POLÍTICA
01/02/2018 14:09 CET | Actualizado 01/02/2018 16:24 CET

Turismo Valencia compró dos destructoras de papel en vísperas de elecciones

"Se llevó a cabo una actividad intensa de triturado de documentación".

GTRES
Camps y Barberá

Un informe realizado por la Fundación Turismo Valencia de la Comunitat Valenciana revela que la entidad compró en abril de 2015 dos destructoras de papel y contrató a una empresa especialista en esta tarea en julio de ese año.

Los oficiales administrativos y secretaría de dirección de 2015 comunicaron a la actual dirección de la entidad que desde la compra de las destructoras "se llevó a cabo una actividad intensa de triturado de documentación durante las semanas siguientes".

Así consta en un informe realizado por el actual subdirector general de la Fundación, Joan Carles Cambrils, a instancias del magistrado del juzgado de Instrucción número 18 de València, que investiga el caso Imelsa y su derivado conocido como Taula, que el pasado mes de diciembre pidió la confirmación de la destrucción en su día de documentación relativa a los servicios prestados por Laterne Product Council durante 2006, 2007 y 2008.

Esta empresa es la consultora de comunicación que organizó la campaña municipal del PP para los comicios de 2007.

El juez Víctor Gómez realizó esta petición después de la documentación aportada por la Fundación Turismo Valencia a la causa y a raíz de la información manifestada en su día de que no se conservaba documentación alguna "por destrucción" de facturas, contratos o trabajos relativos a la relación con Laterne Product.

En el informe entregado al juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el subdirector general de la Fundación constata que se ha preguntado a cinco personas en relación con la empresa Laterne en esos años para tratar de determinar qué trabajos realizó y si disponían de algún soporte documental como contratos, facturas o memorias.

Ninguno de los cinco -el subdirector de Marketing y actual adjunto a dirección; el jefe de área de Promociones y hoy en día responsable del área Comercial; la subdirectora de Administración, adjunta ahora a subdirección; la jefa de Contabilidad y la jefa jurídica niegan relación con la empresa, aseguran que no se les pidió participación o no la recuerdan.

Asimismo, han señalado que las órdenes de pago de las facturas procedían del director general de ese momento, José Salinas, o la subdirectora de Administración y que se efectuaban los pagos cuando llegaban las facturas.

Sin rastro de la información

En una búsqueda en los archivos digitales de la Fundación tanto por Cambrils como por la empresa informática externa encargada del mantenimiento de los sistemas, "no se ha obtenido información alguna al respecto de Laterne, excepto en el sisteMma de contabilidad, que incluye los apuntes del libro diario localizados".

En cuanto a la destrucción de la documentación, el informe de la Fundación revela que desde abril de 2015 se ha llevado a cabo "por dos vías al menos", una de ellas, mediante dos destructoras de papel adquiridas en abril de 2015 y por la contratación de una empresa para "prestar sus servicios enfrente de las instalaciones de Turismo Valencia en julio de 2015".

La subdirectora de Administración, que aseguró no haber tenido tiempo suficiente para buscar en los archivos digitales en los últimos días, afirmó desconocer dónde podía estar la documentación física sobre Laterne y por qué no aparecía. Sobre si se destruyó, esta responsable indicó no recordarlo y alegó que no era de su competencia el objeto de esos contratos.

Y en relación con el material destruido, apuntó que "tal vez fuera material promocional obsoleto". En concreto, preguntada por quién dio la orden de destruir a través de la empresa y por el tipo de documentación, dijo que era información "promocional" como guías y similares y que fue ella quien lo ordenó.

La que en día fue jefa de Contabilidad explicó que la información contable-fiscaal se va destruyendo de forma "regular" con contrato externo o por empresa especialista porque no existe espacio físico suficiente para almacenaje y siempre que se haya superado el tiempo mínimo legal para mantener su custodia. Esto era y es una práctica "habitual". En el caso que ocupa este informe, describió que se destruyó diferente documentación "obsoleta" desde el punto de vista mercantil y fiscal.