Puigdemont y Junqueras arrancan la campaña del 1-O pese al aviso del Gobierno de que el acto es "ilegal"

El independentismo catalán ha vuelto a demostrar este jueves que piensa desobedecer a las instituciones del Estado todas las veces que sean necesarias hasta que llegue el 1 de octubre. La última prueba de ello ha sido el acto para abrir la campaña electoral del referéndum, celebrado en el Tarraco Arena de Tarragona pese a la advertencia del Gobierno central de que puede incurrirse en un delito. Tal contundente mensaje ha sido desoído y los independentistas catalanes, encabezados por el presidente regional Carles Puigdemont, han reiterado su "Claro que votaremos" ante las cerca de 8.000 personas que les han arropado.

Puigdemont ha aprovechado su intervención, que no ha durado más de 10 minutos, para ironizar sobre el hecho de que se haya asegurado que este acto de campaña es un delito: "Dijeron que este acto no lo haríamos y no solo lo hemos hecho, sino que con la gente que hay fuera —del recinto que no ha podido entrar— lo podríamos hacer dos veces. O tres, o las que hagan falta".

El presidente de la Generalitat ha ido más allá: "En un eventual Estado catalán no se prohibirán actos, no se perseguirán urnas ni papeletas, no se amenazarán alcaldes, ni se intimidarán medios que quieren informar: en Cataluña esto no lo haremos".

El presidente catalán ha insistido una y otra vez en que el 1-O habrá colegios, urnas y papeletas pese a todas las trabas en contra e incluso sobrará material "que se tendrá que subastar" porque no se utilizará todo. "¿Alguien cree sinceramente que el 1 de octubre no votaremos? ¿Qué país piensan que somos? ¿Qué gente piensan que somos los catalanes?", ha zanjado, y ha asegurado que el referéndum ya es un tema que está en la agenda del Departamento de Estado de EEUU y del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Incluso ha buscado el diálogo con el público a quien a preguntado: "¿Que creéis que pasará el 1 de octubre", a lo que ha recibido un '¡votaremos!' largamente aplaudido por los miles de asistentes al acto.

Puigdemont se ha dado un auténtico baño de masas en una plaza en la que no han parado de escucharse gritos de 'Independència', 'Votarem', y 'Ballesteros dimissió', en alusión al alcalde socialista de la ciudad, porque no quiere colaborar con el referéndum cediendo locales municipales para la votación.

En la misma línea se ha manifestado el vicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, que ha afirmado que "ante las amenazas" del Estado para impedir el referéndum, suspendido por el Constitucional, "hay que responder con firmeza" y ha subrayado que el independentismo llega al 1-O "mucho más fuerte de lo que ellos pensaban".

Junqueras ha afirmado que la independencia "se construye en nuestras calles, en nuestras instituciones, en el Govern y el Parlament, en nuestras ciudades; todos juntos defendiendo este pueblo". También ha reclamado que "ante las amenazas que nos lanzan hay que responder con más firmeza". "No todo está hecho, pero todo lo que falta por hacer depende de nosotros", ha proclamado Junqueras, a la vez que ha invitado a los catalanes "a votar masivamente el 1 de octubre".

Por su parte, Marta Rovira, secretaria general de ERC, ha afirmado con ironía que si hay dos palabras que los catalanes han aprendido tras presenciar el último pleno del Parlament y comprobar cómo actuaban los grupos contrarios a la independencia, son las de "filibusterismo" y "reconsideración".

Rovira ha negado que la lucha por la independencia en Cataluña "vaya de sustituir una bandera por otra" sino que va de "construir una república libre y digna, va de libertad, de dignidad y de justicia, por todo esto votaremos que sí".

En el mismo acto, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha advertido que desde el Estado "nos quieren prohibir la ideas, quieren secuestrar las urnas para que no ejerzamos la democracia, pero hoy decimos bien claro que no lo conseguirán". "Que nadie se equivoque, —ha puntualizado— esto va de democracia, somos un país de luchas compartidas, que se ha dejado piel por la democracia y lo seguiremos haciendo".

Todos estaban convencidos de que el acto iba a celebrarse, pero lo cierto es que a principios del día reinaba cierta incertidumbre en torno a si sería así o no tras la prohibición en Madrid de otro acto prorreferéndum. Un juez había considerado que no se podía celebrar en un local público una reunión de promoción de un referéndum ilegal.

La vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría no dijo, hasta la mañana del jueves, si había alguna actuación en marcha para prohibir el acto. "No se puede colaborar y no se puede participar en ese referéndum", declaró en el canal de televisión privado Telecinco, destacando que eso incluye "cualquier acto preparatorio".

Los responsables del Tarraco Arena Plaza, consultados por la agencia AFP, habían dicho por su parte no haber recibido por el momento ninguna notificación.

A partir de ahora los separatistas disponen de dos semanas para movilizar a los suyos y también a sus críticos recelosos de participar en este escrutinio. Si lo ganan, prometen declarar una república independiente en esta región de 7,5 millones de habitantes en el noreste de España.

El gobierno de Puigdemont no ha establecido un mínimo de participación para considerar válido el resultado, pero conseguir una alta movilización es clave para su credibilidad.

El escenario que han escogido para el acto de este jueves no es, ni mucho menos, casual. Tarragona, la segunda capital de provincia más poblada de la región, con una importante industria química y un fuerte rechazo al independentismo, está gobernada por un alcalde socialista, Josep Félix Ballesteros, que declinó colaborar en la participación del referéndum.

Los partidos contrarios a la secesión no participarán en la campaña de este escrutinio declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y piden a sus electores no ir a votar aunque ello lleve a una victoria abrumadora del sí.

"Esto es un engaño. Ellos quieren hacer un simulacro de referéndum para justificar una declaración de independencia. Quieren que la gente vaya para legitimar unos resultados que ya conocen de antes", ha asegurado a la agencia AFP Salvador Illa, secretario de organización del Partido Socialista de Cataluña, contrario al voto.

El presidente del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, que acudirá el viernes a Barcelona, también ha instado a los ciudadanos a quedarse al margen. "Si a alguien se le cita para acudir a una mesa electoral, que no vaya porque no puede haber referéndum y porque sería un acto absolutamente ilegal", ha subrayado.

Las instituciones españolas están poniendo toda la carne en el asador: la fiscalía general del Estado ha ordenado citar a los más de 700 alcaldes catalanes que quieren cooperar en el referéndum y detenerlos si no se presentan. También ha presentado una querella contra todo el ejecutivo regional y ordenó a las policías que operan en la región incautar urnas, sobres y papeletas electorales, propaganda o cualquier otro material relacionado con 'el referéndum ilegal'.

En este contexto, varios diarios de la región como La Vanguardia, El Periódico o incluso el soberanista Ara evitaron difundir la campaña institucional del 1 de octubre, que en cambio sigue emitiéndose en la radio y televisión pública catalana.

Las entidades independentistas opinan que estas acciones judiciales incluso pueden beneficiarles y no se plantean suspender los actos previstos.

"La actitud del Estado tan agresiva hace que cualquier demócrata no pueda quedarse indiferente. Si hacen escoger entre la democracia y la policía, la opción está clara", asegura a la AFP Ramón Piqué, coordinador de campaña de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), una influyente asociación independentista.

En esta situación, incluso ve factible romper el techo de 1,9 millones de votos independentistas de las elecciones regionales de 2015, que les dieron mayoría absoluta en el parlamento pero les dejó en el 48% del total de votos emitidos.