Los acusados por el uso de las 'tarjetas black' piden la nulidad de la prueba inculpatoria

Los acusados por el uso de las 'tarjetas black' piden la nulidad de la prueba inculpatoria

EFE

Las defensas de los 65 usuarios de las "tarjetas black" de Caja Madrid han solicitado hoy en la Audiencia Nacional la nulidad de la principal prueba inculpatoria, la hoja de cálculo Excel con los gastos de cada uno de ellos aportada al proceso por Bankia, entidad que, a su juicio, no está legitimada para ser acusación particular.

En la sesión inaugural del juicio, que empezó con más de una hora de retraso, los letrados de los expresidentes de la extinta caja de ahorros, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, para quienes la Fiscalía pide 6 años y 4 años y medio de cárcel, respectivamente, por apropiación indebida, han sido los primeros en alegar que ni Bankia ni su matriz BFA o el propio FROB pueden acusarles de unas prácticas ajenas a estas entidades.

Todo ello porque, en su opinión, Caja Madrid era jurídicamente "distinta e independiente" de Bankia o BFA, a las que no reconocen como herederas legales de la extinta caja y que, por lo tanto, no pueden considerarse afectadas.

Por ello han solicitado la nulidad de las pruebas aportadas por Bankia ya que, además, fueron obtenidas "en base a documentación con acceso ilegítimo", una línea seguida por el letrado de Rato, que ha presentado varios contratos, así como el justificante de reintegro de las cantidades abonadas con la tarjeta.

LOS ABOGADOS TOMAN LA PALABRA

El abogado del exvicepresidente de Caja Madrid José Antonio Moral Santín se ha unido a los recursos, aunque ha negado la existencia de un concierto entre los acusados. Más contundente se ha mostrado la defensa del exconsejero Rodolfo Benito.

Según la letrada, "es imposible determinar de dónde ha extraído Bankia esos datos", y ha asegurado que el banco "se limitó a certificar que los Excel aportados eran válidos" a pesar de que los discos remitidos mostraban listados "no coincidentes".

"Bankia ha actuado con una clara actitud incriminatoria ya que ha aportado sólo material inculpatorio y no exculpatorio", ha señalado antes de concluir que el banco, cuyo equipo actual denunció la existencia de las tarjetas 'black', ha ofrecido "la verdad que le interesaba".

Especialmente crítica se ha mostrado la defensa del expresidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán con la polémica hoja de cálculo validada por Bankia y que descubrió gastos de 94.000 euros por parte de su cliente, una prueba que ha catalogado de "chapuza hecha por un mero colegial" y "sin validez a nivel formal".

El letrado ha solicitado permiso para que su defendido pueda ausentarse dado su precario estado de salud; a lo que la presidenta de la sala, Ángela Murillo, ha accedido a que sea examinado por un médico forense, aunque hasta entonces deberá permanecer junto al resto de acusados.

EL ARMA DE LAS PRESCRIPCIÓN

Mientras, el abogado del miembro de la comisión de control José María Buenaventura ha esgrimido que los presuntos delitos cometidos por su representado ya habrían prescrito a pesar de tratarse de una conducta, teóricamente, continuada, razón por la que ha solicitado la nulidad del auto de apertura de juicio oral.

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Durante la sesión también han intervenido las acusaciones, entre ellas la de Bankia, que ha pedido que se evalúen una serie de correos electrónicos que evidenciarían que las tarjetas fueron emitidas fuera del circuito ordinario.

Unas 1.400 páginas que demostrarían el supuesto descontrol en la concesión y uso de éstas, y que el representante del ex director general de la entidad Ildefonso Sánchez Barcoj ha impugnado al considerarlas 'absolutamente improcedentes' ya que pertenecen a Caja Madrid y no a Bankia, una entidad 'ocupante, con c o con k' de dicha información.

El fiscal del caso, Alejandro Luzón, ha solicitado al tribunal, compuesto además por los magistrados Teresa Palacios y Juan Francisco Martell, que admita como prueba los informes de gobierno corporativo de Caja Madrid de 2004 a 2010 así como los de Bankia, hasta 2012.

En declaraciones a los medios, el letrado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Andrés Herzog, que ejerce la acusación popular, ha tildado de "poco fundados" los alegatos de las defensas y ha explicado que las acusaciones particulares sí se han visto afectadas, ya que asumieron los gastos cargados por estos usuarios a sus tarjetas.

Mañana está previsto que las defensas concluyan la exposición de sus cuestiones previas, tras lo cual será el turno de Anticorrupción y las acusaciones de Bankia, BFA, FROB, CIC y CGT.