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27/08/2018 07:49 CEST | Actualizado 27/08/2018 07:58 CEST

Moncloa dice que están en marcha "todos los mecanismos" para defender a la justicia española y a Llarena

Justicia espera que "en breve culminen los trámites para la contratación de un despacho de abogados en Bélgica".

AGENCIAS

El Gobierno ha anunciado este domingo que ha puesto en marcha "todos los mecanismos necesarios" para defender la soberanía jurisdiccional española en la demanda presentada en Bélgica contra el juez Pablo Llarena, entre los que se encuentra la contratación de un despacho de abogados de ese país.

El Ejecutivo ha indicado aa través de un comunicado que ha atendido todas las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial "hasta este momento" en relación a la demanda contra el juez del Tribunal Supremo para defender los intereses del país, y que atenderá las peticiones "de salvaguarda de la soberanía jurisdiccional española" que en el futuro pueda realizar el Poder Judicial.

Llarena, instructor de la causa abierta por el "procés", debe comparecer el 4 de septiembre en Bélgica a raíz de la demanda civil presentada allí contra él por el expresidente catalán Carles Puigdemont, que alegó que no respetó su derecho a la presunción de inocencia.

"El Ministerio de Justicia espera que en breve culminen los trámites para la contratación de un despacho de abogados en Bélgica en defensa de los intereses de España, en relación con la demanda presentada contra el juez Llarena por los políticos catalanes huidos a aquel país y encausados por el Tribunal Supremo", ha especificado el Gobierno.

El magistrado —recuerda la nota— ha solicitado amparo al Consejo General del Poder Judicial que, en Comisión Permanente, resolvió trasladar al Gobierno el pasado día 21 su petición para la adopción de "las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica".

Y "de manera inmediata", según el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia ha puesto dicha petición en manos de la Abogacía del Estado para poder contratar los servicios de un despacho de abogados que represente al Reino de España ante los tribunales belgas.

El Gobierno ha dado desde el principio una respuesta positiva y ha actuado con total diligencia en este asunto

"El Gobierno ha dado desde el principio una respuesta positiva y ha actuado con total diligencia en este asunto en los términos trasladados por el Poder Judicial y con arreglo a la legislación vigente", recalca la nota.

Este comunicado se produce después de que durante el fin de semana distintas asociaciones de jueces y fiscales, así como los partidos políticos, se hayan pronunciado sobre este asunto, en su mayoría reclamando al Gobierno que asumiese la defensa de Llarena.

La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales acusaron el pasado viernes al Ejecutivo de "dejación de funciones" en un comunicado conjunto en el que exigieron que asumiese la defensa de Llarena.

Múltiples peticiones

Estas asociaciones profesionales reaccionaron así después de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, asegurara que, aunque el Ejecutivo iba a defender la jurisdicción de España en la demanda civil contra el juez, el amparo legal y el apoyo al juez le corresponde al propio Poder Judicial.

Tras el comunicado conjunto publicado el viernes, la Unión Progresista de Fiscales ha instado este sábado al Estado a personarse en el procedimiento abierto en Bélgica para defender la inmunidad de jurisdicción de los tribunales españoles.

Finalmente, hoy Juezas y Jueces para la Democracia ha considerado que la actuación del Ministerio de Justicia en el procedimiento abierto en Bélgica a raíz de la demanda civil de Puigdemont contra el magistrado es "correcta y ajustada a derecho".

Partido Popular y Ciudadanos también han reclamado al Gobierno a lo largo del fin de semana que actuase en defensa del magistrado y han anunciado peticiones de comparecencia e iniciativas parlamentarias en este sentido.

De hecho, el Grupo Parlamentario Popular registrará este lunes en el Senado una moción para su debate y aprobación en la Comisión de Justicia, que exige al Gobierno que defiende "sin reservas" al juez Pablo Llarena "y a la soberanía española".

La iniciativa de los 'populares' reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez dar cumplimiento a las medidas solicitadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al estimar la petición de amparo promovida por Llarena, mediante la inmediata personación en el procedimiento en relación con la demanda presentada ante los tribunales de Bélgica contra el juez del proceso abierto contra Carles Puigdemont y los exconsejeros fugados.

En concreto, el grupo 'popular' pide al Gobierno que asuma "la defensa del magistrado afectado, que no es otra cosa que defender a la Justicia española en su conjunto".

Según ha asegurado el portavoz del GPP en el Senado, Ignacio Cosidó, el juez Llarena "siempre ha defendido la Constitución y al Estado español pese a las duras críticas de los secesionistas, adoptando una postura implacable contra el independentismo para frenar la mayor amenaza a la estabilidad de España en las últimas décadas".