¿Te imaginas vivir en una ciudad sin contaminación? ¿Te imaginas que toda la energía que se consume fuera limpia? ¿Te imaginas que la luz fuera barata? ¿Te imaginas que nadie sufriera pobreza energética? ¿Te imaginas que Europa no necesitara comprar el gas de Rusia y Argelia o el petróleo de dictaduras como Arabia Saudí? La Unión Europea quiere dejar de soñar y que todo esto se convierta en realidad. Las instituciones europeas se han puesto manos a la obra para actualizar el marco regulatorio de la política energética. Los objetivos finales: crear una unión energética en la Unión Europea, caminar hacia una economía baja en carbono y cumplir con los compromisos del Acuerdo de París. La Comisión Europea presentó hace dos años un paquete de medidas llamado Energía limpia para todos los europeos que se ha discutido desde entonces. Este paquete se traducirá en 8 leyes (reglamentos o directivas), cuatro de las cuales ya han sido publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea. Las autoridades europeas pretenden que estas normas comunes sirvan para ofrecer una seguridad jurídica, alentar a las inversiones en estos ámbitos y convertir a los consumidores en actores activos y concienciados en la transición energética. Esta nueva legislación fija dos nuevos objetivos a nivel europeo para 2030: Además se ha añadido una cláusula que permite realizar una revisión al alza en 2023. La negociación para lograr estos objetivos ha sido dura, aunque existe una sensación de satisfacción generalizada por el acuerdo alcanzado que no parecía nada fácil. "Los europeos hemos logrado fijar unas metas más ambiciosas para 2030 que las propuestas hace dos años por la Comisión Europea. La Unión Europea ha acordado un objetivo del 32% de energía renovable y en eficiencia energética, hemos acordado un objetivo del 32,5% para 2030", explica José Blanco, eurodiputado del PSOE (S&D) y ponente de la propuesta de revisión de la directiva de renovables del Parlamento Europeo. El objetivo pactado al final del 32% se encuentra en un punto intermedio entre lo que querían los eurodiputados, que apostaban por el 35%, y la opinión de los Gobiernos de los países miembros de la UE, que defendían el 27%. "Existen dos bloques de países en Europa, los más avanzados como Suecia y los que van más atrás como Polonia. El cambio de Gobierno que ha habido en España se ha notado porque hay más presión en Europa a favor de objetivos más ambiciosos", cuenta Joan Groizard, director de energías renovables del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). La inclusión de esa cláusula que permite revisar siempre al alza fue un caballo de batalla de los ecologistas. "La UE da un gran paso hacia una economía de cero emisiones en 2050. Es un buen comienzo. Los Verdes hemos impulsado y conseguido que se haga una revisión en 2023 que eleve el nivel de ambición en materia de eficiencia energética si los esfuerzos demuestran ser insuficientes", relata Florent Marcellesi, eurodiputado de Equo (Los Verdes/ALE). Las energías renovables son todas aquellas que provienen de una fuente natural, son recursos limpios y casi inagotables. Estas no generan dióxido de carbono (CO2), ni residuos tóxicos, como ocurre en el caso del petróleo, la energía nuclear o el gas natural. La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) explica que existen diferentes fuentes de energía renovable, según los recursos naturales utilizados para la generación de energía: Los españoles consumieron 85.874 kilotoneladas equivalentes de petróleo (ktep) de energía en 2016, según el informe La Energía en España del Ministerio de Energía (actual Ministerio para la Transición Ecológica). Esta cifra tiene en cuenta lo que se consume en los hogares, en las empresas y en los vehículos de transporte de personas y de mercancías. La energía que se consume (denominada energía final) proviene de la transformación y transporte de la energía contenida en los recursos naturales, que pueden ser de origen renovable (agua, sol, viento...) o no renovable (carbón, gas, petróleo...). España tiene una enorme dependencia de los combustibles fósiles. La mitad de la energía que consumen los españoles procede del petróleo. Esto se debe a la gran importancia del transporte, que se realiza mayoritariamente por carretera. El transporte es el principal consumidor de energía final, con una cuota del 42,3% en 2016, según