Sara González consigue dar un giro a su caso para evitar entrar en la cárcel por una multa de 1.400 euros
Sara González se ha hecho famosa pero a ella le da "vergüenza" y le genera "ansiedad". "No es lo mismo que salgas en la tele por algo bueno que por esto, encima por un error". Con "esto", González, valenciana de 29 años, se refiere a su posible e inminente entrada en prisión por haber usado un DNI y una cartilla, que encontró en una cartera debajo de un coche, para comprar cuatro móviles, revenderlos, y con el dinero, comprar la comida que ingería de manera compulsiva. Aquello fue en 2009, cuando tenía anorexia y bulimia, y una adicción a la cocaína y al alcohol. Ahora, cinco años después, lo que tiene son dos hijas, una de tres años y otra de apenas mes y medio, y la esperanza de que su completa rehabilitación y reinserción le ayuden a evitar entrar en la cárcel. Después de pelear por su libertad "con una de cal y otra de arena", un giro inesperado y un nuevo abogado le permiten ver cerca el fin de seis años "muy amargos".
El "error" al que hacía referencia en realidad son varios. A Sara González la condenaron por un delito de falsificación de identidad a un año y nueve meses de cárcel, y por otro de estafa, a seis de prisión. La primera pena fue suspendida porque no tenía antecedentes y porque la condenada pagó todas las indemnizaciones que se le exigieron. La segunda condena fue sustituida por una multa de 1.400 euros. Su primer abogado, según cuenta ella misma, le dijo que no se preocupase, que él gestionaría su declaración de insolvencia y no tenía que pagar nada. Cuando se enteró de que esto no era así y trató de cumplir con la multa, el juzgado le dijo que estaba fuera de plazo y debía por lo tanto cumplir su condena.
Su segundo abogado presentó un recurso. Solicitó la suspensión de la entrada en prisión y un indulto para corregir lo que en su escrito al Juzgado de lo Penal de Valencia describió como "una muy segura negligencia profesional" de su colega de profesión. Insistía en la situación personal de su defendida "con toda su vida ya rehecha", y cuestionaba algunas razones que el juez esgrimió para denegarle la suspensión de la pena hasta que el Ministerio de Justicia tomase su decisión sobre el indulto. Donde el magistrado había escrito "no consta que su actual situación familiar no fuera provocada para eludir la aplicación de la justicia" -sugiriendo que había tenido a su segunda hija para librarse de la cárcel-, el abogado le respondía "sin comentarios, aunque si no le consta, no debiera computarse para denegar sino para conceder, creemos".
El juez se justificaba también en que "siendo que además el poder ejecutivo se vanagloria públicamente de que tan solo otorga un 1% de las solicitudes", y que "en este periodo inmediatamente anterior a diversas convocatorias electorales" y "dado el descrédito existente en la sociedad ante el otorgamiento de los indultos, (...) razonablemente, no se le concederá". Como le recordó la defensa, lo que la sociedad rechaza son los indultos concedidos a "personas próximas al poder ejecutivo y por asuntos de corrupción y económicos".
UN GIRO DECISIVO EN LA DEFENSA
Tanto el primero como el segundo abogado no vieron, sin embargo, "un problema básico", y es que "ella, durante el momento en que comete los delitos, presenta un cuadro grave de adicción a la cocaína", como atestiguan informes médicos que confirman también su posterior desintoxicación. "Hablan tonterías [los anteriores letrados]. Que es madre de familia, que está en el paro, que cuida a toda su familia. ¿Y qué? Eso no tiene base legal. La base legal es que durante la comisión del delito era drogadicta. Ya está", según Jorge Albertini, el tercero que se ocupa del caso. El artículo 87 del Código Penal, como señala, establece que la dependencia de sustancias y la posterior deshabituación son eximentes de responsabilidad penal para penas privativas de libertad no superiores a tres años.
"Las cosas claras, esta señora cometió un delito. ¿Está condenada de forma correcta? Sí. ¿Debe ingresar en prisión? Yo pienso que si fuera reincidente sí debiera ingresar, pero en el caso de ella no. Ha sido un delito en concreto porque era una enferma, una drogadicta. ¿A día de hoy lo es? No lo es", resume Albertini, convencido de que su defendida evitará la cárcel cuando presente al juez "el cuerpo legal" que hasta ahora ninguno de los anteriores letrados ha ofrecido. "Claro, el juzgado debe estar cansado de que se le envíen solicitudes que no tienen base legal, que son infértiles. Yo no te puedo estar solicitando algo cuando no tengo razón. El juez no puede prevaricar, simplemente diciendo que es una madre de familia. Esto legalmente no tiene validez". Igual que la insistencia de las otras defensas en la bulimia, que pudo influir en el delito, pero "jurídicamente es un valor nulo, y el resultado está ahí".
"Yo no estoy diciendo que yo no haya cometido un error, yo lo afirmo, pero yo he pagado. Siempre que me lo han dicho he pagado. Yo no me he escondido ni me he fugado. Yo he pagado. Lo que pasa es que me lo han devuelto por estar fuera de plazo por no habérmelo comunicado. Yo he estado ahí siempre. Pero personas que roban, en la política... ¿Dónde está la justicia?", se pregunta González entre la ira y la impotencia.
La semana pasada, cuando el caso saltó a la prensa, contaba que con el apoyo recibido estaba "muy contenta". Además de salir en los medios, una petición de su madre en Change.org lleva más de 165.000 apoyos y el PSOE ha exigido al Gobierno su indulto. "De sentirte sola a ver que tanta gente está firmando... es que realmente es una injusticia. Jolines, ya está bien, que quiero descansar, quiero vivir". Pese a las noches de derrumbe cuando las niñas están ya dormidas, el miércoles 11 de enero estaba muy feliz porque tenía a su hija pequeña en brazos por primera vez después de cuatro días en que había estado ingresada en la unidad de neonatos con neumonía, y no paraba de repetir que tenía mucha fe.
Su caso ha dado un gran giro. Emilia Soria, una madre también en una situación desesperada cuya historia fue muy conocida -se encontró una cartera con tarjetas de crédito que usó para comprar pañales y comida para su hijos, y después de mucho luchar consiguió el indulto- vio lo que le estaba pasando a Sara González. Sin conocerla, consiguió su número de teléfono y le puso en contacto con su abogado, Jorge Albertini. Este letrado, conocido de los platós de televisión, se ha hecho cargo del caso gratis.
"He superado mi enfermedad al 100%, yo ahora estoy curada y tengo conmigo lo más valioso en el mundo, que son mis dos hijas. Y a seguir palante como una madre fuerte", dice ella convencida de que su fe no la defraudará. Albertini, pragmático, ve claro que el desenlace está al caer -calcula que en unas dos semanas puede estar resuelto- y González podrá seguir dedicándose como ahora a sus niñas: "No soy optimista, soy objetivo. Y en este caso, si somos objetivos, la ley nos da la facultad de que esta muchacha salga bien".
