Los delitos sexuales contra menores no prescribirán hasta que la víctima cumpla al menos 40 años

El Gobierno aprobará este viernes el anteproyecto de ley de protección a la infancia, que amplía la prescripción de los delitos sexuales contra los menores, establece protocolos en los colegios frente a la violencia y la obligación de comunicar cualquier indicio o sospecha de agresión.

Son algunas de las medidas que está previsto que incluya esa ley para su aprobación en el último Consejo de Ministros del año y que establece medidas de sensibilización, preventivas, de detección y de intervención en relación con la violencia hacia los menores.

El texto establece reformas legales, como la del Código Penal para ampliar el plazo de prescripciones de los delitos sexuales contra los menores —actualmente es a partir de los 18 años—, porque en la mayoría de los casos que llegan a denunciarse, las víctimas lo hacen en torno a los 35 años.

Las propuestas remitidas por organizaciones de defensa de la infancia, como Save the Children, piden que en ese plazo comience a contar a partir de los 50 años, para evitar que se archiven los casos, ya que muchas de las denuncias se presentan cuando la víctima es adulta.

La ley establece la obligación de cualquier persona que tenga conocimiento de que un menor esté sufriendo violencia a comunicarlo, garantizando la confidencialidad y el anonimato.

Los nuevos pasos que incluye la ley

El anteproyecto, que ha contado con las aportaciones de expertos del ámbito judicial, educativo, sanitario, del Tercer Sector e incluso de representantes de los niños, prevé la creación de juzgados de instrucción especializados en delitos contra la infancia y la adolescencia.

También contempla reducir el número de declaraciones que deben hacer las víctimas, grabando su primer testimonio para que sea presentado como prueba y evitar que el menor tenga que repetir los hechos hasta cuatro veces y en ocasiones delante de su agresor.

Además, contempla protocolos de prevención y atención que deberán tener todos los colegios y la figura de una persona de referencia o responsable de protección cuya actividad será supervisada por las comunidades autónomas.

El anteproyecto incluye la formación en estos delitos de profesores, policía, jueces y fiscales y que los funcionarios de los servicios públicos tendrán consideración de autoridad pública.

Respecto a la patria potestad, restringe la patria potestad, tutela, guarda o adopción en aquellos casos en los que el padre esté siendo investigado o haya sido condenado por violencia machista.