POLÍTICA
11/02/2019 17:15 CET | Actualizado 27/03/2019 15:03 CET

Juicio al Procés: la parada final

El independentismo llega más dividido que nunca al juicio ante el Tribunal Supremo

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El presidente de la Generalitat, Quim Torra, el pasado 16 de octubre durante la manifestación por el primer aniversario del encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Se acabaron las excusas. La frágil legislatura catalana llega a su cumbre este martes con el juicio en el Tribunal Supremo (TS). Después, nada va a ser igual. Los dos partidos en la Generalitat (JxCAT y ERC) deberán decidir cómo gestionan la reacción popular a la sentencia y hasta cuándo sostienen un mandato cuyo único objetivo era aguantar hasta que los líderes independentistas se sentaran en el banquillo de los acusados.

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No son pocas las ocasiones en las que se ha anunciado el fin del Procés. Lo que en un principio iba a ser un soufflé que bajaría en poco tiempo se ha convertido en el principal problema político español y va camino de seguir enquistado. El independentismo no va a desaparecer tras el juicio, pero la causa ante el Supremo supone la parada final de un órdago que empezó en 2012 con la masiva movilización del 11 de septiembre, repetida sucesivamente durante los años posteriores.

El juicio ya está aquí y el independentismo es consciente de que está ante su última oportunidad. Por un lado, las miradas internacionales volverán a fijarse en esa región de Europa que tiene a casi la mitad de sus habitantes deseando separarse de España. Por otro, el juicio en Madrid supone una de las últimas oportunidades para que el secesionismo vuelva a movilizar una sociedad que muestra signos de desgaste.

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Manifestantes a favor de Oriol Junqueras, el pasado 10 de febrero frente al Ayuntamiento de Sant Vicenc dels Horts.

Las próximas manifestaciones determinarán si el independentismo mantiene la fuerza en la calle. Por ahora, se han organizado movilizaciones para el martes, una manifestación el sábado y una huelga para el 21 de febrero. El secesionismo pretende llevar incluso la movilización a la capital española, donde se manifestará el 16 de marzo.

La batalla por el relato está servida. Los independentistas intentarán trasladar durante el juicio la imagen de una España antidemocrática donde se persigue a cargos políticos y líderes sociales por organizar referéndums y manifestaciones. Acusemos al Estado es el mensaje de la campaña que ha lanzado para el juicio Òmnium Cultural, la entidad que todavía preside Jordi Cuixart.

No todos los acusados, sin embargo, plantearán una defensa con alta carga política. El exconseller de Interior, Joaquim Forn, ya ha anunciado que su estrategia será exclusivamente técnica y sin alegatos políticos o contra el Tribunal que les juzga. Otros acusados –Turull, Rull, Sánchez y Cuixart especialmente– ya piensan en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo y ven el juicio en el Supremo prácticamente como un trámite.

El independentismo, más dividido que nunca

Las frágiles costuras de la unidad independentista llegan al juicio más deterioradas que nunca. ERC y los herederos de Convergència -ya sea el PDeCAT o La Crida- compiten por convertirse en el partido hegemónico en Cataluña y no esconden sus recelos a pesar de compartir techo en la Generalitat.

La proximidad de unas elecciones municipales y europeas en Cataluña condicionará también el mensaje de los dos principales actores independentistas. ERC, coqueteando cada vez más con los Comuns, se desplaza paulatinamente hacia la izquierda tras años buscando su aliado en la derecha independentista. Durante los próximos meses ambos partidos querrán diferenciarse entre ellos pero los reproches deberán ser velados: nadie quiere ser acusado de romper una unidad que ahora mismo es ya de cartón piedra.

Los recados entre ambos espacios han ido en aumento durante los últimos días. Como muestra, las declaraciones en Le Figaro del presidente de ERC, Oriol Junqueras, en las que aseguraba que no huyó al extranjero por "valor ético". La respuesta de Carles Puigdemont llegó al día siguiente: "Todos sabemos dónde estábamos y lo que hicimos, yo siempre he dicho que tendré paciencia hasta la sentencia", respondió el expresident. "Después cada uno explicará lo que tenga que explicar".

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De izquierda a derecha: los exconsellers Raül Romeva, Carles Mundó, Jordi Turull, Meritxell Borràs y Josep Rull, a su llegada al Tribunal Supremo el 2 de noviembre de 2017.

La división alcanza también a las entidades civiles independentistas. La ANC, otrora responsable de las masivas manifestaciones, está cada día más radicalizada y ha perdido el papel central que jugaba en el independentismo. Su última propuesta, llenar la plaza Sant Jaume cada día de 9 a 21h, ha fracasado estrepitosamente. Òmnium tampoco comparte la hoja de ruta unilateral de la ANC y apuesta por seguir sumando adeptos a la causa independentista. Los CDR, por su parte, van por libre y seguirán imprevisibles durante el litigio en el TS.

En el Govern tampoco hay unidad estratégica alguna. El ejecutivo catalán carece de una hoja de ruta, no hay previsión de que se aprueben los Presupuestos y la desconfianza entre Consellerías es manifiesta. El Parlament no ha aprobado ni una sola ley en toda la legislatura y el president de la Generalitat, Quim Torra, dedica casi todo su tiempo a la causa independentista.

A pesar de la división en el campo soberanista, nadie debería subestimar la reacción que puede suscitar en la sociedad catalana –incluyendo a muchos no independentistas– una sentencia ejemplar para los políticos que llevaron a cabo el intento de secesión en octubre de 2017.

Después del juicio nada va a ser igual. Entre medio habrán pasado unas elecciones municipales que ofrecerán una nueva fotografía del estado del independentismo y los tambores de comicios autonómicos empezarán a sonar en Cataluña. Tras la sentencia, no habrá excusas para seguir en la Generalitat sin gobernar.