POLÍTICA
06/03/2018 13:41 CET | Actualizado 06/03/2018 14:07 CET

Los Mossos acordaron con Sànchez la gestión del registro del 20-S, según la Policía

El informe de la Policía sobre los documentos que quería destruir la policía autonómica en una incineradora.

Los papeles que iban a quemar los Mossos no eran simples formularios. Había mucho escrito. La policía autonómica invitó a los líderes soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart a asistir a las reuniones con la Guardia Civil y aceptaron sus "sugerencias" en la gestión de la seguridad del registro del 20 de septiembre en la Consellería de Economía, según concluye la Policía Nacional.

Así consta en un informe, al que ha tenido acceso Efe, que la Policía Nacional ha remitido a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, en el marco de la causa abierta al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, por el papel de la policía catalana ante el registro que la Guardia Civil practicó en Economía y el referéndum del 1-O.

El informe de la Policía Nacional, confeccionado a partir de los documentos que se incautaron a los Mossos d'Esquadra cuando el pasado 26 de octubre los iban a quemar a una incineradora, señala el "excepcional protagonismo" que los mandos de la policía catalana dieron a los entonces líderes de la ANC, Jordi Sànchez -ahora propuesto como candidato a la presidencia de la Generalitat- y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ambos encarcelados por rebelión.

La Policía Nacional insiste en la "importancia y relevancia que en los mandos de los Mossos d'Esquadra" dieron a los "Jordis", quienes, añade el informe, "en todo momento controlaron la actitud de la masa y gozaron de información sensible sobre lo que estaba sucediendo".

Las "sugerencias" de los 'Jordis'

Concretamente, el documento entregado a Lamela señala que Sànchez y Cuixart fueron "invitados a participar en todas las reuniones" que los mandos de Mossos d'Esquadra mantenían con los de la Guardia Civil en relación con la gestión de la masiva concentración que tenía lugar ante la Consellería registrada, lo que impidió a los agentes del instituto armado abandonar las dependencias hasta la mañana siguiente.

Según la Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra aceptaron las "sugerencias" de los "Jordis" y se les permitió "poner en marcha decisiones operativas" en relación con la manifestación.

Sin embargo, lo "adecuado", añade el informe, es que fueran miembros del área de mediación de los Mossos d'Esquadra los que se entrevistaran de forma separada con los "Jordis" para trasladar después sus "apreciaciones" a los mandos del dispositivo policial, en aras de garantizar la seguridad del 20 de septiembre.

Además, añade el informe, en varias ocasiones la intendenta de los Mossos Teresa Laplana, también imputada por la Audiencia Nacional, "trasladó información sensible" a los "Jordis" sobre la llegada de los detenidos, el fin de los registros o la salida de la secretaria del juzgado, que fue evacuada de madrugada por la azotea de un edificio anexo al de la consellería de Economía.

La Policía Nacional reprocha a los Mossos la "ausencia de una clara voluntad de auxilio" para proteger a la comitiva judicial y los agentes encargados del registro de la consellería: "en un principio, y de forma que podría considerarse negligente, los mandos no le dan la importancia y dimensión adecuada a la concentración".

Listas de seguimientos

El informe de la Policía también recoge que los Mossos tenían una lista de 43 personas formada por políticos, empresarios, periodistas, comisarios, detectives y entidades civiles y aparecían muchos de los seguimientos que les habían realizado los agentes que entendían que todos formaban parte de lo que llamaron "operación Cataluña".

Estos nombres estaban situados en un "organigrama a color", según el informe de la Policía al que ha tenido acceso Europa Press y que se ha entregado en el Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional, donde su titular, Carmen Lamela, está instruyendo un procedimiento para esclarecer la participación de los Mossos en el 1-O.

El listado lo encabezaba el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, de cuyos movimientos en Cataluña los Mossos tenían orden de informar directamente al entonces consejero de Interior Felip Puig. Le seguía el comisario jubilado de la Policía Nacional, José Villarejo, quien se encuentra en prisión en la actualidad por blanqueo de capitales. Sus informes sobre la fortuna de la familia Pujol en paraísos fiscales también han aparecido entre la documentación que los agentes autonómicos llevaban a la incineradora.

El que fuera DAO de la Policía hasta junio de 2016, Eugenio Pino, y el comisario jefe de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, también aparecen en esa lista, que se extiende con el broker francés afincado en Suiza François Seroux; la diputada del PP Alicia Sánchez Camacho, J. Zaragoza y Jorge Moragas (exjefe de gabinete de Mariano Rajoy).

La reunión que inició el 'procés'

Entre la documentación, se halló también una nota informativa que sitúa el inicio del plan independentista en una reunión celebrada el 25 de noviembre de 2011 a la que acudieron los "máximos dirigentes" de la entonces Convergencia Democrática de Catalunya (CDC). Dicha cita se repitió a finales de diciembre, sumándose los hijos del expresidente Jordi Pujol (Jordi, Oriol y Josep).

Tras esta segunda reunión, de la que fueron informados "un grupo de personas afines de los círculos empresariales, económicos y de la comunicación", se decidió que asumiera el rol de "controlador" Felip Puig, conseller de Interior entre diciembre de 2010 y diciembre de 2012.

Entre los empresarios que se cita figura José Antich, "actual fundador y director del diario digital ElNacional.cat", del que se dice que tiene "carácter político y afín al PDeCAT".

De acuerdo a una nota informativa sin membrete de fecha 12 de octubre de 2012 "sobre el Plan Independentista de CDC", el inicio del "hipotético" plan nació de una reunión celebrada el 25 de noviembre de 2011.

La Policía califica esta nota como un "resumen" de actuaciones de "ciertos dirigentes de CDC y de Unió para camuflar el cobro de comisiones y/o sobornos".

En este plan, "Puig se encargaría de las tareas de controlador y de inteligencia" y, para tal fin, se dispuso de "tecnología y comunicaciones que operativamente se encuentran instaladas en vehículos --furgonetas camufladas-- adscritas a la Unidad Tecnológica de los Mossos de la Central de Sabadell".

Actas falsificadas

La Policía intervino hasta 33 impresos de las patrullas de la policía autonómica que actuaron en los colegios electorales del 1-0 que fueron manipuladas de forma manuscrita. Así por ejemplo en varias de ellas se sugirió corregir con un "SÍ" donde los agentes había puesto que "NO" se habían impedido votaciones o se hizo constar de forma expresa que los locales quedaban vacíos ante las advertencias de los agentes, aunque se hubieran cerrado por voluntad de los convocantes.

En uno de estos impresos -el número 100 del total de 131 encontrados en una de las cajas que iban a ser quemadas- se falsifica concretamente la hora del cierre de uno de los colegios. Así, los Mossos precintaron un local a las 10.30 horas pese a que horas antes los concentrados lo habían abandonado "sin dar explicaciones", y se ordena que hay que hacer constar "si los agentes hicieron alguna advertencia a la gente antes de que se fuera" y cambiar el valor de hora de cierre por las 7.45 horas.

En el informe remitido a la jueza Carmen Lamela, la Policía señala también la coincidencia entre los testimonios reflejados en los 313 impresos de las diferentes patrullas, "lo que sugiere el seguimiento de órdenes superiores", así como un formato de acta "normalizado con ese mismo fin" rellenado a ordenador y por lo tanto no en el lugar de votación.

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