Ada Colau obliga a destinar 30% de promociones de vivienda a pisos sociales
Barcelona adopta una iniciativa similar a una que se aplica en París.
El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado obligar a los promotores de vivienda a reservar un 30% de ellas a Vivienda de Protección Oficial (VPO) tanto en las promociones de obra nueva como en las de gran remodelación en toda la ciudad, como proponían las entidades y el gobierno de Ada Colau.
La comisión de Urbanismo ha aprobado con los votos a favor de BComú, ERC, PSC y CUP la propuesta que ha presentado el gobierno de Ada Colau de Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para la obtención de vivienda de protección pública en suelo urbano consolidado de Barcelona que incluye esta obligación de reservar el 30% a VPO, parecida a la que se aplica en París y pionera en España.
Ante los temores expresados por la oposición, para conseguir la aprobación inicial y tras un informe jurídico que señala que es posible, el gobierno municipal ha suprimido de la propuesta el acuerdo para suspender la concesión de licencias para la construcción, ampliación y rehabilitación de viviendas en este ámbito, con lo que la nueva norma no se aplicará hasta que esté definitivamente aprobada, lo que se prevé para otoño.
Pese a los cambios, PDeCAT, Cs y el concejal no adscrito Gerard Ardanuy se han abstenido y el PP ha votado en contra porque considera que la modificación es de dudosa legalidad y genera inseguridad jurídica.
La teniente de alcaldía Janet Sanz ha estimado que con esta iniciativa el parque público de vivienda asequible en Barcelona crecerá en unos 350 pisos al año y se contribuirá a desincentivar operaciones que faciliten la especulación inmobiliaria.
La alcaldesa Ada Colau, que ha anunciado el acuerdo junto a las entidades antes de reunirse con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha explicado en la rueda de prensa posterior que ha sugerido al president que extienda la medida de reservar el 30 % de las promociones de vivienda a VPO a toda Cataluña.
La modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) aprobada inicialmente hoy establece que las promociones residenciales de más de 600 metros cuadrados de techo construido tengan que destinar un 30 % de superficie a viviendas de protección oficial en régimen general y estarán sometidas al derecho de tanteo y retracto por parte del Ayuntamiento de Barcelona.
El gobierno municipal sostiene que con esta herramienta se garantizará la correcta distribución territorial del parque de viviendas protegidas.
Se evitará así que las VPO se concentren en determinados barrios periféricos donde ya hay vivienda protegida, ya que más del 50 % de las nuevas viviendas asequibles se ubicarán en barrios céntricos, que son donde más hace falta la vivienda protegida y donde se está sufriendo más la gentrificación y la expulsión de vecindario.
Según el Ayuntamiento de Barcelona, esta reserva del 30% garantiza la viabilidad económica de las operaciones privadas, ya que se tiene en cuenta el diferencial entre el precio del momento de la compra del solar o edificio y el precio del momento de la entrada en vigor de la norma.
En este sentido, la MPGM se aplicará a todas las nuevas licencias que se tramiten a partir de la aprobación definitiva, excepto las que ya estén en trámite antes de la aprobación inicial y las que acrediten transacciones hechas -compra de solar, por ejemplo- entre el 1 de julio de 2016 y la aprobación inicial.
Estos dos casos estarán exentos del 30 % si tramitan la licencia hasta dos años después de la entrada en vigor de la MPGM.
Los promotores que hayan hecho transacciones vinculadas a la nueva promoción entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016 deberán destinar un 20 % -en lugar del 30 %- de los pisos a vivienda protegida, siempre y cuando tramiten la licencia también en un máximo de dos años desde la aplicación de la normativa.
La comisión ha aprobado también, con el apoyo del Gobierno municipal, ERC, CUP y el concejal no adscrito Gerard Ardanuy y las abstenciones del PDeCAT, Cs y PSC y el voto en contra de PP, otra MPGM para tener derecho de compra preferente en edificios plurifamiliares, propiedades verticales, terrenos sin edificar, edificaciones en mal estado, viviendas sometidas al impuesto de viviendas vacías y viviendas protegidas de toda la ciudad.
