incluir a periodistas y a fotorreporteros como titulares de los derechos a percibir una remuneración.
Mientras, la Coalición pro Internet, que preside el periodista Arsenio Escolar, encargó a Analistas Financieros Internacionales (AFI) un estudio del que se desprendía que la implantación de la 'tasa Google' tendría un impacto negativo de 1.133 millones de euros al año para los cerca de 17 millones de internautas españoles que consultan medios de comunicación 'on line'.
COPIA PRIVADA
Uno de los temas que más han criticado las entidades de gestión es la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), un sistema que consideran injusto puesto que involucra a toda la sociedad, pero también insuficiente, porque la cantidad destinada es mucho menor que la obtenida con el canon. De hecho, las entidades de gestión han afirmado en diversas ocasiones que están dispuestas a tomar medidas 'judiciales' al respecto.
A esto se suma la decisión del Tribunal Supremo, que acordó el pasado 18 de septiembre preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si este nuevo sistema de compensación se ajusta a la legislación europea. En caso afirmativo, cuestionará si la cantidad total destinada a la compensación, 'aún siendo calculada con base en el perjuicio efectivamente causado, debe fijarse dentro de los límites presupuestarios establecidos en cada ejercicio'.
Respecto a las entidades de gestión de derechos de autor, la LPI establece obligaciones a éstas para mejorar la identificación y localización de los titulares de derechos a quien deben realizar los pagos. Asimismo, se crea un mecanismo de ventanilla única como medio de facturación y pago, para lo que se obliga a estas entidades a nombrar a una persona jurídica privada, encargada de centralizar estas operaciones.
Por otro lado, se limita a diez el máximo que se puede reproducir una obra en el ámbito científico y académico, tal y como solicitaron colectivos como CEDRO y la CRUE, con el fin de aclarar qué es lo que se puede reproducir.
Asimismo, se ha incorporado la transposición de una directiva europea sobre derechos de alquiler y préstamo de libros 'para aclarar qué es el préstamo de libros' y evitar que 'bibliotecas públicas cobren por coger prestado un libro'.
