INTERNACIONAL
04/03/2019 13:51 CET | Actualizado 04/03/2019 17:56 CET

¿Qué pasa en Canadá? Las claves de la mayor crisis de Gobierno de la era Trudeau

Presiones para proteger a una empresa amiga, sobornos en Libia, dimisiones... El primer ministro más adorado del planeta también tiene sus sombras.

Christinne Muschi / Reuters
Justin Trudeau, con gesto preocupado, durante una rueda de prensa Quebec, el pasado 28 de febrero.

Es un enérgico defensor de las mujeres, de la multiculturalidad, un azote del racismo y de los que no ven el cambio climático, ha sabido pedir perdón a los indígenas de su país y hasta nos parece un tipo de verdad (y no un político en campaña) cuando se acerca a un niño o se disfraza en carnaval. Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, tiene encandilado al planeta desde que llegó al poder, en 2015, pero su gestión, ay, también tiene vicios de la vieja política: desde irse a la isla propiedad de un influyente millonario hasta seguir vendiéndole armas a Arabia Saudí, pasando por su aval a un polémico oleoducto, nada verde.

Ahora, a ocho meses de las elecciones, afronta su peor crisis de gobierno por algo que, a priori, no nos podíamos esperar de él: por presionar a la justicia para que dejaran de investigar a una empresa amiga con negocios poco claros. El primer ministro lo niega. Hay dos investigaciones abiertas, una judicial y otra política, que deben aclarar si dice la verdad.

Estas son las claves para entender el terremoto que hoy vive la política canadiense.

La denuncia

La exministra de Justicia y exfiscal general de Canadá, Jody Wilson-Raybould, ha acusado a Trudeau y su entorno de haberla presionado de manera "consistente y sostenida" para evitar el procesamiento de la empresa SNC-Lavalin, líder en ingeniería y construcción, sospechosa de sobornos y fraude en la Libia de Muamar el Gadafi.

Fue en febrero cuando el diario The Globe and Mail publicó que la ya excompañera de gabinete de Trudeu había denunciado presiones "inapropiadas" de la oficina del primer ministro durante meses para que no procesara a esta firma, acusada de sobornar con 31,7 millones de euros a varios altos cargos del Gobierno libio -entre otros, el hijo del dictador, Saadi-, entre los años 2001 y 2011, cuando la revolución popular acabó con el régimen.

La empresa tuvo notificación del proceso abierto en su contra en septiembre de 2018 y más o menos de inmediato empezaron estas supuestas presiones, por las que se pedía que se llegase a un acuerdo extrajudicial que impidiera un proceso en toda regla. Como Wilson-Raybould se negó, el caso está pendiente de fallo, tras un recurso presentado por SNC-Lavalin.

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Jody Wilson-Raybould, la exministra de Justicia, durante su comparecencia en el Parlamento de Canadá.

"Durante cuatro meses, de septiembre a diciembre [de 2018], experimenté un esfuerzo consistente y sostenido por parte de muchas personas del Gobierno para conseguir que interfiriese políticamente en el ejercicio de la discreción de la fiscalía en mi papel como fiscal general de Canadá en un esfuerzo inapropiado para asegurar un acuerdo de enjuiciamiento diferido para SNC-Lavalin", ha dicho expresamente la exministra durante una declaración en el Parlamento a propósito del caso.

Los problemas de esta empresa empezaron en 2011 en México, con el arresto de un grupo de personas bajo la sospecha de haber planeado sacar a escondidas de Libia al citado hijo de Gadafi. Entre ellas estaba Stéphane Roy, ejecutivo de la empresa canadiense. Más tarde, uno de los altos empleados de SNC reveló anónimamente a un corresponsal del canal canadiense CBC que el grupo sobornaba al régimen de Libia y le blanqueaba dinero en los bancos de Suiza. A SNC-Lavalin ya se le ha vetado participar en contratos del Banco Mundial durante 10 años por pagar sobornos en Bangladesh.

