Oriol Pujol ingresa en la prisión de Brians 2 para cumplir condena por el caso ITV

Oriol Pujol ingresa en la prisión de Brians 2 para cumplir condena por el caso ITV

Ha renunciado a presentar un recurso de súplica ante la Audiencia.

El exdiputado de CiU en el Parlament catalán Oriol Pujol ha ingresado en prisión este jueves a las 16 horas en el centro penitenciario de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), para cumplir la condena de dos años y medio impuesta por la Audiencia de Barcelona por el caso ITV, han informado fuentes de la Secretaría de Medidas Penales de la Conselleria de Justicia.

Oriol Pujol ha renunciado a presentar recurso de súplica contra la decisión de la magistrada de la Sección 20 de la Audiencia -que no admitió su petición de suspensión de la pena y ordenó en el plazo de diez días su ingreso en prisión-, lo que hubiera suspendido el ingreso efectivo hasta la firmeza de la resolución.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) han explicado que se le notificó la decisión el 9 de enero, y el tribunal le dio diez días para ingresar voluntariamente en prisión, advirtiendo de que, si no, se acordaría su detención, un plazo que concluía este sábado 19 de enero.

Fuentes penitenciarias han explicado que al ingresar, el penado es conducido al módulo de ingresos, donde funcionarios de vigilancia penitenciaria le toman las huellas, le fotografían y hacen un cacheo integral, además de retirarle todas las pertenencias que están prohibidas en prisión, como el teléfono móvil y dinero en efectivo, que queda en depósito.

El interno es trasladado a una celda del módulo de ingresos, donde será visitado por un médico y por otros profesionales de equipo de tratamiento "para conocer su situación, establecer sus necesidades y decidir un módulo adecuado", lo que puede prolongarse hasta cinco días.

Según el reglamento penitenciario, las cárceles disponen de un plazo máximo de dos meses para hacer una propuesta de clasificación -primero, segundo o tercer grado--: la junta de tratamiento eleva la propuesta a la Dirección General, que es quien toma la decisión definitiva, contra la que se puede recurrir ante un juez de vigilancia penitenciaria.

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Los delitos

La magistrada encargada de resolver la ejecución de la condena impuesta a Pujol por los delitos de tráfico de influencias, delito continuado de cohecho y de falsedad en documento mercantil acordó en un auto del 8 de enero denegar la petición de suspensión de la pena de prisión que solicitó la defensa de Pujol.

Oriol Pujol defendió, en una vista convocada el 10 de diciembre en la Audiencia, sustituir su pena de dos años y medio de cárcel por una pena de trabajos en beneficio de la comunidad, y reiteró su arrepentimiento por los hechos -"Me he visto con ojos de este procedimiento y no me he gustado a mí mismo"-.

El abogado de Pujol, Xavier Melero, argumentó que la suspensión de la pena de cárcel técnicamente era posible -porque Pujol no es reo habitual y las penas de los tres delitos por los que fue condenado por separado no superan los dos años-, y defendió ante los medios que los trabajos en beneficio a la comunidad tienen "eficacia ejemplarizante y comunicativa una vez se ha producido la confesión y la reparación del daño".

La defensa también alegó en la vista que Pujol había reparado en buena parte el daño simbólico por el reconocimiento público de los hechos, y destacó que había renunciado a su actividad política y pública, comportando una 'pena natural' que implicó la "destrucción" de su carrera política y profesional, lo que elimina el riesgo de reincidencia, según recoge el auto.

Pujol expuso que su ingreso en prisión perjudicaría gravemente a su entorno familiar --tiene a tres hijos a su cargo-- y su arraigo laboral y social, en plena recomposición ya que había conseguido "esforzadamente" rehacer su vida laboral, y que estaba trabajando como voluntario en entidades sociales.

En la vista, según detalla la Audiencia, Pujol reconoció su error, recordó que había colaborado con la justicia, y explicó que ha notado "el desprecio y la decepción de mucha gente", además de resaltar su vocación política y cómo se había truncado su proyecto vital y está estigmatizado socialmente.

Hechos muy graves

La Audiencia rechazó la petición argumentando que Pujol cometió hechos "muy graves" porque en lugar de prestar el servicio a la sociedad inherente a sus cargos políticos -fue presidente del grupo parlamentario de CiU, secretario general adjunto y secretario general de CDC- se aprovechó en beneficio propio.

"No actuó en interés del pueblo al que representaba (era diputado) sino en el suyo propio", y no fue de forma aislada sino que actuó desde su privilegiada posición política y actividad pública hasta el 2010 a 2012, percibiendo comisiones dinerarias a través de empresas regentadas por su esposa, afirma la Audiencia.

El tribunal aseveró que su actuación "ha supuesto un ataque muy importante" al Estado de derecho, pues a su entender afecta a su propia esencia y provoca desconfianza en la ciudadanía hacia sus representantes.

Insistió en que no hay ningún elemento que aconseje suspender la pena y atender a la petición de Oriol Pujol ya que, con su ingreso en prisión para cumplir su condena, "se restablece la confianza del ciudadano en la norma jurídica, lo que no se lograría en caso contrario, por cuanto ante la suspensión de las penas de prisión impuestas por la comisión de tan graves hechos se vería desprotegido por el ordenamiento jurídico".

Así, la magistrada María del Carmen Zabalegui se alineó con la tesis de la Fiscalía, que se había opuesto a la suspensión al tratarse de una condena por delitos relacionados con la corrupción política, "por la necesidad de mantener la confianza de la población en el derecho".