Despedidos a los 45 años: el drama de la reinserción laboral de soldados y marineros

Para Juan, la Brigada Guzmán el Bueno X es su vida. "Dime cómo llamarías tú al sitio donde has ido cada día durante casi 20 años, desde que eras un chaval sin mucho norte hasta que eres un padre de adolescentes", resume. Dentro de su base en Cerro Muriano (Córdoba) están los compañeros con los que se las ha visto feas en la misión de Líbano, sus obligaciones como empleado público, su vocación de militar. Pero en menos de un año, todo será nada: llega a los 45 años y será despedido. "Das la vida por tu país y, luego, se olvidan de ti. ¿Acaso es eso justo?", se pregunta.

Él es uno de los soldados y marineros que tienen sobre sus cabezas la espada de Damocles del abandono del Ejército, forzados por una ley de 2006 que los vinculaba a los llamados contratos de larga duración, que se acaban al llegar a esa edad. "Eso lo sabíamos, vale, y lo firmamos", reconoce Juan. El "pero" es que el Gobierno se comprometió a formar a este personal, a homologar sus títulos, a reconocerles la experiencia de estos años de servicio de manera que, al salir a la vida civil, pudieran tener oportunidades laborales serias, y a buscarles acomodo en otros cuerpos policiales. Nada de eso se ha hecho y hoy los uniformados salen a la calle sin nada que acredite lo trabajado y aprendido. "Te dan 600 euros y allá te las compongas", lamenta. Arreglar este entuerto será uno de los primeros retos que se encuentre sobre la mesa la nueva ministra de Defensa, Margarita Robles.

Son ya 800 los despedidos por esta norma y se espera que sean unos 18.000 más en la próxima década, ya que según datos del Ministerio de Defensa, esos son los efectivos que hoy tienen más de 35 años. Hay en total 80.000 profesionales condenados al paro con este tipo de contrato.

Los soldados y marineros que salen a los 45 años pasan a convertirse en reservistas de especial disponibilidad, esto es, personal que se tiene que incorporar a filas si el Gobierno lo convoca en caso de amenaza a la seguridad nacional o por necesidades especiales. Por estar alerta ante esa llamada cobran 618,92 euros al mes (7.427 al año), un dinero que es compatible con otro sueldo privado pero no con uno público. Una situación de "abandono", denuncian las asociaciones, que ya han organizado protestas ante el ministerio en Madrid y cuya petición ha saltado a las redes sociales y a páginas como Change.org, donde más de 30.000 personas han apoyado una petición para acabar con esta situación.

(Puedes seguir leyendo tras la foto...).

Como destacan en AUME, la Asociación Unificada de Militares Españoles, la injusticia es doble: por un lado, se deja sin empleo a personal al que se le garantizó que, de una u otra manera, se le tenderían pasarelas con el mercado laboral civil y, por otro, se priva a los ejércitos de mujeres y hombres bien formados, que se han convertido en profesionales y que pueden tener aún recorrido en los cuarteles y bases, si no en primera línea, sí en la segunda.

Ese es uno de los argumentos esenciales que Defensa ha esgrimido siempre para seguir aplicando la norma: que si mantiene al personal de más de 45 años dentro, la media de edad sube y merma la capacidad de respuesta y los puestos operativos necesitan de gente físicamente fuerte. En la subcomisión del Congreso de los Diputados que desde febrero ha estado estudiando la manera de solucionar la situación, Arturo Romaní, el entonces subsecretario de Defensa con la ministra saliente María Dolores de Cospedal, dijo: "La temporalidad es irrenunciable para las Fuerzas Armadas, Si se eliminara, repercutiría negativamente en su operatividad".

Actualmente, la edad media es de 34 años, que baja a los 25,3 en el caso de los militares enrolados en lo que se llama compromiso inicial (un contrato de seis años), sube a los 33,3 en el personal de larga duración (justo el que sufre el problema de la expulsión a los 45) y más aún, hasta los 44, en los que firmaron el compromiso permanente (con paso a la reserva a los 58 años). Defensa insiste en que casi el 55% del personal que tiene desplegado en misiones exteriores (Irak, Afganistán, Mali, Líbano...) es de tropa, por lo que necesita que siga siendo joven.

