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18/06/2018 15:05 CEST | Actualizado 18/06/2018 15:25 CEST

El Supremo archiva la querella de Torra contra Rajoy y Sáenz de Santamaría

Se querelló contra ellos por su negativa a publicar el decreto de nombramiento del Govern del 19 de mayo.

Mariano Rajoy, Quim Torra y Soraya Sáenz de Santamaría.
EFE
Mariano Rajoy, Quim Torra y Soraya Sáenz de Santamaría.

El Tribunal Supremo ha archivado la querella presentada por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, contra el expresidente y la exvicepresidenta del Gobierno, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, por su negativa a publicar el decreto de nombramiento del Govern del 19 de mayo.

En un auto, la Sala II del alto tribunal inadmite a trámite la querella de Torra al no ver delito en la denegación de la publicación de aquel decreto, que incluía el nombramiento como consellers de Jordi Turull y Josep Rull -en prisión preventiva- y de Antoni Comín y Lluís Puig -huidos a Bélgica-.

Torra presentó el pasado 1 de junio una querella ante el Supremo por un presunto delito de "prevaricación por omisión" contra Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, a quienes acusa de tomar una decisión "arbitraria, extralimitadora de competencias y sin ningún amparo legal".

A juicio del fiscal de Sala del Supremo, Luis Navajas, que es quien firmaba el informe de ocho páginas sobre este asunto, la decisión del Gobierno de no publicar los nombramientos se realizó con arreglo al entonces ordenamiento vigente -aplicación del artículo 155 en Cataluña-, que exigía la "verificación de la legalidad de las actuaciones de la Generalitat".

"Las facultades conferidas en virtud del artículo 155 al Gobierno de la Nación implican otorgarle la realización de un juicio de valor acerca de si la resolución de la Generalitat de Cataluña que se analiza es contraria a dicho ordenamiento, y si ello así se considera, puede y debe oponerse a la publicación de dicha resolución", añadía el fiscal.

Lo dicho sobre Rull y Turull también puede aplicarse, y por los mismos motivos según el fiscal, a las situaciones de los también entonces nombrados consejeros Antoni Comín y Lluis Puig, exmiembros del gobierno de Carles Puigdemont y huidos a Bélgica, así como el resto de procesados y en situación de prisión provisional.

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