INTERNACIONAL
21/06/2018 14:52 CEST | Actualizado 21/06/2018 16:24 CEST

En EEUU medican a niños migrantes sin informar a sus padres

Las autoridades les suministran psicotrópicos para dormirlos, según confirman varios informes legales.

El personal que trabaja en nombre de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) está drogando con psicotrópicos y de forma rutinaria a niños migrantes sin el consentimiento de sus padres, según documentos legales.

Los funcionarios de la administración Trump han insistido reiteradamente en que la política de separación familiar que implementaron durante las últimas seis semanas es humanitaria. Pero la demanda en curso sobre el acuerdo de Flores, un acuerdo de 1997 que rige en parte la detención de niños migrantes que la Casa Blanca espera derrocar, alega una serie de malas prácticas en las instalaciones contratadas por la ORR.

Las acusaciones del uso de fármacos se encuentran entre las más inquietantes. Un niño citado en la demanda informó que tomó hasta nueve pastillas por la mañana y otras siete por la noche, sin saber cuál era el medicamento.

Me dijeron que si no tomaba el medicamento no podía irme.

"La ORR administra rutinariamente medicamentos psicotrópicos para niños sin autorización legal", se lee en un memorando presentado en la demanda el 16 de abril. "Cuando los jóvenes se oponen a tomar tales medicamentos, la ORR los obliga. La institución no requiere ni pide el consentimiento de un padre antes de medicar a un niño, ni recurre a autoridades legales para que lo consientan en lugar de los padres. En cambio, la ORR o el personal del establecimiento firman formularios de 'consentimiento' dándose a sí mismos la 'autoridad' para administrar fármacos psicotrópicos a los niños que se encuentran confinados ".

Loren Elliott / Reuters
Las acusaciones del uso de fármacos por parte de la ORR se encuentran entre las más inquietantes que ha recibido esta Oficina.

La mayoría de las denuncias atañen al Centro de Tratamiento Residencial Shiloh, en Manvel, Texas. Pero los abogados del caso Flores, que tienen acceso a los registros médicos de sus clientes, dicen que el problema es generalizado.

"No es específico de Shiloh", afirma Holly Cooper, una de los abogados que representan a niños en el litigio del acuerdo de Flores, sobre las acusaciones del uso de fármacos. Los abogados han visto el uso de medicamentos psicotrópicos en todas las instalaciones donde el gobierno federal tiene menores no acompañados, pero señalaron que los únicos casos de inyecciones forzadas que documentaron ocurrieron en Shiloh.

Un niño, identificado en los registros judiciales como Julio Z., asegura que el personal de Shiloh lo tiró al suelo y lo obligó a tomar medicamentos. Dice que vio cómo el personal le abría la boca a otro niño para obligarlo a tragar una pastilla. Cuando Julio Z. intentó rechazar la medicación, el doctor lo ignoró, cuenta.

"Me dijeron que si no tomaba el medicamento no podía irme", afirma Julio Z. según los registros judiciales. "Que la única forma en que podía salir de Shiloh era si tomaba las pastillas".

"A veces me ponen inyecciones a la fuerza", dijo otra niña, identificada como Rosa L. "Uno o dos empleados me sujetan los brazos, y la enfermera me pone una inyección".

A veces me ponen inyecciones a la fuerza.

Los medicamentos a menudo conllevan efectos secundarios graves. Julio Z. informó que engordó 20 kilos en cuestión de dos meses. La madre de una niña identificada en los registros judiciales como Isabella M. dijo que los medicamentos eran tan fuertes que su hija se caía todo el rato, incapaz de caminar.

El Shiloh Residential Treatment Center se negó a hacer declaraciones al respecto para la edición estadounidense del HuffPost, y remitió a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. La agencia no respondió de inmediato a las llamadas y correos electrónicos.

Normalmente, la ORR entrega a los menores no acompañados a un tutor, generalmente un padre o pariente. Pero, en cualquier caso, hay más de 200 niños que permanecen bajo custodia federal, ya sea porque la ORR no pudo encontrar un tutor o porque la agencia decide colocar a los niños en instalaciones protegidas o en centros de tratamiento residencial.

Los niños pueden terminar en centros residenciales de tratamiento debido a problemas de comportamiento o problemas de salud mental. Algunos de ellos sufren traumas severos o trastornos psiquiátricos que requieren atención médica, como el trastorno de estrés postraumático. De hecho, los psicotrópicos pueden servir para esos problemas, según declararon en el memorando los abogados del caso Flores.

Viola la ley y la "decencia común"

Pero los abogados también sostienen que suministrar medicamentos tan potentes sin el consentimiento de los padres viola la ley estatal de Texas, los términos del acuerdo de Flores y la "decencia común". Y las condiciones de detención probablemente agravan los problemas de salud mental que sufren los niños migrantes, según el decano de Trabajo Social de la Universidad de Texas, Luis Zayas, quien entrevistó a docenas de niños en centros de detención familiar.

Zayas pone en duda que la mayoría de los niños necesiten medicamentos, pero añade que podría justificarse después de una evaluación psicológica y pediátrica completa, e idealmente en consulta con los padres. No obstante, tanto las cárceles como los centros de tratamiento residencial han usado históricamente psicotrópicos para controlar el comportamiento de las personas.

Es realmente triste que nuestro gobierno y las agencias que contratan para llevar a estos niños hayan recurrido a esto.

"Es realmente triste que nuestro gobierno y las agencias que contratan para llevar a estos niños hayan recurrido a esto", denuncia Zayas al HuffPost.

