POLÍTICA
19/02/2019 17:10 CET | Actualizado 19/02/2019 19:01 CET

Romeva declara en el juicio del procés y asegura que se trata de un "juicio político"

Se le acusa de un delito de rebelión agravada por malversación por el que se enfrenta a 16 años de prisión.

El exconsejero catalán de Asuntos Exteriores Raül Romeva sigue la estrategia de defensa, en el juicio por el proceso independentista, ya vista en el exvicepresidente Oriol Junqueras, ya que ha decidido no contestar a las preguntas de las acusaciones al considerarse un "preso político" sujeto a un "juicio político".

Por eso, Romeva ha comunicado al tribunal que juzga el 'procés', tras ocupar la silla destinada para las declaraciones de acusados y testigos, que únicamente responderá a las cuestiones que le plantee su abogado, Andreu Van Den Eynde, quien también defiende a Junqueras.

"En coherencia con lo que he hecho durante la instrucción, voy a declarar sólo a las preguntas de mi abogado. Y porque considero que esto es un juicio político. Me considero un preso político", ha afirmado el exconsejero, quien también ha expresado su queja por no contar con una traducción simultánea del catalán durante su interrogatorio.

Ha compartido parte de su declaración en Twitter:

El Ministerio Público solicita para el exconsejero 16 años de cárcel por delitos de rebelión y malversación, mientras que la Abogacía del Estado rebaja su petición a 11 años y medio de prisión al acusar sólo de sedición y malversación. Vox, por su parte, eleva la solicitud de pena hasta los 74 años por dos delitos de rebelión, uno de organización criminal y otro de malversación.

Sobre la actuación concreta de Romeva en los hechos que se juzgan, la Fiscalía afirma que participó en las reuniones para organizar el proceso independentista. Con la finalidad de celebrar el 1-O, su departamento se encargó de sufragar las delegaciones del Govern en el exterior (que funcionaban como embajadas); de la campaña internacional de la Generalitat; así como las páginas web internacionales y la contratación y financiación de expertos y observadores internacionales.

La defensa de Romeva insiste, por su parte, en que no hubo ningún alzamiento violento y, por tanto, se debería descartar el delito de rebelión. También dice que la votación del 1 de octubre era legal y que existe una causa general contra el independentismo.

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