Por qué amenaza EEUU a la Corte Penal Internacional

Estados Unidos ha retomado su guerra contra la Corte Penal Internacional (CPI). Volviendo a los tiempos más negros del mandato de George W. Bush, terribles para el Alto Tribunal, ahora el presidente Donald Trump vuelve a la carga, denostando su trabajo y amenazando con consecuencias apocalípticas si alguna de sus investigaciones osa tocar un pelo de un norteamericano o de alguno de sus aliados (léase Israel).

Lo que ha indignado a la Casa Blanca es la posibilidad de que la CPI investigue supuestos crímenes de guerra cometidos en Afganistán, un país donde EEUU encabezó la coalición que depuso a los talibanes en 2001 y donde aún sigue: cuenta con 14.000 soldados desplegados. También enfada a los republicanos el debate interno preliminar sobre si la Corte indagará o no en la ocupación de Palestina (unos 600.000 colonos en el este de Jerusalén y Cisjordania) y en la muerte de civiles en Gaza, como ha pedido la Autoridad Nacional.

¿Pero qué se quiere investigar?

La fiscal jefe de la CPI, la gambiana Fatou Bensouda, pidió permiso en noviembre de 2017 para abrir una investigación formal sobre los supuestos crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en la guerra de Afganistán entre 2003 y 2006. Algunos de sus perpetradores pueden ser soldados estadounidenses que formaban parte de dicha misión. Además, se propone una investigación sobre las actividades desarrolladas por miembros de la CIA en suelo de Afganistán, Polonia, Rumanía y Lituania; en estos tres últimos países, se indica, pueden haberse instalado cárceles secretas.

Pero el foco no sólo se pone en EEUU sino que el informe preliminar señalaba también "a los talibanes, grupos armados afiliados [hay no menos de 20 clanes yihadistas en la zona], y a las autoridades, como presuntos autores de iguales delitos".

"Existen razones para creer que la apertura de esta investigación servirá a los intereses de la justicia, teniendo en cuenta la gravedad de los presuntos crímenes", entre los que se incluyen el asesinato indiscriminado de civiles, las detenciones ilegales, el secuestro, la tortura, o el empleo de niños soldado, entre otros. La idea es "velar por los intereses de las víctimas", 17 años después del inicio de la contienda y en un momento de inestabilidad creciente.

Ahora, en unas semanas, la CPI tiene que pronunciarse sobre si abre o no esa investigación reclamada por Bensouda. Y de ahí viene el malestar de Washington.

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Los argumentos y las amenazas de EEUU

El encargado de transmitir la postura oficial de EEUU ha sido el principal asesor de Seguridad de Trump, John Bolton, un halcón que ya fue embajador ante la ONU con Bush hijo. "No cooperaremos con ellos (...). Dejaremos que la CPI se muera sola. Al fin y al cabo, en la práctica, la CPI ya está muerta para nosotros", sentenció días atrás ante la Federalist Society, una organización conservadora en Washington.

Su argumento esencial es que ningún "burócrata extranjero" va a enjuiciar a un norteamericano -"patriotas estadounidenses", los llama- y que ninguna otra nación va a "dictar" las "normas de autodefensa" de los Estados Unidos. "En términos seculares, no reconocemos ninguna autoridad superior a nuestra Constitución", resume, hasta metiendo a Dios por medio.

Va más allá y acusa a la corte de La Haya de ser "ineficaz", "irresponsable" y "francamente peligrosa para Estados Unidos, Israel y otros aliados". Entiende que es un tribunal "ilegítimo", que plantea "enjuiciamientos injustos" y ante la que, por tanto, hay que proteger "con todos los medios necesarios" a los norteamericanos.

Denuncia Bolton que desde su creación, en 2001, ha gastado más de 1.500 millones de dólares (cerca de 1.300 millones de euros) y "sólo" ha emitido ocho condenas y que, pese a ello, "no ha contenido" las violaciones de derechos humanos en el planeta. Cita expresamente los casos de la República Democrática del Congo (RDC), Sudán, Libia o Siria.

