POLÍTICA
15/10/2017 18:52 CEST | Actualizado 15/10/2017 18:52 CEST

Puigdemont apurará el plazo dado por Rajoy para contestar a su requerimiento

Prevé enviar a las 10:00 de este lunes su respuesta al jefe del Ejecutivo.

AFP

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, prevé agotar el plazo de este lunes a las 10:00 horas para responder al requerimiento del Gobierno central sobre si el martes declaró o no la independencia, contestación de la cual depende que el Estado aplique a la autonomía catalana el artículo 155 de la Constitución.

Así lo han explicado a Europa Press este domingo fuentes gubernamentales, horas antes de expirar el plazo, y después de que Puigdemont haya dicho ante la tumba de su antecesor Lluís Companys: "Reiterar nuestro compromiso con la paz, el civismo, la serenidad, y también la firmeza y la democracia, como inspiradores de las decisiones que hemos de tomar".

Según el requerimiento que el Gobierno envió el miércoles por burofax, Puigdemont puede responder hasta el lunes a las 10.00 horas si declaró la independencia --no responder se considerará una respuesta afirmativa--; y tiene hasta el jueves 19 a la misma hora para cumplir íntegramente el requerimiento.

Cumplirlo totalmente implica revocar la declaración --si la hizo--, para "restaurar el orden constitucional y estatutario, ordenando el cese de cualquier actuación dirigida a la promoción, avance o culminación del denominado proceso constituyente", y cumplir íntegramente las resoluciones del TC.

Además, Puigdemont debería comunicar el requerimiento a la presidenta del Parlament y el resto de la Mesa, "requiriéndoles igualmente la restauración del orden constitucional y estatutario".

Y se insta al presidente a comunicar el día 19 al Gobierno central 'de forma fehaciente' que tanto él como el Parlament han cumplido el requerimiento.

El último punto del texto constata que Puigdemont es el más alto representante de la Generalitat y del Estado en Catalunya, por lo que, si no cumple el requerimiento, el Gobierno central instará al Senado a tomar las medidas necesarias para que Catalunya cumpla "sus obligaciones constitucionales y para la protección del interés general, al amparo de lo dispuesto en el artículo 155".

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