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11/02/2019 20:27 CET | Actualizado 11/02/2019 20:38 CET

Piden más de mil años de pena para un clan que esclavizaba a trabajadores "en condiciones infrahumanas"

Los procesados maltrataban a sus trabajadores tras trasladarlos desde Bulgaria a España, metiéndolos en lugares hacinados e insalubres.

La Fiscalía Provincial de Valencia reclama penas que suman 1.164 años para cuatro hombres, un padre y sus tres hijos, de nacionalidad búlgara por explotar laboralmente a 33 compatriotas, a quienes mantenían "hacinados y en condiciones infrahumanas".

El juicio por estos hechos se ha iniciado este lunes en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia y previsiblemente concluirá el 27 de febrero. La Fiscalía les ha considerado en el escrito de acusación presentado como responsables de 33 delitos de trata de seres humanos y 30 delitos contra los derechos de los trabajadores, ya que tres de las víctimas no reclaman.

Por cada uno de los 33 delitos de trata de seres humanos se reclama una condena de 7 años de prisión , lo que suma un total de 924 para los tres procesados y 2 años por cada uno de los 30 delitos contra los derechos de los trabajadores, dando un total de 240. Además, se reclama a cada acusado una multa de 2.400 euros por cada uno de los 30 delitos contra los derechos de los trabajadores, lo que asciende a un total de 72.000 euros por procesado, 288.000 en total.

En su informe, la Fiscalía anuncia que los cuatro procesados se encuentran en prisión desde octubre de 2016, y responsabiliza al hermano del padre de haber colaborado con el supuesto entramado mafioso.

Hacinados, en lugares insalubres, casi sin cobrar

Los acusados, según el Ministerio Público, constituyen una agrupación familiar sin una estructura jerarquizada, que se dedicaba a trasladar a España a personas de nacionalidad búlgara y escasos recursos económicos, principalmente de la región de Pleven, para trabajar en tareas agrícolas.

A su llegada a España les imponían unas condiciones de vida "infrahumanas", ya que se veían obligados a vivir "hacinados", en situación insalubre y "condiciones laborales cercanas a la esclavitud", ya que se quedaban con la totalidad o una parte importante de lo que cobraban.

Tanto los procesados como sus víctimas residieron en un edificio de Tavernes de la Valldigna (Valencia) entre enero y abril de 2016, y posteriormente se trasladaron a Cuéllar (Segovia), donde fueron detenidos.

Las primeras denuncias por estos hechos fueron presentadas ante los juzgados, aunque tres de las víctimas informaron de que no reclamaban nada. Los cinco procesados acordaban quedarse con la mitad de lo que cobraban estos trabajadores en sus labores de recolección agrícola, aunque finalmente solo pagaban cantidades testimoniales e incluso nada, según el relato de hechos de la Fiscalía.

Además, cobraron al menos 69.500 euros, más otras cantidades "en negro", de varias empresas de Pego (Alicante), Murcia, Guadassuar (Valencia), Valladolid, Burgos, Segovia y Ávila por las contrataciones de los trabajadores que estaban bajo su custodia.

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