ECONOMÍA
14/12/2018 15:36 CET | Actualizado 19/12/2018 17:06 CET

Estas son las medidas del Gobierno para frenar la burbuja del alquiler

No se podrán exigir más de dos meses de aval.

Locales cerrados con el cartel de alquiler en la calle Velázquez de Madrid.
Agencia EFE
Locales cerrados con el cartel de alquiler en la calle Velázquez de Madrid.

El Gobierno por fin ha tomado medidas para paliar el problema de la burbuja del alquiler en las grandes ciudades. El Consejo de Ministros aprobó el viernes un real decreto ley de medidas urgentes para el sector de la vivienda y el alquiler, que se ha publicado el martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La norma entra en vigor un día después de su publicación. Es decir, todos los contratos de alquiler que se firmen a partir del miércoles 19 de diciembre tendrán que atenerse a estas nuevas normas.

Algunas de estas medidas como el aumento del plazo de prórroga obligatoria de los contratos o la limitación de las fianzas ya estaban contempladas en el acuerdo presupuestario que firmó el Ejecutivo con el grupo parlamentario de Unidos Podemos. Sin embargo, no incluye medidas para intervenir los precios en el mercado de alquiler, como pedía la formación de izquierdas.

El real decreto debe ser validado por el Congreso de un plazo de 30 días.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha defendido en la rueda de prensa posterior el Consejo de Ministros que esta norma trata de responder a la "difícil situación que se da en el mercado de alquiler".

El real decreto-ley modifica cinco leyes:

  • Ley de Arrendamientos Urbanos
  • Ley de Propiedad Horizontal
  • Ley de Enjuiciamiento Civil
  • Ley Reguladora de las Haciendas Locales
  • Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Estas son las principales medidas que incluye:

1. Se amplía la prórroga de los contratos de 3 a 5 años

La nueva norma amplía el plazo de la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de vivienda de los 3 años que había anteriormente a los 5 años a partir de ahora. Se vuelve así a la normativa que había antes de la reforma que hizo el PP en 2013. Si el arrendatario es una compañía, este plazo será de 7 años.

Una vez transcurrido este plazo, si ninguna de las partes comunica a la otra su voluntad de extinguir el acuerdo con 30 días de antelación, el contrato se prorroga tres años. Actualmente, la prórroga tácita era únicamente de un año.

2. Se limitan los avales a dos meses

El inquilino tendrá que pagar la "fianza en metálico en cantidad equivalente a una mensualidad de renta en el arrendamiento de viviendas".

Adicionalmente, el propietario podrá exigir avales al arrendatario por un máximo de dos mensualidades cuando se vaya a firmar el contrato.

Si el alquiler cuesta 800 euros, el inquilino tendría que pagar 800 euros de fianza y otros 1.600 de garantías adicionales.

3. Actualización de la renta

La revisión del precio del alquiler solo se podrá hacer según lo acuerden las partes. Salvo que exista otra indicación, la renta se actualizará con el Índice de Garantía de Competitividad.

Existe una excepción. Los contratos de arrendamientos de renta reducida —los que se encuentren por debajo de la establecida para el conjunto del Estado— no podrán actualizarse por encima del IPC. El objetivo es proteger a los inquilinos más vulnerables.

4. Gastos inmobiliarios

Los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato correrán a cargo del arrendador, en el caso de que se trate de sea una persona jurídica, por ejemplo, una agencia inmobiliaria.

5. Se protegen los hogares vulnerables

El decreto modifica el procedimiento de desahucio de inquilinos incluido en la Ley de Enjuiciamiento Civil con el objetivo de otorgar una mayor protección a los hogares vulnerables. Se mejora la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales.

El objetivo de Fomento es facilitar la adopción de medidas para atender los casos de las familias de menor capacidad económica, vulnerabilidad social o con mayores cargas familiares. Se establecen unos trámites y plazos que ofrecen mayor seguridad jurídica tanto a inquilinos como a propietarios.

6. Se excluyen los alquileres turísticos

La norma excluye los alquileres turísticos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) al considerar que se trata de una actividad económica y remite a la normativa que exista en la región.

El decreto incluye una importante reforma de la Ley de Propiedad Horizontal. Las comunidades de vecinos podrán prohibir los pisos turísticos con el voto favorable de 3/5 partes de los vecinos, frente a la unanimidad que se requería hasta ahora.

7. Se elimina la obligación de pagar el impuesto AJD

A partir de ahora, los inquilinos no tendrán que pagar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (que se hizo famoso por la sentencia del Supremo) cuando se firme un contrato de alquiler.