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19/12/2017 21:13 CET | Actualizado 19/12/2017 21:13 CET

La Generalitat sanciona con 417 euros a un profesor de Lleida por comentarios homófobos

El docente dijo en clase que una relación con una persona del mismo sexo es "antinatural, es como un cojo o un tuerto, es inexplicable".

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El departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat ha sancionado con 417 euros al profesor de Filosofía del instituto Samuel Gili i Gaya, de Lleida, que vertió comentarios homófobos durante una clase, según han informado hoy fuentes de la conselleria.

La polémica se conoció el pasado día 7 de junio cuando un grupo de alumnos del citado instituto leridano denunció públicamente con una protesta que un profesor del centro había afirmado en clase que una relación con una persona del mismo sexo es "antinatural, es como un cojo o un tuerto, es inexplicable".

El docente se mostró, posteriormente, arrepentido de sus palabras y el departamento de Enseñanza decidió no sancionarle. Sin embargo, el departamento que dirigía la ex consellera Dolors Bassa abrió un expediente al profesor en cumplimiento de la Ley contra la Homofobia de Cataluña, que ahora ha concluido con una sanción.

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Por su parte, el presidente del Observatorio contra la Homofobia (OCH), Eugeni Rodríguez, ha aplaudido la sanción impuesta al profesor de Lleida, aunque, en declaraciones a Efe, ha lamentado que de las 110 incidencias presuntamente homófobas comunicadas a la Generalitat durante este año, sólo se hayan impuesto tres sanciones.

"Nosotros pedimos constantemente que se sancione la LGTBIFobia y que estas sanciones no sean una anécdota", ha dicho Rodríguez.

Rodríguez ha reiterado que "tal y como han pedido el Síndic de Greuges y el Parlament, es necesario que se implemente el reglamento de la Ley contra la LGTBIfobia para garantizar el régimen sancionador".

El presidente del OCH ha avanzado que ha pedido a todas la candidaturas que concurren a las elecciones del 21-D que creen "un organismo no administrativo para controlar las políticas LGTBI, que sería la única manera de que el asunto punitivo no dependa de la administración, sino del Parlament".

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