Madrid Arena: las claves del juicio de la tragedia
El juicio por la tragedia del Madrid Arena arranca este martes con el comienzo de las sesiones de la vista oral con el empresario y organizador de la fiesta, Miguel Ángel Flores como principal imputado por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y treinta delitos de lesiones por imprudencia.
Flores tendrá que responder sobre la fiesta de Halloween celebrada en el citado recinto municipal, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, en la que murieron cinco jóvenes tras sobrepasarse el aforo permitido.
En la madrugada del 1 de noviembre de 2012, Katia Esteban, Rocío Oña y Cristina Arce, las tres de 18 años, fallecieron como consecuencia de la avalancha que se produjo en el interior de uno de los vomitorios del Madrid Arena por sobreaforo. Otras dos jóvenes, Teresa Alonso, de 20 años, y Belén Langdon, de 17, tuvieron que ser ingresadas en estado grave y murieron poco después.
Tal y como recoge el escrito definitivo del juez Eduardo López-Palop, se produjo un "exceso de aforo" en el recinto, cuya capacidad es de 10.620 personas mientras que para la fiesta se llegaron a vender en torno a 23.000 entradas.
Así, se asegura en el auto que "la pista central del espacio se encontraba no solamente saturada, sino en una situación de aglomeración y contacto físico entre las personas, que las impedía desplazarse en la dirección deseada, situación de angustia para muchas de ellas".
A ello se añade el hecho de que se metiera "de golpe" a 3.000 personas a la pista central para disfrutar de la sesión del dj Steve Aoki.
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Banquillo de los acusados en la sala 0 de la Audiencia Provincial de Madrid
Junto a Flores están acusados:
- El exinspector jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo.
- El director general de Diviertt, empresa organizadora de la fiesta, Santiago Rojo Buendía.
- El jefe de personal de la misma Miguel Ángel Morcillo Pedregal.
- El exjefe de Seguridad de Madrid Destino, Rafael Pastor Martín.
- El excoordinador de operaciones y proyectos de Madrid Espacios y Congresos (Madridec), Francisco del Amo López.
- El que fuera jefe de Operaciones de Madridec, José Ruíz Ayuso.
- Los coordinadores jefes de Seguriber Juan José París Nalda y Raúl Monterde.
- El jefe de equipo de esta compañía, José Antonio Díaz Romero.
- Los socios de Control 34 Carlos Manzanares y Emilio Belliard.
- Los médicos Simón Viñals Pérez y Carlos Viñals Larruga -padre e hijo respectivamente--, al frente de los servicios médicos la noche de los hechos, están acusados por realizar "insuficientes y deficientes compresiones torácias" sobre dos de las fallecidas a la vez que "omitieron varias de las actuaciones indicadas para una reanimación cardiopulmonar de calidad".
El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero Klink y el fiscal jefe provincial, José Javier Polo (ambos de pie).
Se personarán siete acusaciones particulares y dos populares (Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid y el sindicato Manos Limpias).
Las peticiones de condena del fiscal oscilan entre los cuatro años y los dos años y medios de prisión.
La Fiscalía Superior de Madrid ha defendido que la pena de cuatro años de prisión a la que se enfrenta el promotor y empresario, Miguel Ángel Flores es "la máxima que permite la Ley" al tratarse de una imprudencia.
Así, el fiscal imputa a Flores cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y dieciséis de lesiones, por lo que pide una pena de cuatro años de prisión y seis años de inhabilitación, "la pena máxima que permite el Código Penal".
Cuando se trata de delitos por imprudencia, como sucede en este caso en el que murieron cinco jóvenes, la Ley establece una única pena, es decir, se castiga un conjunto de delitos, ha asegurado Polo. "El Código Penal no deja otra opción", ha añadido.
Otra cosa sería si se tratase de delitos dolosos, ha aseverado el fiscal, pero en el caso del Madrid Arena, la omisión de los acusados produce un conjunto de delitos, de ahí que la pena sea genérica.
Los médicos que trataron a las jóvenes en estado grave se enfrentan a penas de 2 años y 6 meses de prisión.
Las indemnizaciones que el fiscal reclama van de los 243.587 euros de las familias de las fallecidas a los 259 euros de uno de los heridos.
