La Agencia Tributaria compara los pagos en 'B' al PP con los donativos a Cáritas

La Agencia Tributaria compara los pagos en 'B' al PP con los donativos a Cáritas

EFE

La Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz un documento en el que afirma que las donaciones realizadas al PP en el ejercicio 2008, como entidad sin ánimo de lucro, están exentas de tributación al haber quedado "acreditado" que destinó los fondos obtenidos al objeto principal del partido y, por tanto, no aprecia delito fiscal.

Según la Agencia Tributaria, las donaciones a entidades sin ánimo de lucro "siempre" han estado exentas, y añade que el único requisito legal para la aplicación de la exención es que los fondos se dediquen al objeto principal de la entidad sin ánimo de lucro. Este uso habría quedado "acreditado" en este caso, a su juicio. No estarían exentas las donaciones privadas que se desviaran del fin propio de la entidad, como cuando se considere una asociación ilícita o bien una entidad con fines lucrativos y, por ejemplo, reparta dividendos a sus afiliados, pero sí aquellas destinadas a entidades sin ánimo de lucro, "como puede ser un partido, Cáritas o la Cruz Roja", cuyo beneficiario de la exención "es el conjunto de la sociedad".

Para la Agencia Tributaria, habría quedado acreditado que las donaciones que recibió el PP fueron a fines propios de un partido político, como es el caso del pago de actos electorales, obras en inmuebles del partido, etc., cumpliendo, "con independencia de su origen", con el fin de interés general, "bien jurídico protegido por la exención fiscal".

Además, según el organismo, para el donatario, en este caso el PP, siempre que se tratara de una donación ilegal, supondría en todo caso una infracción administrativa a sancionar por el Tribunal de Cuentas.

Por ello, la Agencia Tributaria estima que la reacción jurídica no es en el ámbito tributario, y pone como ejemplo que si un empresario dona 400.000 euros de dinero negro a Cáritas y esta entidad da de comer a 1.000 niños con ello, es decir, lo destina a su fin, el ordenamiento tributario no reacciona determinando que la ONG haya cometido delito fiscal por no tratarse esa donación como ingreso tributario. En cambio, el empresario que hubiera donado esta cantidad de dinero negro no podría gozar de las deducciones fiscales de la ley de mecenazgo y supondría un indicio de obtención de rentas no declaradas.

SIMULACIONES FICTICIAS

En la primera, suma como ingresos los 888.000 euros de donaciones presuntamente irregulares que recibió el PP en 2008, pero no incluye los posibles gastos deducibles a que pudiera tener derecho, también de acuerdo con las anotaciones de Bárcenas, por importe de 1.646.710 euros, ni tampoco aquellos otros gastos derivados del funcionamiento del partido. Bajo esta premisa, estima que la cuota dejada de ingresar por el Impuesto de Sociedades habría ascendido a 220.167,04 euros y, por tanto, el PP habría cometido delito fiscal.

En cambio, en la segunda simulación que realizan los funcionarios de la Agencia Tributaria, los ingresos son los mismos (888.000 euros de supuestas donaciones irregulares), tampoco se consideran los gastos deducibles de acuerdo con las anotaciones de Bárcenas, pero sí aquellos otros realizados por el PP, con lo que la cuota dejada de ingresar se rebajaría hasta los 25.630,03 euros, en este caso por debajo de los 120.000 euros que marcan el delito fiscal.

EL PP PIDE A SÁNCHEZ QUE SE DISCULPE

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha exigido al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que pida "perdón" a los funcionarios de la Agencia Tributaria por cuestionar su labor profesional y su independencia en el caso Gürtel y presionar a los técnicos y al juez en todo el procedimiento.

En declaraciones en el Congreso, Hernando ha acusado a Sánchez de "lenguaraz" por poner en duda la fiabilidad del informe de los peritos. A su juicio, éste ratifica que el PP no tenía la obligación de tributar por esas donaciones, a diferencia de lo que argumenta el PSOE, que cree que el partido ha podido cometer un delito fiscal de 220.000 euros.