El Gobierno pide a la Abogacía que actúe tras el desacato del Parlament al TC
El Gobierno decidirá el próximo viernes presentar ante el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución contra la resolución del Parlamento de Cataluña que ha aprobado las conclusiones del denominado proceso constituyente y que abren una vía unilateral a la independencia.
Tras la aprobación esta mañana de esas conclusiones, la Comisión General de secretarios de Estado y de subsecretarios ha celebrado una reunión en la que ha estudiado elevar al Consejo de Ministros del próximo viernes un acuerdo por el que se autoriza a la Abogacía del Estado a presentar ante el TC ese incidente de ejecución.
Fuentes del Gobierno han informado de esa decisión y de que el jefe del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, se ha puesto en contacto con los líderes de otros partidos para informarles de la actuación del Gobierno ante lo que considera que es "un nuevo desafío a la legalidad y el orden constitucional".
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha considerado que hay "unidad democrática, voluntad política y mecanismos judiciales suficientes" para hacer frente a la resolución adoptada por el Parlamento de Cataluña y "proteger los derechos de todos".
La vicepresidenta ha garantizado que el Gobierno seguirá actuando para cumplir su compromiso de "no dejar pasar ni una" ante el desafío soberanista.
LEGITIMIDAD PARA EL PROCESO
Las fuentes del Ejecutivo han subrayado que en la resolución aprobada este miércoles por el Parlament se señala que el pueblo de Cataluña tiene legitimidad para comenzar un proceso constituyente propio que constara de tres fases.
Una primera de proceso participativo, una segunda de desconexión con el Estado y convocatoria de unas elecciones constituyentes que conformara una Asamblea Constituyente que redactara un proyecto de Constitución, y una tercera de ratificación mediante un referéndum.
Ante todo ello, el Gobierno entiende que la propuesta de resolución aprobada esta mañana en el Parlament vulnera radicalmente la sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de diciembre de 2015 que anuló el llamado proceso de desconexión.
Y vulnera también, según el Ejecutivo, el auto de 19 de julio pasado en el que se advierte a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlamento de Cataluña, de su deber de impedir paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos del TC.
INCIDENTES DE EJECUCIÓN
La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional aprobada en la pasada legislatura prevé que se pongan en marcha incidentes de ejecución con medidas cautelares de tipo coercitivo, incluidas multas y suspensión de cargos públicos, y también promover la actuación penal por parte de la fiscalía, cuando sean necesarios para obligar al cumplimiento de las sentencias del TC.
El Gobierno ha promovido hasta ahora dos incidentes de ejecución por incumplimiento de fallos del TC: uno relacionado con la resolución del Parlament de inicio del proceso político hacia la independencia; y otro por incumplimiento de la suspensión cautelar acordada por el TC de la Ley de Acción Exterior de Cataluña.
Fuentes del Constitucional consultadas por Efe han subrayado que, hasta el momento, el tribunal ha actuado con "contundencia" en la defensa de la Carta Magna, pero también con "prudencia, mesura y tranquilidad".
El pasado 19 de julio, el Pleno del Constitucional aprobó por unanimidad estimar el primero de esos incidentes y exigir a la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente del Parlament catalán que respete la Carta Magna, al entender que su actividad es "absolutamente inviable" por su coincidencia con el "proceso de desconexión".
El TC advirtió al Parlament, y "especialmente a la Mesa" de la cámara, de que la actividad de esa Comisión debe someterse "al cumplimiento de las exigencias de la Constitución y, singularmente, de los procedimientos de su reforma".
De hecho, avisó expresamente "a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlamento, bajo su responsabilidad, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos enunciados".
LLAMADA DE SÁNCHEZ
Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha telefoneado a Rajoy para trasladarle su "apoyo" para exigir el cumplimiento de la legalidad en Cataluña tras el "grave error" que, a su juicio, ha tomado el Parlament al desoír al Tribunal Constitucional e iniciar el proceso para romper con España.
En una declaración desde Ferraz, el líder de los socialistas ha instado también a Rajoy a "tomar la iniciativa para impulsar una solución política" para Cataluña y España, en la que, ha dicho, también "tendrá el apoyo del PSOE".
Sánchez ha recalcado que la decisión del Parlamento catalán para impulsar el "proceso constituyente" en Cataluña, aprobada con los votos de Junts pel Sí y la CUP, es "un grave error político" que "no va a ninguna parte, salvo a la quiebra de la convivencia" y ha subrayado qeu "perjudica" al conjunto de España.
El líder del PSOE, que ha hecho una comparecencia sin preguntas en la sede de su partido, ha insistido en que los representantes políticos deben "reconstruir los puentes de diálogo y fraternidad" para buscar una "solución política", que debe llevar "al restablecimiento del diálogo normal entre el Gobierno de España y la Generalitat".
