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08/02/2019 07:21 CET | Actualizado 08/02/2019 07:21 CET

Una ley imprescindible

Getty Images

A mediados de la década anterior, los colectivos LGTB junto con otras ONGs de derechos humanos como las de lucha contra el racismo, la xenofobia, la discafobia (discriminación hacia personas con discapacidad o diversidad funcional) o el antigitanismo exigimos al Gobierno socialista que cumpliera los mandatos de la Unión Europea que José María Aznar había preferido ignorar con una chapuza en la ley de Acompañamiento de los presupuestos y presentase una ley de igualdad de trato. En 2011 finalmente y tras varias reuniones y debates que habíamos tenido con la Ministra Aido y después Pajín, se presentó el proyecto de Ley que al final quedó en agua de borrajas porque la legislatura se acabó de forma repentina.

Volvió el PP al gobierno y volvimos al páramo donde las iniciativas legales de ámbito social desaparecieron y la ley de Igualdad de Trato quedó ahí, al albur de que un nuevo gobierno con intereses sociales pudiera darle salida y una mayoría en el Congreso la aprobase finalmente. En febrero de 2017 el partido socialista volvía a la carga con esta ley aunque ha quedado sin tramitar prácticamente hasta ahora: 2 años. Ahora ha llegado a la comisión de igualdad del Congreso sin apenas titulares mediáticos ni repercusión social. Y es que ésta no es una ley de mayorías, sino una ley fundamental para defender los derechos de las minorías vulnerables, tal y como manda la UE desde sus primeras directivas contra la discriminación en 2000. Y la democracia no es tal si no tenemos dignidad todas las personas, independientemente de nuestra orientación sexual, identidad de género, edad, sexo, religión, origen étnico, diversidad funcional o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, tal como fija nuestra Constitución en los artículos 10 y 14.

Esta iniciativa es una herramienta fundamental en el derecho antidiscriminatorio, desarrollando los principios de la UE y la base de la Carta Fundamental de los Derechos Humanos. Es una ley transversal, que además desarrolla la directiva 2012/29/UE, en cuya redacción destacó la eurodiputada Teresa Jiménez Becerril, del PP. No es una ley partidista sino todo lo contrario: coadyuva a expandir la dignidad de toda la ciudadanía española independientemente de su ideología política. Y además es una ley por la que debido a su ausencia hemos sido reprendidos por el Consejo de Europa como el único país de la UE sin una ley de este estilo.

Y para ello nos da armas fundamentales en la lucha contra la intolerancia, el odio, la discriminación o el prejuicio. Es por ello que adentra en medidas y garantías en los campos del empleo, la educación, la sanidad, los servicios sociales, el acceso a bienes y servicios o la participación social y los medios de comunicación, cumpliendo plenamente el artículo 9.2 de nuestra Carta Magna que exige a los poderes públicos que remuevan los obstáculos para una igualdad y libertad plenas.

Pero no solo se queda en impulso en las competencias determinadas sino que establece obligaciones y sanciones, algo fundamental para que tenga efectividad esta ley. Así esta iniciativa complementa al Código Penal en momentos en los que no es necesario su actuación pero sí es importante una sanción institucional, que podría alcanzar cifras astronómicas para sanciones muy graves.

Y lo más destacado para quienes luchamos cada día contra la discriminación es la figura de la Autoridad para la Igualdad de Trato que esperamos como agua de mayo para ayudarnos en nuestra labor de defensa de la dignidad de los colectivos vulnerables que al ser en la gran mayoría formada por voluntariado, no llegamos fácilmente a las instituciones por lo que sería vital ese apoyo y ese impulso que podría dar esta figura; eso sí, la Autoridad no puede estar integrada en ningún Ministerio, sino ser una figura independiente del Gobierno de turno, porque si no, podría mostrarse cercano a la sensibilidad del gobierno que le nombra y no denunciar irregularidades que le comprometan. Es por eso que debe ser una figura similar a la defensoría del Pueblo o la Fiscalía General del Estado en su independencia respecto de los poderes del estado, para poder ser útil en su lucha contra la discriminación.

La fuerza nos la da la unión. Una ley que sea un mínimo común denominador de derechos y sanciones hacia quien viola la dignidad de un colectivo vulnerable sería casi imposible de derogar en función del gobierno de turno, un gobierno que pudiera tener tintes xenófobos, homófobos o antigitanos. Una ley así establece los cauces para luchar contra la discriminación, desgraciadamente aún muy presente en nuestra sociedad, por mucho que algunos partidos afirmen lo contrario. A los datos me remito cuando solo en la Comunidad de Madrid tenemos registrados desde el Observatorio más de 300 incidentes de odio hacia el colectivo LGTB.

Rubén López Díaz es director del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia.

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