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17/07/2018 07:34 CEST | Actualizado 17/07/2018 07:39 CEST

Las redes de ciudades españolas

PIXABAY
Barcelona.

Si hay algún contrapeso constitucional a lo que tenga de disperso e ineficiente el Estado Autonómico español, son las ciudades. Las ciudades en España son un poderoso instrumento articulador del territorio, no solo comunidad a comunidad, sino en la estructura de la península Ibérica, que constituye "la balsa de piedra" que concibió José Saramago como una isla a la deriva, con el acierto de imaginar un espacio rico y único, separado de los prejuicios internos y del nacionalismo de aldea.

Las ciudades españolas se ven en la obligación de hacer lo que el Estado no hace y de hacerlo mejor de lo que intenta hacerlo. Siempre van por delante en la cercanía, el compromiso y la voluntad de innovar la vida de los ciudadanos. Son el bastión de la soberanía municipal que consagra el artículo 140 de la Constitución Española (CE). Muchas veces son, también, quienes defienden las nuevas demandas ciudadanas, haciendo de contrapunto frente al poder re-centralizador de las autonomías consideradas como territorios titulares de derechos e identidades históricas más que discutibles.

Las ciudades españoles tienen innumerables deudas impagadas de la Administración Central

Un ejemplo significativo de la capacidad de las redes de ciudades es el de la que se ocupa, ante la ausencia del Estado, del clima y de la lucha contra el cambio climático. La incompetencia manifiesta del Gobierno de España ante el reto de afrontar los acuerdos de la Cumbre de París y la reducción de emisiones han obligado a que las ciudades sean las que establezcan políticas reales contra el calentamiento global. A la Red Española de Ciudades por el Clima se suman muchas otras, de Ciudades Saludables, Educadoras, de Ciudades y Territorios Creativos, de Ciudades Amigas de la Infancia, de Ciudades AVE, Red de Juderías y muchas otras, que impulsa la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que sigue sin decidirse a ser la impulsora de un cambio sustancial en las Diputaciones, que ningún partido quiere acometer. El Gobierno recién censurado ha sido un gran impulsor de la Red de Ciudades Inteligentes, a las que ha aportado el armazón para propiciar el "progreso sostenible" (sic) a través de las TICs, pasando del concepto de "sostenibilidad" al de "inteligencia" urbana. Desde 2012 hemos visto como nacía el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, el Comité Técnico de Normalización CTN178, que fijaba los parámetros de las mismas, el Plan Nacional de Territorios Inteligentes de 2017, focalizado en el turismo y los "destinos turísticos" inteligentes. La Agenda Digital se ha normalizado como si se tratara de ordenanzas municipales a través de instrumentos nacionales de subvención y subsidio a las ciudades empeñadas en acentuar su perfil de destinos turísticos, aunque lo sean de toda la vida, pero ahora con el señuelo añadido "inteligente" consiguen dinero.

La fecha mágica de las elecciones locales de 2019 obliga a hacer una reflexión autocrítica de la experiencia de 40 años en la gestión de la democracia local, plagada de luces y sombras

Las ciudades españoles tienen innumerables deudas impagadas de la Administración Central. Hay hipotecas de competencias "impropias" y también las hay de desidia o negligencia del Estado en asuntos como la pobreza, la vivienda o la energía. Pero las ciudades no están exentas de crítica. La fecha mágica de las elecciones locales de 2019 obliga a hacer una reflexión autocrítica de la experiencia de 40 años en la gestión de la democracia local, plagada de luces y sombras, de destellos de compromiso social y ambiental y de oscuros casos de despilfarro y corrupción. Hemos llegado a un punto en el que ya no se puede demorar una profunda revisión de su papel constitucional y de gobierno local. Eso afecta tanto a las regulaciones urbanas, las prioridades de calidad de vida, los accesos a servicios básicos, como a la salud, la vivienda, o el empleo y a todo lo turístico, incluidos los apartamentos, sea inteligente o estúpido. El año pasado tuvimos 81,8 millones de visitantes y cifras récord en vulnerabilidad y baja calidad de desarrollo productivo. Eso sí, envueltos en una parafernalia smart que da vergüenza ajena, oída en boca de desarrollistas convencidos, clásicos o emergentes, recién salidos de los yacimientos corporativistas de los fondos de inversión.

Pero la retórica de lo "sostenible" versus lo "inteligente" no debe ensombrecer el debate sobre cómo las redes de ciudades en España deben componer estrategias de cooperación interactiva comunes como alternativas al conformismo con la pérdida de oportunidades. Hacer sitio a la economía circular, al empleo verde, a la mitigación del cambio climático y, sobre todo, a la primacía de los derechos de las personas sobre los territorios, sean estos listos o tontos. Los territorios padecen tal pandemia de neo-lenguajes y retóricas de postverdades que necesitan una ducha fría.

El nuevo Gobierno hará bien en potenciar a las ciudades en red, y no tomadas una a una

Debemos realizar una crítica abierta que renueve el compromiso de las ciudades españolas con la democracia urbana, con el gobierno transparente, abierto y atento a las indicaciones de la ciudadanía. Una democracia deliberativa que produzca justicia donde el gobierno no llega, o no quiere llegar. La lucha contra la desigualdad no se va acometer si estamos solo pendientes de los signos, los símbolos y los nombres. El año 2019 es una oportunidad para transformar la economía de las ciudades y su gestión, que desgraciadamente no se renovaron ni en 2011, ni en 2015. Nuevos gestores, con experiencia y nuevas ideas hacen falta para crear un nuevo sistema de ciudades españolas basado en la cooperación, en la solidaridad y en la imaginación; para dar por concluida una etapa de competitividad, falsa rentabilidad, marcas de ciudad y marketing urbano. Etapa, por cierto, que nos ha dejado exhaustos, desahuciados de derechos, de prestaciones sociales, de calidad ambiental y de riqueza de la vida comunitaria. Las ciudades han de recuperar el papel y el prestigio que han comenzado a tener con las alcaldesas de cambio y sus compañeros de gestión local laica y decente.

El nuevo Gobierno hará bien en potenciar a las ciudades en red, y no tomadas una a una. Soluciones colectivas y concertadas con las ciudades, configuradas bajo las nuevas Agendas 2030, si quiere tener un interlocutor válido para el necesario cambio del modelo social, productivo y contra el calentamiento global seguido hasta ahora. Si fracasa, nos llenaremos de planes nacionales de inteligencia retórica y banal. Como los de los que nos han inundado hasta ahora de desigualdad creciente, inmersos en el pensamiento liberal y el turismo como únicas salidas.

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