POLÍTICA
05/06/2018 14:02 CEST | Actualizado 05/06/2018 14:02 CEST

La Guardia Civil acredita que la Generalitat comprometió 3,2 millones para el 1-O, de los que ha pagado 1,58 millones

La investigación desvela 1,3 millones de euros más, al incluir los gastos para albergar el 'call center' del referéndum.

PAU BARRENA via Getty Images
El entonces president Carles Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras, en octubre de 2017 ante la tumba de Lluis Companys.

La Guardia Civil ha acreditado en un nuevo informe sobre la presunta malversación de fondos públicos para el referéndum ilegal del 1 de octubre que la Generalitat de Cataluña comprometió 3,26 millones de euros, de los que ha pagado ya 1,588 millones y tiene pendiente de abono un total de 1,66 millones. Esta cifra supone 1,3 millones de euros más de los acreditados por los investigadores en abril, ya que se incluyen los gastos de rehabilitar la nave anexa al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) con el fin de albergar el call center del referéndum.

El citado informe, al que ha tenido acceso Europa Press, fue enviado por el Instituto Armado el pasado 11 de mayo al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y éste, a su vez, lo remitió el 21 de mayo al Tribunal Supremo, ya que en ambos están abiertas causas que investigan el dinero público gastado por el Gobierno catalán para el referéndum ilegal.

Aunque en anteriores informes de la Guardia Civil ya se aportaba una cifra aproximada de cuánto habría supuesto la malversación, en este documento más reciente los investigadores exponen las cifras que se dedicaron a sufragar la campaña y el referéndum en sí departamento por departamento del gobierno que presidió Carles Puigdemont.

Para contabilizar los servicios solicitados por la Generalitat y realizados por las distintas sociedades requirientes, la Benemérita ha tenido en cuenta para hacer los cálculos sólo los gastos del Govern y no el del Grupo Parlamentario de Junts pel Sí, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) o MN2S Management.

Estrategia colegiada

Según explica el informe, "el plan no es individual, sino que ha respondido a una estrategia conjunta perfectamente diseñada consensuada por los entonces presidente y sus consejeros y que acabó por definirse tras el acuerdo del 6 de septiembre de 2017 por el que el Govern garantizó el referéndum, asumiendo de manera colegiada o a través de los distintos departamentos las contrataciones, la aprobación del gasto y las acciones político-administrativas necesarias para su ejecución y donde se reflejó textualmente que las decisiones y actuaciones serían tomadas de forma colectiva y colegiada por parte de los miembros del Govern y asumidas de manera solidaria".

La Guardia Civil da una especial relevancia a ese acuerdo de gobierno del 6 de septiembre de 2017 por el que el Govern de Puigdemont acordó que, "como administración electoral", asumía directamente el encargo a departamentos o unidades competentes las "contrataciones, la aprobación del gasto y las acciones político-administrativas necesarias" para garantizar la celebración del referéndum.

Hace hincapié en este documento porque, según señala el informe, la Asesoría Jurídica de la Generalitat contestó en noviembre de 2017 a un mandamiento judicial asegurando que "en ningún departamento" catalán "se habría incurrido en coste económico" en relación al 1-O.

Publicidad, web y observadores

En el cuadro elaborado por los investigadores figuran adjudicaciones de Vicepresidencia y las consejerías de Presidencia, Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Salud, Cuitura y el Diplocat para la emisión de anuncios, creación de campañas publicitarias, difusión en medios escritos, configuración de una página web para la campaña del 1-O, carteles publicitarios, servicio de reparto de cartas certificadas o servicios de observadores internacionales.

Todos estos trabajos figuran como encargados a Unipost, Focus Media, DXC o Estudi Dada, entre otras empresas, y una parte de los gastos aparecen sin abonar. En otros casos, los importes sólo se han pagado en parte, como la aplicación informática para la inscripción de voluntarios para el referéndum ilegal.

Según la Guardia Civil, los datos obtenidos permiten concluir que la Consejería de Presidencia, "al amparo de contratos públicos", abonó la cantidad de 2.231 euros y tiene pendiente de abono 498.057,75 euros en concepto de servicios para publicidad y difusión de la convocatoria del 1-O.

En cuanto a Vicepresidencia, Economía y Hacienda, el departamento que dirigía Oriol Junqueras, abonó la cantidad de algo más de 1,2 millones de euros "en concepto de rehabilitación de la nave anexa al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) con el fin de albergar el call center del referéndum".

Diplocat, casi 53.000 euros pendientes de pago

El Diplocat ha abonado 315.316,29 euros y tiene pendiente de pago 52.815,78 euros en concepto de contrato de observadores internacionales, el grupo de expertos Helena Catt, coste de vuelos, alojamiento y alquiler de espacios para dichos observadores y servicios de suscripción y traducción al inglés.

El Instituto Armado también contabiliza los gastos previstos por el CTTI, que dependía de la Consejería de Presidencia: abonó 68.984,69 euros y tiene pendiente 64.334,07 euros en concepto de "creación del aplicativo 'Conectado al voluntariado' a efectos de que los ciudadanos se pudieran inscribir online en el voluntariado para llevar a cabo el referéndum del 1-O".

Asimismo, el informe recogido por Europa Press determina que existió un acuerdo entre la Generalitat y Unipost para llevar a cabo el reparto de 56.000 cartas certificadas de nombramiento de mesa y 5.346.734 tarjetas censales, lo que generó un coste de 979.661,96 euros. Según la Benemérita, el coste total se facturaría a través de cinco departamentos de la Generalitat mediante la emisión de cinco facturas.

Los investigadores han podido determinar que hasta la fecha estas facturas no han sido abonadas, pero sí se han efectuado "dos intentos de cobro" por parte de Pablo Raventos Sáenz, de Unipost, "habiendo registrado en la plataforma de facturación electrónica de la Generalitat la factura dirigida al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia por un importe de 197.492,04 euros".

Los carteles de Òmnium

Por otro lado, para la Guardia Civil ha quedado acreditado que el que fuera secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Consejería de Presidencia, Antonio Molons, "facilitó los archivos digitales a Enric Vidal para que, a través de los contactos de Òmnium Cultural en las distintas sociedades de impresión, se llevara a cabo la impresión de los carteles publicitarios del referéndum".

Según el informe, la persona que se puso en contacto con las sociedades de impresión para solicitar presupuesto fue Aitor Sampere, responsable de la parte creativa y gráfica de la organización soberanista. "En conclusión, Òmnium Cultural llevó a cabo la gestión de impresión con las distintas sociedades, pero el servicio iba a ser abonado por la Generalitat, lo que le acarrearía un coste aproximado de 61.879 euros", explica.

Por otra parte, los actos de presentación del referéndum del 1-O y el acto de inicio de campaña han sido abonados por el Grupo Parlamentario Junts pel Sí y ANC por importes de 14.620 euros y 95.221,72 euros, respectivamente. Cantidades que no se encuentran contabilizadas en los 3,2 millones que comprometió la Generalitat, según la Guardia Civil.

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