Sánchez necesita al PP para reformar la Constitución

La reforma de la Constitución para eliminar los aforamientos que quiere el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, necesitará el apoyo del PP para salir adelante, según la propia Carta Magna, que fija mayorías de tres quintos en ambas cámaras para su aprobación y da un papel clave al Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta.

Según el artículo 167.1 de la Constitución, los proyectos de reforma constitucional deben aprobarse en una primera votación por una mayoría de tres quintos de ambas Cámaras, es decir, 210 de los 350 diputados del Congreso y 160 de los 266 de los senadores.

Para lograr esa mayoría en el Congreso, Sánchez necesita el apoyo no sólo de los grupos que respaldaron la moción de censura, que obtuvo 180 votos a favor -PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias-, 169 en contra -PP, Ciudadanos, UPN y Foro- y la abstención de Coalición Canaria.

No obstante, llegaría a los 210 sumando los 30 diputados de Ciudadanos, que son favorables a esta reforma.

El muro del Senado

En ese caso, pasaría al Senado, y allí podría encontrarse el freno del PP, que tiene mayoría absoluta y puede impedir su aprobación.

La Constitución prevé que, si no hay acuerdo entre ambas Cámaras, "se intentará obtenerlo mediante la creación de una comisión de composición paritaria de diputados y senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado", aunque el actual clima político no parece propiciar el acuerdo con el PP.

Si aun así no se logra su aprobación, el artículo 167.2 de la Constitución establece que pueda aprobarse por una mayoría de dos tercios del Congreso, pero siempre y cuando el texto haya obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado.

El referéndum sobre la reforma

En cualquier caso, aprobada la reforma deberá ser sometida a referéndum si lo pide una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Esto daría a Podemos la capacidad de forzar un referéndum para ratificar esa reforma, ya que tiene 67 diputados, más de 35, que es el número mínimo para poder plantear esa exigencia.

Algo que no sería descartable, ya que en varias ocasiones Podemos ha insistido en que una reforma constitucional debería pasar siempre por un referéndum en el que decidan todos los ciudadanos y no limitarse a un pacto entre partidos, como ocurrió con el artículo 135 de la Carta Magna modificado tras el acuerdo entre PP y PSOE.

Hoy mismo Podemos ha acogido con buenos ojos la reforma para suprimir los aforamientos políticos, pero ha anticipado que, si se va a "tocar" la Constitución, habría que ser exigente y abordar temas pendientes, como el blindaje de los derechos sociales y la inviolabilidad del rey.

La reforma planteada por Sánchez no requiere de la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, como sería una reforma agravada de las que afectan a asuntos como los derechos y deberes fundamentales, la soberanía nacional o la Corona, entre otros.

En la Constitución sólo están reseñados los aforamientos políticos, esto es, del presidente del Gobierno, los miembros del Ejecutivo, los diputados y senadores.

El caso de jueces y la casa real

En principio, la reforma que propone el Gobierno no afectaría, por tanto, a jueces y fiscales, miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Cuentas, que son aforados según lo establecido en otras leyes de menor rango y que seguirán manteniendo esta condición.

En el caso de la casa real, en junio de 2014 el Congreso aprobó una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para extender el aforamiento a Juan Carlos I, la reina Letizia, la reina Sofía y la princesa de Asturias, una vez que el rey emérito abdicó y perdió así la inviolabilidad. Inviolabilidad que mantiene, según la Constitución, el rey Felipe VI.