Actualmente, aparte del juicio en sí, hay dos vías más de investigación del caso: la de la comisión de Justicia parlamentaria a la que la pasada semana Wilson-Raybould y la de la oficina de ética del propio Gobierno canadiense.

La defensa

Trudeu niega la acusación tal y como está formulada pero, a la vez, matiza. Lo inapropiado no siempre es ilegal. "Los miembros de mi personal y yo hemos actuado siempre de forma apropiada y profesional. Estoy totalmente en desacuerdo con la caracterización que la exministra de Justicia ofreció en su testimonio", ha afirmado.

El argumento principal de Trudeau contra la acusación de su exministra es que si trató de evitar el juicio contra SNC-Lavalin -cosa que no acaba de negar-, es porque tiene casi 50.000 trabajadores en todo el mundo, de los que 3.400 trabajan en Quebec, y hay que proteger los empleos nacionales. "Siempre hemos defendido y protegido empleos en Canadá. Pero siempre lo haremos respetando las normas", añade.

Una condena a SNC-Lavalin supondría que durante una década no podría optar a contratos federales públicos. En cambio, con un pacto previo, la compañía podría pagar una multa y evitaría el proceso penal por corrupción y los vetos de contratación posteriores. Es lo que dijo la exministra: que quienes acudieron a ella buscando frenar el proceso le dieron argumentos "económicos y electorales", porque los comicios son ya, en octubre. Y Quebec, donde está el corazón local de la empresa, es clave para inclinar la balanza final.

Las consecuencias

La actitud de Wilson-Raybould -primera indígena en ocupar la Fiscalía y la cartera de Justicia- ya le costó una bajada importante en el escalafón del Gobierno, cuando Trudeau la relegó al ministerio de Veteranos, el pasado enero. El 12 de febrero no pudo más y dimitió.

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Justin Trudeau y su asesor, Gerald Butts, en una imagen de archivo.

Señaló en su denuncia a Gerald Butts, Mathieu Bouchard y Katie Telford, el tridente de asesores más cercanos que tiene Trump en su equipo. De estos presionadores, sólo uno, Butts, mano derecha del político, se ha marchado por ahora. Este miércoles, tendrá que declarar en el Parlamento, una comparecencia que se espera con enorme nerviosismo.

El viernes pasado, Trudeau se vio forzado finalmente a hacer una reestructuración del gabinete, que ha acabado afectando a los departamentos de Veteranos, Agricultura, Mujer e la Igualdad de Género y Desarrollo Internacional.

Las encuestas

Trudeau llevaba meses perdiendo fuelle, pero aún se le veía vencedor en las próximas elecciones de otoño. Ahora ya las cosas no están tan claras. Los sondeos más recientes dicen que la formación del primer ministro, el Partido Liberal, está empatado con el conservador que lidera Andrew Scheer e incluso ligeramente por detrás.

Si ganó las elecciones del 2015 con el 39,5% de votos y controla 180 de los 338 diputados de la Cámara de los Comunes, ahora las encuestas le dan un 34% de apoyos, un 4% menos que en diciembre pasado. Los conservadores, la mayor fuerza opositora, lideran en la carrera electoral con el 35,8% de los votos.

Cualquier división en el Partido Liberal será fatal de cara a los comicios que vienen, sostiene Nik Nanos, encuestador canadiense de Nanos Research Group. "No recuerdo que algún líder de partido ganara una elección con su caucus dividido. Si el caucus ni siquiera puede ponerse de acuerdo, ¿cómo podrán gobernar?", afirma el analista, en una entrevista con Bloomberg.

Scheer, el mayor opositor del primer ministro, le ha pedido que se marche por este escándalo, mientras que Jagmeet Singh, del Nuevo Partido Democrático, la tercera fuerza política del país y clave para supuestas alianzas, se ha mostrado a favor de una investigación independiente.

Ahora está en entredicho no sólo la limpieza del líder más carismático del mundo, sino su continuidad al frente de su país.

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