POLÍTICA
17/09/2018 12:14 CEST | Actualizado 17/09/2018 22:09 CEST

Sánchez propone una reforma de la Constitución para limitar los aforamientos

El Gobierno la planteará ante el Congreso de los Diputados y espera aprobarla en 60 días.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo va a proponer a la Cortes una reforma de la Constitución para suprimir los aforamientos, que "entrará en vigor en tan solo 60 días desde que se anuncie su tramitación en el Congreso de los Diputados".

A lo largo del día, desde La Moncloa se ha rebajado esta propuesta limitándola a los cargos electos y en relación a actividades que no tengan que ver con la actividad política. El aforamiento es el privilegio que tienen ciertas personas, por su cargo o profesión, de ser juzgados por un tribunal superior y no por el que les correspondería como ciudadanos.

Sánchez ha hecho este anuncio durante un acto organizado bajo el título Avanzamos, en el que ha ofrecido un balance de los primeros cien días del Gobierno socialista y ha pedido "altura de miras" al resto de grupos parlamentarios.

El presidente ha enmarcado este anuncio dentro del mensaje "de calado político" de la moción de censura de que España "es reformable" y la necesidad de atender las demandas de la sociedad sobre ejemplaridad y la igualdad entre ciudadanos y representantes. En su opinión, hay preceptos del pasado en política que no tienen sentido en este "cambio de época".

Esta medida tiene por objeto, según Sánchez, "que los ciudadanos vuelvan a creer en la política", una cuestión que considera que debe ser el "reto común" de todos y cada uno de los partidos.

Esto acto se produce tras una semana negra para el Ejecutivo que acabó con la dimisión de Carmen Montón como ministra de Sanidad y con la polémica sobre la tesis de Sánchez, puesta en duda por Albert Rivera (Ciudadanos).

El presidente ha avanzado esa reforma para "suprimir", pero posteriormente Moncloa ha precisado que afectará a los cargos públicos electos y en casos que no guarden relación con el desempeño de su labor. Además, no se contempla incluir a los miembros de la casa real ni a los magistrados.

Fuentes de Moncloa explican que se suprimirá el aforamiento de los cargos públicos (Gobierno, diputados y senadores) "salvo en el ejercicio estricto de sus funciones durante la duración del cargo". Para ello se modificarán los artículos 71.3 y 102.1 de la Carta Magna.

También, han especificado desde Moncloa, será necesario modificar otras leyes, como la del Poder Judicial, para precisar el alcance del aforamiento de los titulares de otros cargos y funciones como jueces, fiscales, defensores del pueblo o responsables del Tribunal de Cuentas.

Una vez limitados los aforamientos en la Constitución, añaden fuentes del Gobierno, "no tiene sentido que se mantengan en las comunidades autónomas".

Los aforados en España

El aforamiento está recogido en el artículo 102 de la Constitución para los miembros del Ejecutivo, que establece que "la responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".

En el caso de diputados y senadores, se recoge en el artículo 71 de la Carta Magna: "En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo". Además, la Carta Magna recoge la inviolabilidad del rey y también están aforados la reina Letizia, los monarcas eméritos y la princesa de Asturias.

En esta condición entran también a los miembros del ámbito judicial y los cargos autonómicos recogidos en los estatutos de Autonomía. También los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad tiene un aforamiento parcial. Esto lleva a sumar en torno a unas 250.000 personas con esta condición.

Este anuncio llega en un momento en el que se ha elevado la tensión política sobre la ejemplaridad por las polémicas sobre los másters de diferentes políticos. Un debate sobre los privilegios que ha encendido a la calle y a los propios partidos. En unas semanas el Tribunal Supremo deberá decidir si imputa al líder del PP, Pablo Casado. El caso ha sido enviado por la jueza del caso Máster al Alto Tribunal al no ser competente para enjuiciar al popular.

Los matices de Moncloa: para cargos electos y no jueces y la familia real

En conversación informal con la prensa al terminar el acto, la vicepresidenta, Carmen Calvo, ha explicado que la reforma que presentarán afectaría sólo a los cargos públicos electos, que perderían el aforamiento sólo para aquellas actuaciones que no guarden relación con el ejercicio de su cargo. Para aquellas actividades vinculadas a su función de representantes públicos, mantendrían el aforamiento, según Europa Press.

Es decir, el Ejecutivo no está pensando en eliminar el aforamiento que actualmente disfrutan los miembros de la Familia Real -al margen del rey cuya figura es inviolable- ni el que tienen los magistrados, sino que se limitaría a afectar a diputados y senadores.

Varios miembros del Gobierno apuntan que los términos concretos de la reforma habrán de pactarse con las fuerzas políticas, dado que la reforma requiere para su aprobación el apoyo de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se buscará mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de diputados y senadores, que presentaría un texto para que lo votara Congreso y Senado. Si tampoco así se consiguiera el consenso, el Congreso podrá aprobar la reforma por mayoría de dos tercios, pero siempre y cuando tenga el apoyo previo de la mayoría absoluta del Senado.

Es decir, que para llevar a cabo la reforma que propone Sánchez se precisa sí o sí el respaldo del PP, por eso en el equipo más próximo del presidente en La Moncloa hay quien apunta que quizás fuera necesario aclarar en una disposición transitoria si la eliminación del aforamiento de diputados y senadores afectaría también a quienes, como en el caso de Pablo Casado, tienen una causa abierta en el Supremo.

Las reacciones

El primer partido en posicionarse ha sido Podemos, que la ha respaldado pero ha dicho que la reforma debería ir más allá y abordar también otros cambios como la "inviolabilidad" del rey, el blindaje de los derechos sociales o la cuestión territorial.

También se ha referido al asunto el secretario general del PP, Teodoro García, que ha calificado la propuesta del presidente del Gobierno de "cortina de humo" para desviar la atención de otras cuestiones y facilitar que los "golpistas" catalanes "escapen" del Tribunal Supremo.

En rueda de prensa tras el comité de dirección, García Egea ha reclamado a Sánchez que aclare cuál es su propuesta porque cree que "no quiere" que el Tribunal Supremo siga juzgando al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros políticos independentistas, sino que los juzgue uno ordinario en cumplimiento de su "pacto oculto" con los nacionalistas para llegar a la Moncloa.

El PP considera importante que sea una "reforma global" que implique los aforamientos de los políticos autonómicos, y no solo con una reforma de la Constitución, por lo que debe incluir los estatutos para que afecte a personas como la presidenta de Andalucía, Susana Díaz.

¿Qué es ser aforado?

La condición de aforado supone que una persona, por su cargo o profesión, es juzgada por un tribunal superior y no por el que le correspondería como ciudadano.

El aforamiento en la Constitución afecta a la Casa real, al presidente y los miembros del Gobierno y a los diputados y senadores. Además, se aplica los miembros del ámbito judicial en virtud de la Ley Orgánica del Poder Judicial y a los cargos autonómicos recogidos en los estatutos de autonomía. También las fuerzas y cuerpos de seguridad cuentan con un aforamiento parcial.

En total, en España hay sobre 250.000 aforados, según los datos aportados el año pasado en el Congreso por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Algo más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos, cinco de la Familia Real y el resto -17.603- pertenecen a instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas (políticos, miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, integrantes de órganos como el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, Defensores del Pueblo estatal y autonómicos...).

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