El asesor del magnate neoyorkino no sólo ensucia la imagen de la CPI sino que amenaza a sus miembros, por si deciden dar el paso e investigar. Ha anunciado que vetará la entrada en EEUU a sus jueces y fiscales si se llega a ese punto, promete que serán procesados por el sistema penal del país y sancionarán los fondos de la Corte y sus trabajadores en el sistema financiero estadounidense. "No nos vamos a quedar sentados", prometió.

Si algún país se atreve a cooperar en alguna investigación que afecte a Washington, se "tomará nota", igualmente, "para determinar la asistencia económica, militar y de inteligencia" que se le suministra. Si se le cierra el grifo, hablando claro.

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Uno sí es firmante, el otro no

En el año 2002, George W. Bush retiró la firma de EEUU del Estatuto de Roma, la carta fundacional de la Corte Penal Internacional. Por tanto, Washington no se siente vinculado por las decisiones que pueda tomar el tribunal, tanto a la hora de abrir investigaciones como de condenar a los responsables de estos crímenes.

Sin embargo, EEUU actuó en Afganistán, que sí es uno de los 123 países que han avalado el Estatuto de Roma. Un fiscal de La Haya puede abrir sus propias investigaciones sin permiso de los jueces siempre y cuando impliquen un país miembro, en este caso Afganistán. Es decir, pese a que EEUU se dice fuera, la corte tiene todo el derecho a indagar sobre sus actos porque afectaron a un estado protegido por su jurisdicción. Este estatuto indica que si se emite una orden de detención contra un sospechoso y se encuentra en alguno de los países que son parte del tribunal, las autoridades de ese estado tienen la obligación de arrestarlo y llevarlo a La Haya.

Por eso EEUU, en los últimos 18 años, ha hecho de todo para blindarse ante esta justicia internacional. Por ejemplo, ha firmado acuerdos bilaterales de inmunidad con países amigos para que desoigan esa petición de detención, si se produce. Como recuerda la Agencia EFE, en agosto de 2002, en mitad de la llamada guerra contra el terror, ase probó además la Ley de Protección de Miembros en Servicio, rebautizada por algunas ONG como "Ley de invasión de La Haya", que establecía el uso de la fuerza en el caso de que un estadounidense terminase bajo custodia de la CPI en Holanda.

El demócrata Barack Obama suavizó un poco esa oposición a la CPI en sus mandatos (2009-2017), frenando esos pactos país a país para violar la letra del Estatuto de Roma, dotando al Departamento de Estado de más medios para buscar información sobre fugados de la justicia internacional y mejorando la Oficina de Justicia Penal Global, que Trump, recuerda la agencia, ha amenazado con cerrar, aunque no lo ha hecho aún.

Todo esto, cuando Washington fue uno de los principales impulsores de la CPI...

El amigo de Israel

¿Y por qué se queja EEUU de que también quieran investigar a Israel? Pues porque es su "aliado máximo", como lo llama Trump, porque sus intereses son idénticos y porque van de la mano en el intento de lograr minimizar las aspiraciones del pueblo palestino. Todo entra dentro de la misma campaña: el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel y el traslado de su embajada desde Tel Aviv a la Ciudad Santa, el apoyo al estado judío, el recorte de fondos a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), el intento de imposición de un acuerdo de paz que dinamita 25 años de negociaciones cuidadosas y la salida de la Casa Blanca del acuerdo sobre el Irán nuclear.

El 11 de septiembre, EEUU anunció el cierre de la misión de Palestina en Washington, dedicada a cuestiones comerciales y consulares. Oficialmente, lo hacen para castigar a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) por su "inacción" y por no participar en las negociaciones del plan de paz que ha diseñado Jared Kushner, asesor de Trump, esposo de su hija Ivanka, judío con intereses en colonias de Israel. Sin embargo, también han tenido que reconocer su "preocupación" por el hecho de que Palestina pidiera en mayo a la CPI abrir "una investigación inmediata" sobre los "asentamientos" israelíes y "la actuación del Ejército israelí" en las últimas protestas en Gaza.

