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11/09/2018 12:39 CEST | Actualizado 11/09/2018 12:41 CEST

¿Se venderán las bombas a Arabia sí o no? ¿Mantendrá Navantia su contrato?

Los cambios de versión del Gobierno no tranquilizan en los astilleros gaditanos... ni en las ONG de defensa de los derechos humanos.

El príncipe Salman, heredero de Arabia Saudí; la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, y los trabajadores de Navantia en San Fernando, en una protesta.
REUTERS / EFE
El príncipe Salman, heredero de Arabia Saudí; la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, y los trabajadores de Navantia en San Fernando, en una protesta.

En el argumentario de la Administración Sánchez hay muchas cosas que parecían verdades sólidas antes de llegar a La Moncloa y que han cambiado -ligera o notoriamente- ahora que el poder lo tiene el PSOE. De las reformas de la Ley de Memoria Histórica al impuesto a la banca, pasando por las devoluciones en caliente de inmigrantes, por ejemplo.

El pasado lunes 3 de septiembre, con el inicio formal del curso político, la Cadena SER adelantaba una noticia muy esperada por la izquierda española y por decenas de ONG nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos: Defensa paralizaba la venta a Arabia Saudí de 400 bombas de precisión para atacar Yemen. Era un primer paso para desligarse del empleo de armamento patrio en un conflicto en el que Riad está masacrando a civiles, en su pelea particular contra los rebeldes hutíes, a los que denuncia como aliados de Irán. 10.000 muertos en tres años van, según las cifras más conservadoras; 50.000, ha publicado incluso The Washington Post.

Sin embargo, una semana más tarde ya no hay palmaditas en la espalda, sino preocupación: mensajes contradictorios lanzados por personas de diversas carteras del Gobierno, explicaciones poco firmes que no aclaran si sí o si no, enfado en quienes confiaron en la noticia y mucha incertidumbre en la planta de Navantia en San Fernando (Cádiz), donde tienen el encargo de hacer cinco corbetas para Arabia y donde se teme que, si se bloquea la venta de bombas, Riad tome represalias y se queden sin empleo.

A continuación te ofrecemos un repaso sobre cómo ha ido evolucionando este debate y las incógnitas que se siguen planteando tras este "donde dije digo, digo Diego".

La noticia: no hay venta

El 3 de septiembre, la SER contó que Defensa iba a paralizar la venta a Arabia Saudí de un primer paquete de 400 bombas de precisión, que se iban a usar con práctica seguridad en Yemen. El contrato inicial lo había firmado el anterior ministro de Defensa con el PP, Pedro Morenés, y ahora la nueva ministra, Margarita Robles, iba a dejar sin efecto el acuerdo y a devolver, obviamente, los 9,2 millones de euros que Riad ya había abonado por este material.

Tanto el derecho internacional como la la Ley de Exportaciones aprobada en 2007 en España contemplan plan prohibición de la venta de armas a países en conflicto con terceros.

La reacción: bueno, pero insuficiente

Las cuatro ONG españolas más activas en su petición al Gobierno para que cese la venta de armamento a Arabia (miembros de la campaña Armas Bajo Control: Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón) aplaudieron este primer paso de Defensa, un "cambio de tendencia" ante el que estaban "expectantes". Vía comunicados o con portavoces en medios de comunicación, explicaron que era un hecho importante, pero no se podía "bajar la guardia" hasta que, son seguridad, "las armas españolas no sirvan para alimentar conflictos y sufrimiento".

El martes, las ONG entregaron más de 69.000 firmas de personas que piden al Gobierno que pare inmediatamente la venta de armas a Arabia Saudí. Ese mismo día, representantes de las cuatro asociaciones acudieron a una reunión en la secretaría de Estado de Comercio para exponer sus peticiones. El Gobierno se comprometió a dar una respuesta antes de finales de septiembre sobre el cese de todas las exportaciones de armas a Arabia Saudí. Las ONG fueron más allá e instaron nuevamente a Sánchez a no vender armas tampoco a Israel, por su empleo contra población palestina inocente.

Nadie del Gobierno dijo entonces, en mitad de las alabanzas, que la información avanzada por la SER fuera incorrecta.

Primeras protestas...

El viernes, varios medios de comunicación plantean preguntas sobre si el hecho de romper el contrato de las bombas es la antesala de otra ruptura, la del acuerdo entre España y Arabia Saudí para que Navantia, en su astillero de San Fernando (Cádiz), construya cinco corbetas para Riad. Esto lleva a que los trabajadores de esta planta, que se encuentra en subactividad y que es un pilar económico en la zona de la bahía de Cádiz, salgan a la calle en defensa del contrato, de 1.800 millones de euros, y los puestos de trabajo que genera, unos 6.000 entre directos e indirectos.

Pancartas, cánticos, cortes de carretera... y un llamamiento, el de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz: "El Gobierno tiene que garantizar el empleo, el contrato y el horizonte de esperanza que la Bahía de Cádiz merece. En estos momentos es un elemento de bastante preocupación, y así se lo hemos trasladado al Gobierno, que cuanto antes tiene que encontrar una solución".

