POLÍTICA
26/10/2018 13:39 CEST | Actualizado 26/10/2018 16:51 CEST

El Gobierno no hará caso al Consejo de Estado y recurrirá la moción del Parlament contra el rey

El informe del Consejo de Estado no es vinculante.

GTRES
Los reyes

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha anunciado este viernes que Moncloa va a recurrir ante el Tribunal Constitucional la moción del Parlament contra el rey, a pesar de que el informe del Consejo de Estado señala que no hay motivo para ello.

Celaá lo ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que se ha celebrado de forma extraordinaria de Sevilla. El Consejo de Estado entiende que la moción del Parlament no constituye "objeto idóneo para su impugnación", pero el Gobierno no comparte la argumentación.

El Gobierno, ha dicho la portavoz, tiene "la convicción" de que debe ser recurrida la reprobación ante el Alto Tribunal. Moncloa lo hace por "sentido de Estado", ya que entiende que la resolución del Parlament es "inconstitucional" y que, en todo caso, "respeta" la resolución del Consejo de Estado.

"Atentado al principio de lealtad institucional"

Isabel Celaá ha explicado que el Consejo de Estado "entiende" que la resolución del Parlament constituye un "grave atentado al principio de lealtad institucional", además de una declaración política "que manifiestamente degrada la forma política del Estado español y los principios democráticos que la Constitución consagra", así como una "falta de respeto" al jefe del Estado.

Pero aunque el Consejo de Estado entiende que la resolución tiene una naturaleza "netamente política", pues "no produce efectos jurídicos de ningún tipo", el Gobierno cree que es "inconstitucional" por dos argumentos fundamentales. De un lado, constituye "un nuevo intento" del Parlament de iniciar un "proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética república" catalana, lo que "contraviene" la Constitución y el Estatut.

Por otro lado, el Gobierno ve inadmisible "desde el punto de vista político y jurídico el intento de abolición de la monarquía y el ataque injustificado" al Rey por parte de una Cámara parlamentaria, que al ser autonómica se extralimita además en sus funciones. De esta manera, el Gobierno interpondrá el recurso "por sentido de Estado".

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