El déficit público acabó en 2015 en más del 5% del PIB, por encima de lo pactado con la UE
Esta noticia no va a gustar en Bruselas.El déficit público alcanzó en 2015 los 56.061 millones de euros, lo que representa el 5,16% del PIB, casi un punto por encima del objetivo del 4,2% pactado con Bruselas-
Si se incluyen las ayudas a la banca, que según el organismo estadístico alcanzaron los 547 millones en 2015, el déficit del conjunto de las administraciones públicas se elevó el pasado año hasta el 5,23% del PIB y sumó un total de 56.608 millones de euros, si bien dichas ayudas no computan en el procedimiento de déficit excesivo.
El Gobierno ha explicado que esta desviación del déficit con respecto al objetivo del 4,2%, lo que supone un gasto que supera en más de 10.000 millones lo estimado, se debe al mayor déficit que va a registrar tanto la Seguridad Social como las comunidades autónomas, que verán superados con creces sus objetivos del 0,6% y del 0,7%, respectivamente.
En cambio, la Administración Central cumplirá su objetivo de déficit del 2,9% y los ayuntamientos mejorarán el equilibrio previsto, obteniendo un ligero superávit en sus cuentas.
Parte del desvío del déficit de 2015 se explica, según el Gobierno, por partidas presupuestarias excepcionales que no volverán a repetirse este año. En concreto, apunta el pago del tratamiento de la hepatitis C, que se elevó a 1.090 millones de euros, además de otros cerca de 2.000 millones que afloraron en Cataluña tras la construcción de una prisión y otros 200 millones de un tranvía en Aragón. Estos gastos ya explican por sí solos alrededor de un tercio de la desviación del déficit.
Ya el pasado mes de octubre el Gobierno notificó a Bruselas una revisión de dos décimas al alza del objetivo comprometido, hasta el 4,4% del PIB.
No obstante, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, adelantó en febrero que el déficit se había situado el año pasado en el 4,5% del PIB.
De acuerdo con la cifras remitidas por el Ejecutivo a Bruselas el 15 de octubre, el déficit del conjunto de las administraciones públicas sería de 47.614 millones de euros, equivalentes al 4,4% del PIB (calculado con un PIB de 1.080.217 millones).
EL DOCUMENTO A BRUSELAS
Según el documento, el alza general es consecuencia de la desviación de casi cuatro décimas del déficit de la Seguridad Social (10.777 millones, equivalentes al 0,99% del PIB, frente al 0,6% comprometido) y de tres décimas en el caso de las comunidades autónomas (11.012 millones, equivalentes al 1,01% del PIB, frente al 0,7% anterior).
Dicha desviación es compensada en parte por el mejor desempeño de la administración central, con un déficit de 29.946 millones, equivalentes al 2,77% del PIB frente al objetivo previo del 2,9%, pero sobre todo por el superávit de casi cuatro décimas de las corporaciones locales (0,38% del PIB).
La administración local tenía como objetivo mantenerse en equilibrio presupuestario, pero según los cálculos revisados y notificados a Bruselas tendría un superávit de 4.121 millones, por debajo de los cerca de 6.000 millones logrados el año anterior.
La notificación de octubre a Bruselas no se hizo pública hasta el pasado 17 de febrero, cuando al conocerse el nivel de deuda al cierre de 2015 el Ministerio de Economía informó de que había quedado por debajo del último objetivo remitido a la Comisión Europea, un documento que corregía al alza las cifras de deuda y déficit programadas para el último año.
MÁS CONTROL
La Comisión Delegada de Asuntos Económicos abordará este jueves las medidas de ajuste reclamadas por Bruselas que deberán aplicar las autonomías. Las fuentes consultadas explican que no se trata de un plan de recortes, sino de "eficiencia" en el gasto y teniendo en cuenta que se aplicará en un entorno de aumento de los ingresos por el crecimiento económico. A lo que se sumará el hecho de que las CCAA se repartirán más de 7.000 millones del excedente de ingresos de la liquidación del ejercicio 2014.
En este sentido, explican que se aumentarán los grados de control a las CCAA, exigiéndoles un "paso más" en la transparencia de los datos de sus cuentas y a la vez se aplicarán medidas coercitivas que hasta ahora no se habían llevado a la práctica, pero que están recogidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y en la Regla de Gasto. Es decir, que se trata de establecer nuevas condicionalidades en los pagos que realice la Administración Central a las autonomías.
El Ejecutivo tiene en cuenta también que el pasado ejercicio hubo elecciones autonómicas y tras el cambio en los gobiernos de muchas CCAA, algunas de éstas no han podido aprobar aún sus presupuestos y otras lo han hecho con retraso.
Y todo esto después de que Rajoy hiciera del 'déficit' uno de sus bastiones políticos...
