Sarkozy, más cerca del banquillo por la financiación irregular de su campaña

El Tribunal de Apelación de París rechazó hoy el recurso del expresidente francés Nicolas Sarkozy, que esperaba así evitar un juicio por financiación irregular de su campaña de 2012, en la que fue derrotado por el socialista François Hollande.

Este dictamen no agota los procedimientos para impedir que Sarkozy (63 años) tenga que sentarse en el banquillo por haber superado muy ampliamente el techo legal de gastos electorales, ya que su abogado Thierry Herzog anunció ante los medios que tiene intención de elevar un último recurso al Tribunal Supremo.

Puede convertirse en el segundo jefe de Estado francés que pasa por los tribunales tras dejar el cargo, después de Jacques Chirac, su antecesor y compañero de formación.

El Tribunal de Apelación no retuvo el principal argumento utilizado por la defensa del que fue presidente de Francia entre 2007 y 2012, el hecho de que la decisión de que sea juzgado la tomó uno de los dos magistrados instructores, mientras que el segundo se abstuvo, un hecho bastante excepcional.

La Fiscalía, en cualquier caso, había pedido en la audiencia ante la sala de instrucción el pasado 16 de mayo que se confirmara el procedimiento para encausar a Sarkozy, ahora retirado de la política, por financiación irregular de una campaña electoral.

¿Qué fue lo que hizo?

Lo que se le reprocha en el llamado caso Bygmalion es haber hecho oídos sordos a las advertencias -él niega haberlas recibido- de que estaba gastando mucho más de lo que le permitía la normativa. Porque los instructores pusieron en evidencia una supuesta trama de falsificación de facturas para ocultar gastos electorales y burlar así los límites legales. Según la acusación, gastó al menos 42,8 millones de euros frente a los 22,5 millones autorizados.

No es el único caso que persigue a Sarkozy, ya que deberá sentarse en el banquillo para ser juzgado por tráfico de influencias en relación con unas escuchas judiciales entre él y su abogado, a menos que prospere su recurso.

En esas conversaciones se deducía que trataban de obtener a través de un juez información secreta de otro sumario en el que se investigaba si la multimillonaria Liliane Bettencourt, heredera del imperio cosmético L'Oréal y ahora fallecida, financió ilegalmente su campaña de 2012.