los datos del IDAE. Le siguen la industria, con una cuota del 21,9%, y los hogares, con un 18,3%. España no está tan mal situada. La medida de referencia que utiliza la agencia europea Eurostat para comprobar el cumplimiento de los objetivos europeos del 20% de energías renovables en 2020 y del 32% en 2030 es la energía final bruta. A nivel europeo, la cobertura de energías renovables sobre el consumo final bruto de energía se situó en el 17% en 2016. En España, alcanzó el 17,32% ese mismo año (último dato disponible). "España ha duplicado en los últimos 10 años su cuota de energías renovables", destacaban en el informe desde el Ministerio de Energía. Todo parece indicar a España cumplirá sus objetivos en 2020. Aquí se puede ver la evolución entre 2004 y 2015: El mayor crecimiento de las fuentes de energías renovables se ha experimentado en el sector eléctrico, donde la cuota se sitúa en torno al 37%. La eficiencia energética es una práctica para reducir el consumo de energía en los procesos habituales. Se trata de utilizar de manera eficiente la energía: producir más con menos energía. E implica una reducción de costes. Emilio Sainz Rodríguez, administrador de la empresa Energía y Eficiencia, explica cinco formas de mejorar la eficiencia energética en el día a día: El Gobierno español prepara la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, de la que ya se han conocido algunas medidas como la prohibición de vender coches de gasolina y diésel a partir de 2040. De hecho, ya el Ejecutivo de Mariano Rajoy preparaba un borrador que luego nunca llegó a Moncloa. Además, el Ministerio que dirige Teresa Ribera prepara un plan para remitir a Bruselas, con medidas para impulsar la descarbonización y la electrificación de la economía. "También estamos elaborando el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en el que se detallarán los objetivos de renovables y de reducción de emisiones", aseguró José Domínguez Abascal, secretario de Estado de Energía, recientemente en el Congreso Nacional de Medioambiente (CONAMA). No se trata de algo que tenga que hacer solo España, sino que todos los países miembros de la UE deben enviar su propia hoja de ruta. "Los planes hay que mandarlos antes del 31 de diciembre de 2018", explica Groizard. "Ahora la pelota está en el tejado de los Estados miembros. Todos los países están obligados a presentar planes energéticos y climáticos nacionales y, en 2024, demostrar que sus medidas son suficientes para promover la energía limpia. Los más ambiciosos deben liderar con el ejemplo", señala Marcellesi. Cada país establecerá sus propios objetivos. "No todos los Estados miembros tienen que alcanzar ese 32%, sino que es el conjunto de la UE quien tiene que lograrlo. Los esfuerzos se reparten de manera proporcional, al igual que ocurre con la actual directiva cuando se repartieron los esfuerzos en función de diferentes criterios, como el PIB, la población o la penetración de renovables", cuenta Blanco. Además, el eurodiputado explica que la UE contará con un reglamento de Gobernanza que permitirá coordinar las políticas energéticas y controlar que se alcanzan los objetivos. La Comisión Europea ha presentado recientemente su plan para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE en 2050, lo que implica abandonar los combustibles fósiles como el petróleo o el gas. "La UE está en una buena posición para cumplir con los acuerdos de París. Las políticas energético-climáticas europeas han permitido el desacoplamiento entre las emisiones y el crecimiento económico. Desde 1990, la UE ha reducido sus emisiones un 22%, mientras aumentaba su PIB más de un 58%", señala Blanco. El plan nacional que presentará el departamento que dirige Ribera incluirá un compromiso específico para España en materia de reducción de emisiones. "España se ha comprometido a reducir un 20% las emisiones respecto a los niveles de 1990", señala Groizard. El problema reside en que actualmente las emisiones están un 17% por encima de los niveles de entonces. "Tenemos que reducir un 37% nuestras emisiones", afirma Domínguez Abascal. El objetivo para 2050 es la reducción de un 90% de las emisiones respecto a los niveles de 1990, según anunció el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión inaugural de la cumbre sobre el Cambio Climático (COP24), que ha tenido lugar en Katowice (Polonia). El Ejecutivo pretende