POLÍTICA
27/03/2018 17:59 CEST | Actualizado 27/03/2018 18:32 CEST

Ponsatí se entregará mañana en una comisaría de Edimburgo

El juez Llarena dictó una orden de detención internacional contra ella.

Clara Ponsatí
EFE
Clara Ponsatí

La exconsellera catalana Clara Ponsatí se presentará voluntariamente mañana en una comisaría de Edimburgo, donde será detenida, ha informado su abogado, Aamer Anwar.

El letrado ha dicho que la antigua consejera de Educación acudirá a la comisaría de St Leonards sobre las 10.30 hora local y habrá una breve declaración a los medios de comunicación antes de ingresar en el recinto policial, señala un comunicado.

Una vez dentro de la comisaría, Ponsatí será detenida en función de la orden de detención y entrega europea (OEDE) remitida por la Justicia española, que le ha procesado por su participación en el referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

Cumplidos estos trámites, Ponsatí será llevada a un tribunal de Edimburgo para una vista de extradición, prevista para las 14.00 hora local (13.00 GMT) y que durará de entre treinta a sesenta minutos, según detalles aportados por Anwar.

En ese momento, el letrado pedirá la libertad condicional de Ponsatí y se espera que se fije una fecha -dentro de varias semanas- para iniciar el proceso judicial.

"Entiendo que Clara Ponsatí afronta cargos de rebelión violenta y malversación de fondos públicos relacionados con la organización del referéndum, que mi cliente refuta completamente", añadió el abogado en su comunicado.

"Mi equipo legal tiene instrucciones de la profesora Ponsatí para defenderla vigorosamente contra los intentos españoles para extraditarle", prosiguió el letrado.

EFE

Llarena la acusa de rebelión y malversación

El juez Pablo Llarena dictó la semana pasada una euroorden de detención contra ella y otros huidos de la Justicia española. Ponsatí huyó a Bélgica primero junto a Carles Puigdemont y, posteriormente, se trasladó a Escocia.

Ponsatí anunció el 10 de marzo que abandonaba Bélgica y se reincorporaba a la Universidad de Saint Andrews, situada en Escocia (Reino Unido). "El exilio catalán llega al Reino Unido: disfrutando de mi libertad de movimientos como ciudadana europea, esta semana me he reincorporado a la Universidad de St. Andrews", explicaba en su cuenta de Twitter entonces.

El juez Pablo Llarena la ha encausado por rebelión y malversación. En su auto, el magistrado decía que la exconsellera asumió el control de los locales dependientes de su consejería para el referéndum. Además, permitió que su departamento soportara parcialmente el gasto de papeletas, censo y citaciones a los miembros de las mesas electorales.

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Ponsatí dice que es una "persecución política"

La defensa de Ponsatí considera que los cargos tienen como motivo la "persecución política" y que sus derechos humanos no estarían garantizados en los tribunales españoles.

"Clara se mantiene decidida y determinada, y cree que el Gobierno español no podrá nunca doblegar el espíritu del pueblo catalán", ha opinado el representante legal de la política independentista.

El letrado ha destacado el apoyo que su clienta ha recibido en Escocia y del Gobierno autónomo escocés, encabezado por la independentista Nicola Sturgeon, y considera correcto que sean los tribunales británicos los que decidan los próximos pasos.

La exconsejera catalana de Educación llegó en marzo mes a Escocia para incorporarse a la prestigiosa Universidad de St Andrews, donde hasta 2016 había ejercido como profesora de Economía y Finanzas.

Anwar, que ha defendido campañas en favor de los derechos humanos, ha dicho que su cliente está "conmocionada" y "preocupada" por "la situación en la que se encuentra", pero ha resaltado que ha recibido numerosos mensajes de apoyo en Escocia.

El domingo, tras conocerse la detención en Alemania del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, la Policía escocesa confirmó haber recibido la euroorden para el arresto de la exconsejera catalana.

Ponsatí, que huyó de España a finales de octubre de 2017, fue nombrada consejera de Educación el 14 de julio anterior y permaneció en el cargo hasta el 28 de octubre de ese mismo año, cuando el Gobierno aplicó el artículo 155 de la Constitución española para restaurar la legalidad vigente y en consecuencia quedó cesado el gobierno regional.

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