POLÍTICA
02/01/2018 15:17 CET | Actualizado 16/01/2018 14:21 CET

Denuncian que la Comunidad de Madrid "subasta" la red de atención a mujeres víctimas de violencia de género

El Gobierno regional replica que se ha incrementado el gasto en estos servicios.

WIKIPEDIA
Sede de la Comunidad de Madrid.

El dinero que la comunidad destina a la Red de atención a mujeres víctimas de violencia de género no da para contratar al personal que hace falta para cubrir los turnos de 24 horas que son necesarios en algunos centros. Es una de las situaciones que critica el Comité de Empresa del Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales (INTRESS) de Madrid, que ha difundido un comunicado en el que denuncia que la comunidad ha publicado en diciembre los pliegos para la licitación de estos servicios "con carencias que imposibilitan ofrecer un servicio adecuado a las mujeres atendidas".

Fuentes de la Comunidad de Madrid, por su parte, han señalado a El HuffPost que dan una "prioridad absoluta" a la atención a las víctimas de violencia de género y han hecho hincapié en que en esta legislatura el Gobierno regional incrementó el presupuesto destinado a estos servicios "en casi un 8%" y que para 2018 se ha aumentado "en un millón de euros".

Elena Fernández, presidenta del Comité de Empresa del Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales (INTRESS) ha explicado a este diario que no es que la Comunidad de Madrid dé menos dinero, ya que en algunos centros las partidas han aumentado, sino que con lo que da "no se puede cubrir la ampliación de personal", lo que a su juicio supone un "maltrato institucional a la red".

Estos servicios, según explica el comité del INTRESS, son gestionados desde hace años por entidades que ganan la licitación de los pliegos que publica la comunidad de Madrid. "Año tras año, hemos sido testigo de los recortes presupuestarios sufridos" por estos servicios, señala el comunicado, en el que se asegura que el criterio principal que se tiene en cuenta es la cuantía de la oferta económica y no que el proyecto técnico sea bueno. "Es una vergüenza que en recursos de este tipo se de más prioridad a la bajada de la oferta económica que al proyecto técnico, porque a las mujeres nos están matando", critica Fernández.

En concreto, denuncian la precariedad de medios que se vive en el Centro de Día 'Aayan Hirsi Ali' para mujeres víctimas de violencia de género en situación de exclusión social, en los centros de emergencia 1 y 2 para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos, y en los centros de acogida 3 y 4. Desde la Comunidad de Madrid, sin embargo, señalan que "el precio de licitación de estos centros se ha incrementado entre un 3% y un 5% con respecto al anterior precio de licitación".

Varios cargos de Podemos y del PSOE se han hecho eco de la protesta de las trabajadoras de la Red de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género.

El comité critica también que, a pesar del aumento de fondos europeos y estatales recibidos por la Comunidad de Madrid, "se siga manteniendo una política de reducción del gasto" por parte de la administración autonómica. "No sabemos a dónde ha ido a parar el dinero recibido para la prevención, atención, protección y recuperación de las mujeres víctimas de violencia machista", asegura en el comunicado.

RECURSOS IMPRESCINDIBLES

La denuncia se ha difundido rápidamente en las redes bajo el hashtag #CifuentesSubastaRedMujer. Sus impulsores acusan a la comunidad de "subastar" al mejor postor los recursos de la Red de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género.

"No podemos olvidar que para poder erradicar la violencia machista, recursos como estos son imprescindibes", subraya el comunicado del comité. "Si no invertimos en potenciar la atención desde los mismos, jamás podremos dejar de lamentarnos de las asesinadas por este motivo".

Ante estas críticas, fuentes de la Consejería de Políticas Sociales y Familia señalan que "la Red madrileña de Atención a las Víctimas de Violencia de Género es un referente a nivel nacional e internacional, que no exige, para acceder a la misma, denuncia previa ni tener en vigor una orden de protección. Tampoco se excluye a víctimas que pudieran estar en situación administrativa irregular".

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