ECONOMÍA
05/10/2018 14:12 CEST | Actualizado 05/10/2018 16:39 CEST

El Gobierno amplía las coberturas para el bono social eléctrico

Lanza medidas para abaratar la factura.

EFE

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un plan de medidas para ampliar las coberturas del actual bono social eléctrico, incluyendo a las familias monoparentales y recogiendo la prohibición de cortar el suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años, y así como para abaratar la factura de la luz, ante la espiral alcista de los últimos meses en el precio de la electricidad.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, destacó que el objetivo de esta nueva norma es ofrecer cobertura a los consumidores vulnerables durante los próximos meses de invierno "mientras se construye una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética".

El real decreto-ley de Medidas Urgentes hace extensiva esta medida de prohibir el corte de luz, considerado un suministro esencial, también para los hogares donde resida al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior.

De igual modo, se aplicará cuando viva en la vivienda al menos una persona en situación de dependencia en grado II y III.

Estas circunstancias, que deberán evaluarse y acreditarse mediante certificados expedidos por los servicios sociales, no estaban contempladas en la anterior regulación del bono social eléctrico que aprobó hace casi un año el anterior Gobierno.

Asimismo, con el objetivo de que más familias monoparentales puedan acceder al bono social, se han establecido por el Ejecutivo criterios de renta específicos para estos colectivos, más susceptibles al riesgo de pobreza energética, especialmente en el caso de las mujeres, considerando que el 85% de los hogares monoparentales tienen al frente a una madre.

Así, el umbral de renta máximo para que una familia monoparental pueda acceder al bono social se incrementará en 0,5 veces el IPREM respecto al de las familias biparentales.

Autoconsumo

Además, el Gobierno ha aprobado un real decreto-ley de medidas contra la pobreza energética que deroga el cargo que se imponía a los autoconsumidores por la energía generada y consumida en la propia instalación, lo que se ha venido conociendo como 'impuesto al sol'.

El Gobierno ha decidido eliminar, además, otras barreras que, a su juicio, dificultaban y desincentivaban la implantación del autoconsumo eléctrico en España.

Entre las medidas expuestas por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, están la simplificación de los trámites burocráticos y técnicos para las instalaciones de autoconsumo y la eliminación de la obligación de que las no superiores a 100 kilovatios (KW) se inscriban en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica.

También reconoce el derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores, lo cual permitirá aprovechar las economías de escala, así como el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin peajes ni cargos.

Impacto del 4%

Por otro lado, el Ejecutivo ha decidido suspender durante seis meses, coincidiendo con los meses de mayor demanda eléctrica, los impuestos sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, del 7 %, y de hidrocarburos para la producción eléctrica, con el fin de abaratar el precio del recibo de la luz.

Según la ministra, la eliminación temporal de estos impuestos tendrá un impacto del 4 % en la factura de los consumidores domésticos.

Estrategia nacional contra la pobreza energética

La normativa fija como prioridad del Ejecutivo la lucha contra la pobreza energética, que afecta a unos 4,6 millones de personas. Así, en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, el Gobierno presentará una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que establecerá objetivos, en el medio y largo plazo, y un marco de acción estable para su erradicación.

En su elaboración se contará con las comunidades autónomas y entidades locales, las asociaciones de consumidores, los representantes del tercer sector y las empresas energéticas.

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