INTERNACIONAL
25/10/2018 11:35 CEST | Actualizado 25/10/2018 11:36 CEST

Amnistía Internacional denuncia que 130.000 funcionarios turcos esperan la revocación de su despido arbitrario

Fueron represaliados de forma arbitraria por su supuesta relación con el fallido golpe de Estado del verano de 2016.

Anadolu Agency via Getty Images
Recep Tayyip Erdogan, ayer, durante una convención en Ankara.

Más de 130.000 trabajadores del sector público en Turquía despedidos de forma "arbitraria" en la purga llevada a cabo tras el fallido golpe de Estado de 2016 están a la espera de que las autoridades revoquen su suspensión de empleo, denunció hoy Amnistía Internacional (AI). En un informe presentado en Estambul, la ONG critica también a las instituciones europeas por su falta de crítica ante la situación descrita.

El documento recuerda que bajo el estado de emergencia impuesto tras la asonada en julio de 2016 y que se mantuvo vigente durante dos años, los funcionarios podían ser despedidos mediante decretos presidenciales.

Actividades como depositar dinero en un determinado banco, descargar una aplicación móvil concreta o pertenecer a un sindicato específico que el gobierno considera vinculado a organizaciones terroristas bastaban para suspender al empleado.

"Fueron despidos arbitrarios. Estos empleados vieron que de repente sus nombres aparecían en una lista de personas con vínculos con organizaciones terroristas y perdieron su derecho a trabajar en el sector público", indicó Andrew Gardner, representante de AI en Turquía, en rueda de prensa en Estambul.

Estos empleados vieron que de repente sus nombres aparecían en una lista de personas con vínculos con organizaciones terroristas y perdieron su derecho a trabajar en el sector público

Si bien en enero de 2017 se estableció una comisión para estudiar solicitudes de revocación, más del 90 por ciento de los afectados no ha logrado aún recuperar su trabajo, según Amnistía. Sólo 2.300 han sido readmitidos como funcionarios, y en proceso hay 36.000 del total de 125.000 solicitudes presentadas.

AI describe la apelación como un "proceso kafkiano" y opaco, en el que es difícil defender una inocencia al no disponer de una acusación clara de "vínculos con organizaciones terroristas". "No vemos que los juzgados administrativos estén capacitados para gestionar estas solicitudes. Necesitamos un proceso transparente", subrayó.

La ONG critica además que los pocos que han sido readmitidos oficialmente, en la práctica difícilmente recuperan el puesto que tenían antes, sino que "la mayoría son asignados a cargos de rango inferior".

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Y Europa... oyendo llover

Por otra parte, Gardner lamentó la pasividad de las instituciones europeas ante la situación. "El Consejo de Europa ha participado en este falso imaginario en el cuál la comisión de apelación turca funciona", advirtió.

"Deberían pedir que hubiera un proceso real. Muestran una actitud de renuencia. No pueden dejar que tantas vidas se destruyan. Tanto el Consejo de Europa como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se crearon para esto.", añadió.

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