Lo que defienden las cuatro principales asociaciones profesionales (AUME, ATME, AMTM y UMT) es que hay margen para mantener dentro de la casa a estos empleados, por ejemplo, en puestos administrativos, de seguridad de las infraestructuras militares, en las armerías, las zonas de víveres, en mecánica... Como dice gráficamente Juan -que no da su nombre completo por seguridad-, "puede haber años para dar panzazos, para maniobras interminables, para guardias de 24 horas... pero también hacemos de conductores, albañiles, administrativos, jardineros o cocineros en nuestras bases. ¿Eso no se puede hacer con 45 o más?".

Entonces parecía una buena idea...

La ley que ahora tanto incomoda no se veía mal hace 12 años, con el PSOE en el poder. Los ejércitos tenían el problema de que no llenaban los cuarteles -los barcos, mucho menos- y los jóvenes no encontraban muchas salidas de empleo, así que se unieron el hambre y las ganas de comer. La entrada en las FAS se flexibilizó, por lo que pudieron entrar personas con escasa formación e incluso sin titulación.

Como explica uno de los asesores que ayudaron a redactar aquella norma, "el texto es bueno en fondo y forma, pero no se ha aplicado con las garantías previstas y se ha dejado al personal desprotegido. Eso no estaba en absoluto previsto". Por ejemplo, explica que la primera promesa era que soldados y marineros podrían tener un título de Técnico Militar, que equivale a la Formación Profesional (FP) de grado medio del mundo civil, pero se endurecieron los requisitos y eso nunca pasó. Tampoco se buscó un título alternativo. Los primeros pasos para homologar realmente el conocimiento no tiene ni dos años y tampoco da una equivalencia clara entre títulos.

No pocos militares pensaron que era una buena idea entrar en los tres ejércitos como pasarela preferente para, luego, cambiar de uniforme, ya que el Gobierno planteaba acuerdos con la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales y autonómicas (a través de convenios específicos) para dejar una cuota en cada convocatoria de empleo público para quien viniera de Tierra, Aire o la Armada. Sin embargo, no se han cumplido esas reservas de plaza ni se ha hecho seguimiento de los acuerdos, muchos se han congelado sin llegar a nada por culpa de la crisis económica y quien ha logrado cambiar ha sido porque tenía ya la formación acreditada antes de entrar en las Fuerzas Armadas.

Las asociaciones profesionales se quejan de que los amenazados con el despido no han tenido en sus años de labor la formación necesaria, que en cada uno de los tres ejércitos se han empleado procedimientos diferentes que complican la homologación, que el programa de recolocación iniciado en 2013 (el conocido como Sapromil) no ha tenido ni fondos ni personal y que, en cambio, en el caso de los oficiales y suboficiales el proceso sí se ha completado con éxito. Un oficial con cinco años de formación especializada logra el equivalente al grado universitario y un suboficial, con tres años, un FP de grado superior.

¿Y por qué, entonces, no intentar ascender o buscar contratos fijos, de los permanentes? Juan se indigna y resopla. "No todo el mundo puede ascender, igual que no todos vosotros sois directores de periódicos. Hay quien asciende pero no lo suficiente, hay quien trata de ser fijo pero se convocan muy muy pocas plazas y no lo logra. Y hay quien está bien siendo soldado y marinero, sirviendo a su país en ese puesto, y lo que quiere es seguir haciéndolo de la mejor manera", resume.

Estos profesionales, tras un intenso calendario de movilizaciones en mayo, están ahora a la espera de lo que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez determine. Cospedal se fue dejando la promesa de un "plan integral" de orientación laboral con soluciones del que no se sabe apenas nada. Los socialistas, en sede parlamentaria, han avalado la ley actual, defendiendo que lo que hay que hacer es aplicar de verdad la formación, la homologación y las salidas a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, autonómicos y municipales. Unidos Podemos es quien más lejos va, pidiendo la reforma integral de la ley de carrera, de 2015. La subcomisión que estudia el caso en la Cámara Baja acaba de retrasar al 30 de septiembre sus conclusiones. Toca esperar.