En 2015, recuerda el diario israelí Haaretz, el Congreso de EEUU dio orden de que se cerrara la delegación palestina si alguna vez la OLP "influía" en la apertura de una investigación contra Tel Aviv. Aún no hay ninguna investigación oficial abierta, pero la mera denuncia ya les asusta. De hecho, EEUU planea incluso presionar en el Consejo de Seguridad de la ONU para restringir los poderes de la Corte e impedir que toque a sus protegidos.

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Las reacciones

La CPI no ha querido valorar la andanada de Bolton. "No comentamos sobre declaraciones políticas cualquiera que sea su procedencia. La Corte Penal es una instancia imparcial que se rige por su Estatuto, y no toma partido en ninguno de sus casos", dijo el lunes pasado Fadi el Abdallah, su portavoz.

Reuters cita a fuentes de la institución, que añaden que la corte mantiene su "compromiso" con su labor, desde la "independencia y la imparcialidad", que se mueve dentro del marco legal del Estatuto de Roma y que se siente "vinculada" a los países que la refrendan.

Los países amigos de EEUU han preferido no meterse en este berenjenal, a la espera de lo que se decide en estos días. Desde la Unión Europea, la jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, dijo sucintamente que "la UE continuará apoyando de forma firme y completa a la CPI y su labor".

¿Por qué es importante la CPI?

La Corte Penal Internacional es un instrumento importante para impartir justicia universal porque se creó para enjuiciar delitos que desbordan a un estado, los mayores crímenes imaginados: los de guerra, los de lesa humanidad y los genocidios.

Fue creada por iniciativa de Naciones Unidas el 17 de julio de 1998, mediante el Estatuto de Roma, y entró en vigor el 1 de julio de 2002. "El nacimiento de una jurisdicción independiente constituye un paso histórico hacia la universalización de los derechos humanos", dijo el entonces secretario general de la ONU, el ghanés Kofi Annan. Tiene su sede en La Haya y formalmente es un organismo internacional independiente, que no forma parte de la estructura de las Naciones Unidas, con la que firmó un acuerdo que regula la cooperación entre ambas instituciones. Se financia principalmente a través de los Estados miembros, pero también con aportaciones voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales, particulares, sociedades y otras entidades.

Ya se habían celebrado juicios internacionales sobre estas materias antes de la existencia de la CPI, como los de Núremberg y Tokio, sobre crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, y en los 90 se crearon los tribunales penales internacionales para la exYugoslavia y Ruanda. Todo estaban circunscritos a conflictos específicos. La aportación de la CPI es que se trata de una corte estable, permanente y con visión mundial.

Actualmente son 123 los Estados que han ratificado el Estatuto de Roma, pero quedan otros 60 que no lo han hecho –entre ellos Estados Unidos, Rusia, China, India e Israel–.

Sus logros

La primera orden de arresto de la CPI contra un presidente en ejercicio se produjo el 4 de marzo de 2009 contra el sudanés Omar al Bashir, por crímenes de guerra y lesa humanidad contra la población civil de la región de Darfur entre 2003 y 2008. La segunda fue contra el líder libio Muamar al Gadafi, y se archivó tras su muerte durante la revuelta que lo derrocó en 2011.

Por su parte, la primera sentencia condenatoria llegó en 2012, cuando la Corte impuso una pena de 14 años de prisión a Thomas Lubanga, exdirigente de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, por el reclutamiento y utilización de niños y niñas soldados en la región de Ituri (República Democrática del Congo, RDC) entre septiembre de 2002 y agosto de 2003. En 2016, la CPI impuso 18 años de cárcel a Jean-Pierre Bemba Gombo, exvicepresidente de la RDC y exjefe militar del Movimiento para la Liberación del Congo, por crímenes de guerra y de lesa humanidad –incluidos asesinatos, violaciones como arma de guerra y pillaje– cometidos en 2002-2003 en la República Centroafricana.

En 2016 se registró también la primera condena por destruir patrimonio cultural: el yihadista Ahmad Al Mahdi Al Faqi, alias Abu Turab, recibió una pena de nueve años de prisión por la destrucción de nueve mausoleos y una mezquita en Tombuctú (Mali) que eran patrimonio de la humanidad; en tanto que "objetivos religiosos, no militares", se consideró crimen de guerra.