Zayas identificó las siete píldoras nombradas en las presentaciones judiciales: Clonazepam, Duloxetina, Guanfacina, Geodon, Olanzapina, Latuda y Divalproex, como medicamentos utilizados para controlar la depresión, la ansiedad, el trastorno por déficit de atención, el trastorno bipolar, los trastornos del estado de ánimo, la esquizofrenia y las convulsiones. Los medicamentos inyectados no fueron identificados en los registros judiciales.

Lorilei Williams, una abogada que trabajó con más de una docena de niños encerrados en Shiloh, asegura que sus clientes recibían rutinariamente medicamentos sin el consentimiento de los padres y, a menudo, sin que los propios niños supieran el motivo. Los niños con los que trabajaba a menudo parecían hundidos y sufrían "un enorme aumento de peso en un período muy corto de tiempo", señala.

AFP PHOTO / US CUSTOMS AND BORDER PROTECTION / HANDOUT
Imagen de los niños inmigrantes retenidos en un Centro de Procesamiento de la Patrulla Fronteriza en McAllen, Texas (EE UU), cedida por ADUANAS Y PROTECCIÓN FRONTERIZA DE ESTADOS UNIDOS.

"Sospeché que los estaban medicando para hacerlos más sumisos y tenerlos más controlados", explica Williams al HuffPost, aunque no podría probar ese motivo oculto. "Mirar los medicamentos y saber si deberían o no tomárselos en realidad no era parte de mi trabajo, porque, como abogado, no tengo formación de ese tipo".

En cambio, Williams se centró en garantizar la liberación de los niños.

Pero el sistema de la ORR para dejar a los niños fuera de centros de tratamiento residencial o instalaciones seguras es a menudo opaco, según varios abogados que han representado a menores no acompañados bajo custodia federal.

Williams presentó una declaración jurada al juez que preside la demanda de Flores, que documentó un incidente que involucraba a un niño salvadoreño de 9 años que la Patrulla Fronteriza detuvo en 2011. Dos semanas más tarde, la ORR envió al niño al centro de Shiloh.

El niño sufría trastorno de estrés postraumático, trastorno por déficit de atención e hiperactividad y trastorno bipolar. Sus problemas psiquiátricos se debían en parte a que habían abusado sexualmente de él en El Salvador cuando era pequeño, luego había sido abandonado por su familia y acabó viviendo en la calle durante un año antes de llegar a los Estados Unidos.

A pesar de que sus padres, que vivían a pocas horas de distancia en Dallas, habían querido tomarle la custodia, la ORR se negó a liberarlo sin explicar por qué. Después de un año y medio detenido en Shiloh, la agencia lo liberó repentinamente, de nuevo sin explicación.

Los abogados que, como Williams, quieren impugnar las opacas decisiones de la ORR, disponen de pocos recursos porque su trabajo legal está financiado por la propia ORR, que según la ley federal exige prestar servicios legales a los niños bajo su custodia. La agencia desembolsa dinero al Instituto Vera, que a su vez subcontrata con una red de aproximadamente tres docenas de proveedores legales.

No obstante, tres abogados —incluida Lorilei Williams— presentaron declaraciones juradas ante el tribunal alegando que los grupos de asistencia legal los disuadieron de presentar un recurso de habeas corpus contra la Oficina de Reasentamiento de Refugiados para obtener la liberación de sus clientes. Los grupos supuestamente temían que pudiera poner en peligro los fondos que necesitaban para representar a los niños. "Siempre existía la amenaza inminente de que si hacía demasiado en contra de la ORR, perdería su financiación y no tendría acceso a los niños", declara Williams.

El Centro de Tratamiento Residencial Shiloh ha sido criticado en el pasado por denuncias de mala conducta grave, incluida la medicación violenta y el uso injustificado de restricciones físicas, un problema del que también se quejaron ante Williams los niños alojados allí. En 2011, los reguladores estatales cerraron otro centro de tratamiento residencial del empresario y presidente de Shiloh, Clay Dean Hill, después de que un niño muriera cuando estaba encerrado en un armario, según una investigación de 2014 del Houston Chronicle.

Otros dos niños murieron en centros establecidos por Hill después de ser retenidos, según una investigación de Reveal. El informe reveló que los albergues contratados por la ORR tenían registros de serias irregularidades, entre ellas abuso sexual y físico. Sin embargo, en los últimos cuatro años, continuaron recibiendo un total de 1.500 millones de dólares para alojar a niños migrantes.

The Chronicle también describe inyecciones forzadas de psicotrópicos, haciéndose eco de las acusaciones en el pleito de Flores. La ORR había eximido a Shiloh de su requisito normal de documentar cuándo administran medicamentos de emergencia, incluidas las inyecciones, según The Chronicle. La ORR no ha respondido por el momento a la solicitud del HuffPost preguntando si la exención sigue vigente.

Después de que se publicase este artículo, la congresista demócrata Sheila Jackson Lee apeló al Estado de Texas pidiendo el cierre de Shiloh. "Como mínimo, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. debe rescindir inmediatamente el contrato otorgado al Centro de Tratamiento Shiloh para proporcionar refugio y tratamiento a los niños no acompañados detenidos por la Patrulla Fronteriza", declaró Jackson en 2014.

Pero el refugio con fines de lucro siguió funcionando y a día de hoy todavía alberga a niños migrantes. En mayo de este año, Shiloh aún tenía 20 menores no acompañados bajo su cuidado, según el Texas Tribune.

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' EEUU y ha sido traducido del inglés.

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