impulsar las energías renovables a través del IDAE, que actualmente dirige el ecosocialista Joan Herrera. Este organismo "pretende volver a invertir en proyectos innovadores en materia de renovables", explica Groizard. El borrador de ley que prepara el Ministerio para la Transición Ecológica prevé la celebración de subastas de de 3.000 megavatios (MW) al año en nuevas instalaciones de renovables entre 2020 y 2030, con el objetivo de que el 70% de la electricidad proceda de fuentes renovables en 2030. "España ha perdido credibilidad a nivel internacional. No puede haber impedimentos a las renovables, sino una coherencia. Cada año habrá subastas de renovables hasta 2050", cuenta Groizard. A pesar de las dudas iniciales, las empresas eléctricas también se han enfocado en esta dirección. "Endesa se ha puesto las pilas. Ya hemos anunciado que vamos a cerrar las plantas de carbón nacional, Teruel y Compostilla. De aquí a 2030 se necesitan entre 55.000 y 60.000 megavatios de renovables", afirmó José Casas Marín, director general de relaciones institucionales y regulación de la eléctrica, en el CONAMA. También se llevará a cabo un cierre progresivo de las centrales de carbón —las más contaminantes—. "En España hay 14 plantas de carbón, nueve de ellas no han hecho las adaptaciones necesarias y van a cerrar antes de 2020", aseguró Domínguez Abascal. Todavía no se sabe cuándo llegará la nueva ley de cambio climático al Consejo de Ministros, pero difícilmente lo hará este año, ya que existe un cierto recelo en los departamentos de Industria y Economía, y las últimas reuniones del año —la de Barcelona y la del balance anual— han tenido como temas estrellas la subida del salario mínimo, los sueldos de los funcionarios y las pensiones. Posteriormente a la aprobación en Moncloa, el proyecto se remitirá al Congreso. "La nueva ley debe contemplar las medidas básicas para reducir las emisiones de todos los sectores y ámbitos implicados. Es una medida de urgencia, porque el Estado español es el país que más ha aumentado sus emisiones de gases de efecto invernadero desde 1990", asegura Enric Bataller, diputado de Compromís y portavoz del grupo mixto en la comisión de Transición Ecológica del Congreso. "El borrador del Ministerio constituye un punto de partida, pero tiene que abrir su enfoque a la economía circular, a la lucha contra la obsolescencia programada, a la reconversión de la industria automovilística hacia el software de movilidad... ", señala Bataller. "Existe un amplio margen de mejora en fiscalidad verde, reducción de fuentes fósiles, eficiencia energética o gestión de residuos". Todos los expertos señalan que los ciudadanos jugarán un papel importante en la transición hacia una economía baja en carbono, ya que tendrán que cambiar muchos hábitos. "El cambio climático ya no lo niega nadie. La sociedad ha asimilado que es un problema grave", destacó Domínguez Abascal. Sin embargo, Cote Romero, coordinadora de Ecooo, cree que es muy importante concienciar a la ciudadanía del cambio que se avecina y que la sociedad participe en ese camino hacia una economía baja en carbono. "Nos encontramos ante un incipiente e insuficiente proceso de transición energética, que se plantea de arriba abajo, sin reflexionar la conveniencia y la necesidad de implicar a toda la sociedad", lamenta Romero. Muchos ciudadanos tendrán que implementar cambios en sus propias vidas como ir en transporte público al trabajo o cambiar los electrodomésticos de su casa, lo que implica que entiendan la magnitud del problema. "La transición energética pasa irremediablemente por reducir el despilfarro energético de nuestras sociedades. No estamos hablando de un mero cambio tecnológico (cambio de fuentes energéticas fósiles a fuentes renovables), sino que se trata de un cambio de paradigma. Esto supone cambios disruptivos en el uso de la energía y de hábitos de consumo", señala Romero. Estos cambios culturales conllevan un tiempo pero los expertos creen que en este caso apenas hay margen para llevarlos a cabo. "Normalmente estos cambios son de cocción lenta, mientras que el cambio climático no nos da una tregua para mitigar los efectos y adaptarnos a las consecuencias. Si no se hace una hoja de ruta planificada, los cambios pueden ser traumáticos. Los procesos participados por la sociedad sirven para acelerar el cambio cultural", apunta Romero. ¿Llegaremos a tiempo?