Catorce detenidos por el presunto sobrecoste de 82 millones en obras de AVE en Barcelona
La Guardia Civil ha detenido este martes a catorce personas en el marco de una operación por el presunto sobrecoste de más de 82 millones de euros en tres obras de la línea de Alta Velocidad (AVE) en Barcelona, en la zona de la estación de La Sagrera.
En el marco de la operación también se realizaron registros en quince domicilios en Barcelona y Madrid, tanto particulares como sedes profesionales de los diversos entes públicos y privados que participan en las obras, informó este martes la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado.
Los catorce detenidos son empleados de las empresas que, según la Fiscalía, han tenido un papel relevante en la ejecución y certificación de las obras que están siendo investigadas.
El Juzgado de Instrucción 26 de Barcelona es el encargado de dirigir la operación, a partir de una querella de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, que tiene su origen en una investigación abierta en noviembre de 2014, tras recibir una denuncia presentada por el presidente de Adif.
Esta denuncia, presentada por Adif a la Fiscalía, manifestaba que en tres obras del AVE la zona de la nueva estación barcelonesa se habían detectado dobles mediciones que reflejaban diferencias sustanciales entre la obra certificada como realizada y la que en realidad se había ejecutado.
De esta forma, presuntamente se emitieron reiterada e intencionadamente sucesivas certificaciones de obra con importes muy superiores a los trabajos que en realidad realizaron las empresas contratistas. La denuncia de Adif cuantifica el cobrecoste total de las tres obras en más de 82 millones.
Los tres proyectos son la construcción de los accesos a la estación, la ejecución de la estructura de la esa estación, y la de la plataforma de la línea de Alta Velocidad en el sector Sant Andreu, en el tramo La Sagrera-Nus de la Trinitat.
"INDICIOS SÓLIDOS"
La Fiscalía ve indicios de que en la trama no sólo han participado funcionarios directamente relacionados con las obras, sino también diferentes empleados de empresas privadas colaboradoras, y directivos de las empresas contratistas beneficiadas por el desvío de dinero público.
La Fiscalía ve "indicios sólidos" de que el falseamiento de las certificaciones de obra respondía a la intención de favorecer indebidamente a las empresas contratistas, que presuntamente habían estado percibiendo de este modo sumas de dinero muy superiores a las que realmente les correspondía recibir.