Se pone en marcha una maquinaria importante para frenar el malestar de estos trabajadores, que implica a la Junta, a la Delegación del Gobierno en Andalucía, a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y a los ministerios de Industria y Comercio, Defensa, Exteriores y la vicepresidencia. El mensaje es común: el encargo en Navantia no peligra. Lo de las bombas... eso es otro cantar.

... y primeras matizaciones

En el Consejo de Ministros de ese viernes, el papel de rectificadora le toca a la portavoz y titular de Educación, Isabel Celaá. "Hay una comisión interministerial que va a trabajar en ello, que se va a reunir para tratar estos asuntos, esa comisión llegará a resultados que participará dentro del Consejo de Ministros", dijo, de forma confusa, sin aclarar realmente qué pasaba con el contrato. Desde luego, no usaba el tono triunfal de quien ha tomado una decisión aplauda por sectores progresistas.

Personal de Moncloa tuvo que atender, acabada esa rueda de prensa, a los periodistas que no sabían si titular una cosa o la contraria, tanta era la confusión. Dijeron que el anuncio de se anulaba la venta de armas era una declaración de intenciones que todavía tiene que pasar por la discusión de una comisión de varios ministerios y someterse a distintos matices.

Celaá añadió que el Ejecutivo está tratando de "encontrar una solución satisfactoria para todas las partes", que pase por "mantener buenas relaciones con Arabia Saudí" y al mismo tiempo asegurar la carga de trabajo de los astilleros en Cádiz.

Lo que no dijo, en ningún momento, es si han recibido amenazas por parte de Riad, si les han dicho que anulando el encargo de bombas, ellos responderán anulando las corbetas. Ése es el miedo que tienen en el astillero de Navantia.

La ministra no arroja luz

Con el fin de semana de por medio, se esperaba con ansia la intervención de la ministra de Defensa, ayer, en el Senado. Sin embargo, tampoco aclaró nada. Evitó aclarar si venderá las bombas a Arabia Saudí, aunque lo desvinculó del contrato de las corbetas.

Margarita Robles equiparó las 400 bombas con el resto de programas que no han sido impulsados desde el Gobierno socialista en los 100 días que lleva al mando, tras la moción a Mariano Rajoy. "Está en trámite de estudio, paralizado, parado, como ustedes quieran llamarlo... La obligación del Ministerio de Defensa es estudiar todos y cada uno de los contratos, sean de satélites o de venta de bombas a determinados países", dijo. Por esa regla de tres, todo estaría cuestionado en este instante.

"A quien está transmitiendo ese mensaje a los trabajadores de Navantia o en cualquier parte del mundo lo que está haciendo es incurrir en una irresponsabilidad política. Y no quiero pensar que sea de carácter electoralista", denunció, desligando ambos asuntos.

Sobre posibles amenazas de Riad, tampoco hubo declaraciones.

Las ONG redoblaron, en paralelo, su presión, remitiendo una carta abierta al Ejecutivo en la que piden que prohiban la venta de las 400 bombas si se determina que uso sirve para violar los derechos humanos. De hecho, ese contrato supone apenas el 1% de todo el armamento que España vende a los saudíes.

Calendario de movilizaciones

Este martes, los empleados de Navantia en San Fernando llevan en la calle desde que amaneció, para decidir qué medidas de presión toman ante la posibilidad de perder el contrato. "Es un escenario que no nos podemos permitir. Vamos a luchar con uñas y dientes", dice el comité de empresa.

Ya ha habido cortes de carreteras y se estudiará la convocatoria de jornadas de huelga y de concentraciones ante las sedes de los partidos políticos en la zona, además de una cadena de solidaridad en las instalaciones de Navantia en otros puntos de España.

La situación merece "una movilización contundente" porque, opinión del presidente del comité de empresa de Navantia San Fernando, Jesús Peralta, la ministra de Defensa "no ha entendido" que las posibles consecuencias de una suspensión del contrato con Navantia, en represalia por la suspensión de la venta de bombas, "sería el primer paso de un efecto dominó" que afectaría a otros muchos importantes contratos que empresas españolas mantienen con Arabia Saudí. "No es de recibo que un contrato consolidado de buenas a primeras corra peligro ante unas declaraciones totalmente desafortunadas de una señora", ha añadido en declaraciones a EFE.

Un compromiso integral

Está por ver en qué queda aquel primer anuncio de Defensa. Porque, aparte del enfado que haya podido causar en el gabinete la actitud de Robles y su gente, no hay que perder de vista que el compromiso de romper lazos con Riad viene de más arriba: el 13 de agosto, el Gobierno anunció que revisaría las condiciones de venta de armamento y otro material de defensa a los países de la coalición que lidera Arabia Saudí tras un ataque aéreo perpetrado en Yemen en el que murieron más de 40 niños que iban en autobuses escolares.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo dijo que conpartía la "preocupación" de la ONU por esos ataques. "El dolor de sus familias se añade a la gigantesca tragedia humanitaria que sufre este país", lamentó.

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