POLÍTICA
20/12/2018 12:26 CET | Actualizado 20/12/2018 13:11 CET

El fiscal del Tribunal de Cuentas acusa a Puigdemont de desviar más de 8 millones para el 1-O

Un día después de que SCC presentaran una denuncia contra el expresident y sus consellers.

EFE
Carles Puigdemont el 1-O.

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas en la que cifra en más de ocho millones de euros el dinero desviado por el gobierno del expresidente Carles Puigdemont para el referéndum ilegal del 1-O, han confirmado fuentes del Ministerio Público.

El escrito de la Fiscalía se conoce un día después de que Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución presentaran su propia denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el expresident catalán y sus exconsellers por los mismos hechos, si bien en el caso de estas organizaciones el dinero irregularmente gastado sería de 1,97 millones de euros de fondos públicos.

La demanda afecta a todos los consellers del equipo de Puigdemont e incluso a la que por entonces era interventora de la Generalitat, y eleva el desvío de dinero público a una cantidad muy superior a las manejadas en la causa que se investiga en el Supremo.

La Guardia Civil cifró la posible malversación en 3,2 millones de euros y la Fiscalía, en su escrito de acusación ante el Supremo, en 3,07 millones.

La demanda presentada ante el Tribunal de Cuentas por la Fiscalía responde a la investigación abierta por la denuncia presentada en noviembre de 2017 por el Ministerio de Hacienda por el empleo de dinero público para el 1-O.

En concreto, Hacienda pedía que la Fiscalía hiciera las 'actuaciones oportunas' encaminadas a determinar las actuaciones, los contratos y actos administrativos realizados por la Generalitat para la organización y celebración del referéndum ilegal y a concretar cuánto dinero costó.

Es decir, el Tribunal de Cuentas abrirá ahora un proceso para determinar la posible responsabilidad contable de los miembros del Govern que participaron en el 1-O, un procedimiento independiente al que se sigue en el Supremo por la responsabilidad penal.

En el caso del 9N, el Tribunal de Cuentas condenó al expresident Artur Mas y los exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau a devolver casi cinco millones de euros gastados por la Generalitat en la consulta soberanista de 2014.

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