La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella
No hay ningún político procesado. No se espera que el desarrollo del juicio ni el veredicto pueda acarrear consecuencias relevantes a dirigentes políticos, pese a que Ana Botella vivió con el Madrid Arena su mayor crisis institucional siendo alcaldesa de la ciudad.
A las diversas negligencias destapadas durante los días siguientes al suceso (hubo exceso de aforo, no había suficiente personal sanitario y se permitió un botellón multitudinario en los aledaños al pabellón), se sumaron los dos viajes que, horas después de la tragedia, Botella realizó a Portugal, donde se hospedó en un lujoso hotel con spa junto a su marido.
"Cumplí en todo momento con mis obligaciones como alcaldesa, aquí y allí. Si hubo gente a la que le pareció mal o le dolió, está claro que entonces me equivoqué", reconoció meses después en una entrevista concedida al diario ABC, donde aseguró que, aunque "fue durísimo", nunca pensó "en dimitir".
A quienes sí les costó el puesto fue, por este orden, a Pedro Calvo, concejal de Economía y presidente de Madrid Espacios y Congresos; al vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva; y a quien fuera consejero de Seguridad durante la tragedia, Antonio de Guindos. Tanto Calvo como De Guindos fueron imputados por el juez instructor de la causa y posteriormente exculpados.
Las familias siempre han criticado la falta de responsabilidades políticas.
El principal acusado, el promotor del evento Miguel Ángel Flores, basará su estrategia en negar que se hubiese superado el aforo del pabellón.
Y que, en caso de que se hubiera producido, no existió ninguna relación causa efecto con la muerte de las cinco jóvenes. Y eso sin contar con un escrito de defensa, una acción que según las fuentes se traduce en la negación total de los hechos, o lo que es lo mismo, que Flores se considera totalmente inocente.
La causa tendrá lugar finalmente en la sección séptima de la Audiencia Provincial a pesar de que en un principio se calculó que iba a tener que trasladarse a otro edificio por la falta de espacio.
De este modo, se celebrarán sesiones en la 'sala Cero' de la Audiencia Provincial todos los martes, miércoles y jueves hasta el día 4 de febrero para el interrogatorio de los acusados y las cuestiones previas. A partir del 9 de febrero está previsto que comience la prueba testifical, a la que acudirán más de un centenar de testigos.
Flores será el primero en declarar, previsiblemente en la segunda o tercera jornada del juicio, que se inicia el martes con las cuestiones previas. Le seguirán los catorce acusados restantes hasta el 9 de febrero, en sesiones de mañana los martes, miércoles y viernes de cada semana.
Después se dará paso al visionado de los vídeos y a la declaración de testigos
16 familiares de las víctimas, 30 lesionados, 21 asistentes al evento que no sufrieron lesiones, 13 policías nacionales y 15 agentes municipales.
La lista la completan seis empleados de Seguriber, cinco de Kontrol 34, tres del equipo médico, siete de Samur, seis de Madridec y dos personas más. Después será el turno de los peritos y pruebas documentales.
Tras 38 meses y 11 días las familias de las cinco chicas reclaman justicia.
Isabel de la Fuente, madre de una de las fallecidas, está convencida de que su hija "no tendría por qué estar muerta si todos hubieran hecho bien su trabajo" y manifiesta, en declaraciones a Efe, que tanto el Ayuntamiento de Madrid, la empresa municipal Madridec como la empresa Seguriber, la Policía Municipal y el promotor Miguel Ángel Flores tiene su parte alícuota de culpa.
"La avaricia de unos y la dejación de funciones de otros provocó cinco muertes que nunca tendrían que haberse producido", lamenta.
Pese a que considera que las penas que ha pedido la Fiscalía (cuatro años de cárcel para Flores, dos y medio para los dos médicos y tres para los otros trece acusados) son "un insulto y una ridiculez", confía en que los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid se atengan a las peticiones que han pedido las cinco acusaciones particulares de cada familia que solicitan cuatro años por cada una de las muertes y ha anunciado que si no les convence la sentencia, recurrirán.
Algunos familiares de las víctimas, como la madre de Cristina de la Fuente, no han cesado de recoger firmas en Change.org para exigir el cierre del pabellón.
La hermana de Cristina también ha tuiteado pidiendo justicia con el hashtag #TodosalaCarcel
