El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid triplica la tasa de alcoholemia

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid triplica la tasa de alcoholemia

EFE

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid, Jesús Presencio, triplicó la tasa de alcoholemia permitida en un control que se el realizó en la ciudad en la noche del domingo al lunes.

Presencio alcanzó los 0,80 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, con lo que triplicó la tasa permitida (0,25 mg/l).

Los hechos se produjeron anoche en la puerta de su domicilio, en Valladolid, después de que la Guardia Civil de la localidad vallisoletano de Medina de Rioseco alertara a la Policía Local de la capital de que un vehículo había salido del municipio conducido por una persona en evidente estado de embriaguez.

Tras realizarle las pruebas de alcoholemia, con un resultado que triplicaba la tasa permitida, el concejal solicitó que le realizaran las pruebas en sangre, por lo que fue trasladado a un centro hospitalario, donde se las practicaron, sin que hayan trascendido aún los resultados, según las mismas fuentes municipales.

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid, Manuel Saravia, ha defendido la actuación de la Policía Local de personarse en el domicilio de Presencio, ya que así lo establece el protocolo de actuación.

Saravia ha detallado que cuando la Guardia Civil aporta una matrícula relacionada con alguna supuesta infracción se comprueba dónde está domiciliado el vehículo y los agentes se personan allí para esperar la llegada.

Preguntado por las consecuencias políticas que puede tener este episodio, Saravia ha preferido esperar a conocer la versión y las explicaciones del concejal.

El Código Penal establece para un caso como el de Presencio, como supuesto autor de un delito contra la seguridad del tráfico, sanciones que abarcan la pena de prisión de tres a seis meses, o la de multa de seis a doce meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de entre uno y cuatro años, según consta en la norma penal.

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