Bélgica da marcha atrás y reinicia el acuerdo entre la UE y Canadá
El Gobierno federal de Bélgica y los Ejecutivos regionales del país han alcanzado este jueves un acuerdo para desbloquear la firma del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, que la Región Valona, la Wallonie, la zona francófona belga, mantenía por sí sola en stand by desde hace seis días.
¿Cómo una región del tamaño de Zaragoza y con menos habitantes que la capital de España puede paralizar un acuerdo con un ticket de 12.000 millones de euros anuales para el PIB de la UE?
Bélgica es un país muy particular, y joven. Conformado por tres regiones (Flandes, Valona y Bruselas), el modelo federal de su Gobierno exige que cualquier norma de calado sea aprobada por los parlamentos regionales. El carácter francés de la Wallonie, con tradición en la lucha obrera y el activismo, ha echado a la ciudadanía a la calle contra el acuerdo.
El paso atrás de la Región Valona es un paso adelante que no exime de otros posibles pasos atrás, pues debe ser aprobado ahora por los embajadores permanentes del resto de Estados miembros de la Unión Europea y, a posteriori, por los parlamentos regionales belgas. Las piedras en el camino se asimilan a una cantera.
Muchos son los que solo ven inconvenientes en una eventual rúbrica del acuerdo de comercio “más progresista” de los 36 que hasta ahora ha firmado la Comisión Europea, según sus propias palabras. Pero la iniciativa no gusta a nadie o a casi nadie. El acuerdo se ha convertido en una diana en la que se clavan críticas de muy diferentes procedencias: partidos políticos, sindicatos, organizaciones ecologistas y empresariales.
El CETA, las siglas por las que se conoce el Comprehensive Economic and Trade Agreement, un acuerdo de libre comercio destinado a facilitar los intercambios económicos entre las potencias a uno y otro lado del Atlántico, son 1.600 páginas distribuidas en 13 capítulos donde se fijan las normas del libre comercio entre ambas potencias. El episodio más extenso y polémico es aquel que se ocupa de los inversores a uno y otro lado del Atlántico. Pero no solo.
LO BUENO
Según la Comisión Europea, el CETA “brindará a las empresas más y mejores oportunidades de negocios en Canadá y garantizará puestos de trabajo comunitarios”, permitirá aumentar las exportaciones en 12.000 millones de euros al año.
Como se suprimirán casi todas las tarifas aduaneras, los exportadores europeos ahorrarán 500 millones de euros al año y las pequeñas empresas tendrán más fácil vender sus productos al otro lado del charco.
Los europeos podrán participar en los concursos públicos canadienses -y viceversa-, y tendrán mayor acceso a su mercado de servicios. Canadá es ya el cuarto inversor directo en la Unión Europea.
LO FEO
Las ONG y partidos políticos que lo rechazan miran el acuerdo con recelo porque, dicen, beneficia a las multinacionales en detrimento de los trabajadores, debilita la protección del consumidor, va contra la del medio ambiente, pone en riesgo los laborales y favorece la privatización de los servicios públicos.
Mimar al empresario en la manera en que lo pretende el CETA provocará una caída del 0,5% del PIB de la UE y del 1% del de Canadá, al tiempo que destruirá 230.000 empleos de aquí a 2023 y abaratará los salarios hasta los 20 euros al día que calcula el Centro Austriaco de Investigación para el Desarrollo. Datos todos ellos recogidos por el Consejo de los Canadienses, la mayor organización de acción social del país y del todo antiCETA.
LO MALO
ICS y la protección a los inversores. El Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS por sus siglas en inglés) es un mecanismo que establece cortes de arbitraje especiales para que los inversores extranjeros puedan demandar a los Estados y dirimir los conflictos sin pasar por los tribunales ordinarios de cada país. Para Bruselas, los cambios refuerzan las garantías del sistema. Para sus detractores, el ICS permite a las grandes empresas reclamar compensaciones cuando las leyes limiten su capacidad de ganar dinero.
Las empresas podrán también frenar reformas en favor del medio ambiente, modificar los estándares laborales o blindar ciertos sectores si alegan que perjudican sus intereses.
Servicios públicos. La Federación Europea de Trabajadores del Sector Público teme que se primen los criterios mercantiles y se fomente la privatización.
Seguridad alimentaria. Las normas de protección canadienses son más laxas que las europeas. Está permitido, por ejemplo, desinfectar el pollo o la ternera con cloro, inyectar hormonas prohibidas en la UE y es mucho más afín a los OGM.
Medio ambiente. El acuerdo se traduce en un flagrante incumplimiento del recién firmado acuerdo climático internacional de París.
En definitiva, al hermano pequeño del TTIP - y su Caballo de Troya, según Greenpeace- le queda un recorrido extenso y no exento de guijarros en el camino, muchos heredados de la mala fama y peor acogida del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la UE.
