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11/11/2015 12:57 CET | Actualizado 11/11/2015 13:37 CET

El Gobierno recurre la moción y señala a la cúpula de la Generalitat y del Parlament

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho este miércoles que el recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar la resolución independentista no es sólo una reacción ante una iniciativa de un parlamento autonómico, sino "de la defensa de todo un país". "Ofrecen acabar con la democracia y el estado de derecho. Y eso yo no lo voy a permitir".

La más que previsible admisión a trámite del recurso del Gobierno por parte del alto tribunal supondría la suspensión inmediata de la resolución del Parlamento catalán y de todos sus efectos, según establece la Constitución española.

En una comparecencia ante los medios de comunicación en el palacio de la Moncloa tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que ha aprobado presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional, Rajoy ha expresado su deseo de que la presentación de este recurso sea el último paso que tenga que dar el Ejecutivo relacionado con la independencia de Cataluña: "A mí me gustaría que el último paso que tuviera que dar el Gobierno es el que hemos tomado hoy, que hubiera una rectificación por parte de las personas que han creado este problema, y que son algunos dirigentes políticos de Cataluña".

Rajoy ha señalado que se ha limitado a cumplir con su responsabilidad y ha expresado su predisposición a hablar “de lo que sea” excepto de la unidad de España, de su soberanía y del cumplimiento de las leyes, que son elementos intocables. “La soberanía no se puede dividir ni fragmentar”, ha zanjado. En cualquier caso, ha insistido en que no aceptará "que unos señores liquiden las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos" y que actuará "con firmeza" y con "proporcionalidad" para evitarlo.

CON ACUSE DE RECIBO

El Ejecutivo ha pedido de forma específica en el recurso, de 21 páginas, que sea comunicado a la presidenta del Parlament de Catalunya, Carma Forcadell, al presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, y a otros 19 altos cargos entre miembros de la Mesa y consejeros del Gobierno catalán. En caso de incumplir la resolución podrían ser acusados de desobediencia y suspendidos de sus funciones. "No puedo aceptar que haya gobernantes que digan que ellos no van cumplir la ley", ha abundado Rajoy, quien ha avanzado que este sábado visitará Barcelona.

También solicita que se haga extensiva esa advertencia a quien resulte elegido presidente de la Generalitat en el proceso de investidura que está en marcha en el Parlament catalán y a quienes sean designados consellers.

“Sin respeto a la ley, cualquier poder, cualquier Gobierno pierde su legitimación", ha proseguido. En opinión del del Ejecutivo, esta resolución pretende devolver al país "a la arbitrariedad del poder y retroceder a otros tiempos que la España constitucional ha dejado atrás definitivamente".

LAS COMPETENCIAS, CLARAS

Preguntado si el recurso del Gobierno pide la suspensión de toda la capacidad legislativa del Parlament en el caso de incumpla las decisiones del TC, el presidente del Gobierno ha señalado que es una decisión que tendrá que tomar el Tribunal.

Ha precisado que lo que solicita el Ejecutivo es que suspenda la resolución y ha destacado que un Parlamento puede aprobar evidentemente "las leyes y las resoluciones que estime oportuno" pero en su ámbito de competencias, cosa que no ocurre con la Cámara catalana.

"Es un recurso -ha insistido- contra una resolución que pretende liquidar la unidad de España y que anuncia la presentación de unas leyes vulnerando absolutamente lo que dice la Constitución".

El Pleno del Tribunal Constitucional se reunirá este miércoles a las 16.30 horas para estudiar la admisión a trámite del recurso presentado por la abogada general del Estado, Marta Silva, en el Tribunal Constitucional. El Gobierno expone en su recurso que la resolución del Parlament catalán tiene carácter jurídico además de su "marcado carácter político" dado que reconoce la soberanía de Cataluña, atribuye al Parlament poder constituyente y expresa un compromiso de no supeditar el proceso a las decisiones del Estado español y de su ordenamiento jurídico.

Como argumento de peso, apunta que la resolución ahora aprobada coincide con elementos de la declaración de 2013, que ya fue declarada inconstitucional.

El Gobierno sostiene que la declaración del Parlament supone declarar que el pueblo catalán es depositario de una soberanía nacional distinta a la del pueblo español, lo que vulnera "frontalmente y de forma expresa" el artículo 1.2 de la Constitución.

De igual forma sostiene que resolución aprobada vulnera "el deber de lealtad constitucional", que obliga a acatar las reglas del juego político y el orden jurídico existente y a no intentar cambiarlas por medios ilegales.

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